El Oleoducto Norperuano: El verdadero peso del crudo

A pesar de ser una de las infraestructuras más importantes de nuestro país, el Oleoducto Norperuano ha sido desde sus inicios más conocido por sus reincidentes derrames de petróleo y el impacto negativo en la sociedad y el ambiente.

Por Mauricio Mendoza y Thiago Castañeda

El Oleoducto Norperuano (ONP) es una de las infraestructuras de fuente energética más importantes del país y es, a su vez, una de las más polémicas y conflictivas. A pesar de su rol estratégico para abastecer hidrocarburos de la selva hasta la costa, los últimos años han estado marcados por una cadena de derrames y cuestionamientos sobre su mantenimiento y operación.

Sin embargo, el ONP ha arrastrado décadas de deterioro, conflicto social y daño ambiental. Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 1997 hasta 2023, el Estado peruano registró 1,462 emergencias por derrames de petróleo, de los cuales dicho oleoducto acumula 139 incidencias, ¿qué sucede con este y sus operaciones?

Un arma de doble filo

Operado por Petroperú, el ONP tiene más de 1,100 kilómetros de extensión y conecta la Amazonía con la costa norte del país. Este inicia en San José de Saramuro (Loreto), a orillas del río Marañón, y continúa hasta el Terminal de Bayóvar en Piura, contactando con la costa.

Esta obra fue inaugurada en 1977, impulsada principalmente por el general Juan Velasco Alvarado. Gran parte de su infraestructura supera los 40 años de antigüedad y, desde esa década, ha transportado más de 960 millones de barriles de petróleo. Ante ello, fue calificado como la obra de ingeniería más compleja de su tipo, solo superada por el oleoducto de Alaska, según reportes de Petroperú.

A pesar de esto, diversos informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han señalado que una parte significativa de los derrames está asociada a corrosión, falta de mantenimiento y fallas operativas. En lo que va de 2025, dicha entidad ya ha iniciado múltiples supervisiones ambientales por derrames en el Tramo II del ONP. 

José Antonio Mansén, exjefe de la división oriente del ONP, explicó que las razones de las deficiencias del oleoducto tienen que ver con factores que hoy en día son diferentes a cuando se ejecutó la obra en los años 70.

“La geografía es muy complicada, lamentablemente no había pues un tema de, por ejemplo, un reglamento de transporte hidrocarburo-productos y hemos encontrado en que el diseño no debe ir por las laderas de los cerros, ni por las cumbres, ni por las laderas y eso ya está en el nuevo reglamento”, detalló el experto para este medio.

Los desbordamientos han afectado principalmente a comunidades indígenas en regiones como Loreto y Amazonas, perjudicando exactamente a siete pueblos: Kukama, Awajún, Shapra, Achuar, Chuchua, Wampis y Quechua del Pastaza. En consecuencia, se contaminaron sus fuentes de agua, suelos y medios de subsistencia. 

Bajo este contexto, estas poblaciones han realizado múltiples reclamos y protestas acerca del estado del ONP, incluso saboteando las operaciones de este. A esto se le suman los problemas técnicos del oleoducto, englobando paralizaciones, falta de producción suficiente de crudo e hidrocarburo, y falta de tecnología en los ductos.

Entender la tendencia de estos incidentes y quiénes son responsables es clave para analizar por qué los derrames siguen ocurriendo. Carlos Martínez, coordinador del tribunal de fiscalización ambiental del OEFA, explicó que el problema del ONP no puede reducirse sólo a las fallas técnicas. Para el funcionario, se trata de un problema profundo que abarca los factores explicados anteriormente.

“Estas variantes hacen que el tratamiento del Oleoducto Norperuano sea uno bien especial. Te enfrentas a una situación en donde tienes derrames recurrentes, infraestructura antigua y una infraestructura que pasa por zonas de alta constructividad social. En suma, te da un problema agudo”, señaló Martínez.

Principales causas

Estos factores solo se ven agravados por el hecho de que el oleoducto lleva varios años en estado prácticamente inactivo. Desde 2020 pasó varios periodos de tiempo paralizado sin transportar gran cantidad de crudo. Ya para 2025, el ONP permaneció casi todo un año sin transportar petróleo, dejando estancado más crudo en muchas partes del ducto al no haber flujo.

Tras casi 50 años de su implementación, el oleoducto evidencia graves problemas de corrosión y un mantenimiento insuficiente. Esto se debe en gran parte a la geografía que este atraviesa: una selva de difícil acceso, subidas y bajadas en las montañas de los Andes y un clima extremadamente hostil. Esto no solo dificulta tanto la supervisión constante, sino también la intervención inmediata ante fallas y posibles derrames.

Por otro lado, a este escenario se suman las denuncias de sabotaje. La empresa Petroperú ha atribuido varios incidentes a perforaciones intencionales del ducto. Sobre los motivos detrás de estos actos, Mansén aclaró que la situación es más compleja de lo que parece.

«¿Por qué sabotean? Porque consigues trabajo. Las comunidades obligan a Petroperú a contratarlas para poder entrar a reparar. Si no los contratan, no te permiten entrar y permiten que siga saliendo el petróleo. Ahora, no hay trabajo en muchos lugares del país, entonces han encontrado una manera de generar renta a través de esto”, indicó.

Sin embargo, reportes de fuentes independientes como Resumen Latinoamericano advierten que, culpar únicamente a estos perjuicios no excluye las fallas estructurales, sino que conviven con un problema de gestión, inversión limitada y ausencia de mantenimiento preventivo constante.

El rol de entidades fiscalizadoras, como OEFA y OSINERGMIN, es cuestionable, ya que su intervención suele reducirse a después de los derrames y ello puede traducirse a una supervisión más reactiva que preventiva.

Para Martínez, el origen del problema es político antes que técnico, donde cualquier solución real tendría que partir por una reingeniería profunda de la estructura de la empresa. 

«El gran problema de Petroperú es que, lamentablemente, tenemos un Estado ineficiente que muchas veces ha utilizado Petroperú como una forma de pagar favores políticos. Tenemos una empresa estatal que no ha sabido responder a las demandas sociales de la zona, pero principalmente no ha sabido responder al manejo ambiental», destacó el funcionario de OEFA.

De cara al futuro

Los derrames, ya sean provocados o accidentales, afectan de forma inmediata a las comunidades cercanas al oleoducto. La contaminación de ríos y suelos compromete la pesca, la agricultura y el acceso a agua potable, agravando la precariedad de las poblaciones amazónicas. Diferentes análisis del Instituto Nacional de Salud, realizados entre 2021 y 2022, detectaron altos niveles de metales pesados en los pobladores de la zona. 

“Estamos hablando de componentes, en este caso el hidrocarburo, cuyas características son altamente contaminantes y tóxicas, no solo para los componentes naturales, vegetación,  para la fauna, sino también para la salud humana. Esta situación es fundamental y las medidas de prevención ambiental las tiene que tomar Petroperú”, reveló Martínez.

Las consecuencias van más allá de lo ambiental. Muchas familias se ven gravemente afectadas cuando los derrames destruyen y contaminan sus cultivos y acceso al agua. Cada incidente representa un golpe directo a la economía y seguridad alimentaria de poblaciones ya vulnerables. A ello se suman los altos costos económicos: sólo el mantenimiento del oleoducto supera los US $100 millones anuales, sin añadir los precios de limpieza, la pérdida de ingresos del crudo o que actualmente no se bombee un solo barril de petróleo. 

En lo social, los desbordamientos han profundizado las tensiones entre comunidades, el Estado y Petroperú. La percepción de respuestas lentas o insuficientes ante los daños ha dado lugar a protestas, bloqueos y confrontaciones recurrentes. La Defensoría del Pueblo señaló como inaudito la falta de medidas de contingencia ante estos hechos a pesar de que ya existen normativas que las exigen.

“También fiscalizamos obligaciones sociales, relacionadas al tema de apoyo a la comunidad. Programas educativos, programas comunitarios, pero aparte de eso también supervisamos lo que se conocen como emergencias ambientales. Entonces, cuando ocurre un derrame, intervenimos”, recalcó Martínez, en relación a la confrontación de las zonas afectadas por el ONP.

En lo técnico, modernizar el oleoducto costaría aproximadamente US $800 millones, según el presidente de Osinergmin. En lo institucional, el Ministerio de Energía y Minas evalúa distintos modelos de gestión, incluyendo la concesión privada, la tercerización o la transferencia total del ducto a un operador privado. En lo social, se podría establecer una retribución a las comunidades por el uso de la superficie donde pasa el ducto, generando incentivos para que los propios pobladores protejan la infraestructura.

El Oleoducto Norperuano acumula décadas de negligencia, conflictos irresueltos y comunidades que siguen pagando el costo de una infraestructura que el Estado no ha priorizado realmente. Mientras no haya inversión sostenida, rendición de cuentas y participación genuina de los pueblos afectados, los derrames seguirán siendo una constante, y con ellos, el daño ambiental y social que ya se mide en generaciones.