La preocupación constante por la criminalidad ha llevado a los ciudadanos a exigir respuestas urgentes, generando un escenario propicio para propuestas populistas y de escasa viabilidad.
Por Igor García y Fabiana Ipanaqué
La inseguridad ciudadana en esta campaña electoral se volvió un tema de suma importancia, llegando a ser el principal en la agenda pública, al afectar en el día a día de muchos ciudadanos peruanos. Según datos del INEI, en el 2025, la delincuencia fue señalada por el 53.7% de la población como uno de los principales problemas del país, con 8.7 puntos más a comparación del 2024.
No por nada la primera jornada de debates presidenciales, que serán este 23, 24 y 25 de marzo, abordarán los temas de la inseguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Además de ello, cada partido político le dio una considerable relevancia a la problemática dentro de sus propuestas. ¿Cómo se relaciona el principal problema de los peruanos con las propuestas de los candidatos?
Eje decisivo
De acuerdo al Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), se estimó una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes y las denuncias por extorsión pasaron de 16,346 en 2022 a 26,585 en 2025. Además de ello, visualizar por televisión o en redes noticias sobre la inseguridad ciudadana se volvió parte de la rutina, y la preocupación también.
Según José Naupari, experto en temas electorales, la gente tiene una necesidad en el sentido de que resuelvan su problema. “En un primer momento, el eje era la lucha contra la corrupción y eso te llevaba a un candidato de determinado perfil. Hubo un tiempo en el cual la problemática principal era la recesión y te llevaba a políticos del perfil”, afirmó.
Esta centralidad se debe a una especie de crecimiento enorme del crimen organizado que implica todo lo que ha ocurrido en nuestro país en este último tiempo con el crecimiento de delitos violentos en general, sumado al “continuo fracaso” de las medidas aplicadas por los últimos gobiernos.
Según declaraciones de Carlos Basombrío, exministro del Interior, para este medio, el hecho de que este tema sea el eje central en estas elecciones se ha dado por el aumento de extorsión, homicidios y las malas medidas que el Estado toma frente a esta problemática. Desde su perspectiva esto es algo que afecta a todo el país y es deber del gobierno resolverlo.
Por ello, se trata de algo muy importante para muchos votantes, tanto así que se ha convertido en su principal criterio y el porqué las propuestas de los candidatos giran en torno a dicha problemática.
Discursos fuertes, planificación débil
Durante los periodos electorales, el histórico fenómeno del populismo siempre ha marcado presencia. Desde discursos en contra de las élites limeñas acompañadas de frases como “No más pobres en un país rico” de Pedro Castillo en 2021, hasta la lucha frente a la inseguridad ciudadana como “Mano dura contra la delincuencia” de Keiko Fujimori en las mismas elecciones de ese año.
Sin embargo, estos discursos suelen ir acompañados –o deberían hacerlo– de propuestas coherentes con esa narrativa. En los presentes comicios, donde la inseguridad ciudadana es la problemática principal a solucionar, diversos candidatos han planteado medidas tanto en sus planes de gobierno como en entrevistas. Entre las más recurrentes, destacan el aumento de miles de efectivos policiales, plantear más estados de emergencias o variantes de estos y el uso de las Fuerzas Armadas.
A estas iniciativas se suman otras de dudosa viabilidad, así como sus plazos de ejecución. “Hay mucha demagogia en las propuestas y muy poco conocimiento de la realidad. Si alguien te dice que en cinco o seis meses puede resolver el problema (la inseguridad), te está estafando. Ellos ponen fechas exactas como si un problema de tal magnitud se fuera a resolver en tan poco tiempo”, advirtió Basombrío.
Por el mismo lado, Naupari señaló que es necesario evaluar cuánto tiempo tomará y qué recursos implicará cada propuesta. El experto enfatizó en la importancia de no limitarse únicamente al plan de gobierno, sino de analizar si este requiere reformas legislativas porque, de lo contrario, no podrá materializarse sin respaldo en el Congreso, especialmente si no se cuenta con una mayoría parlamentaria.
Enfoque integral a largo plazo
Basombrío también cuestionó, sobre todo, el uso recurrente de los estados de emergencia. Estos están diseñados para situaciones temporales –como cuando ocurre el fenómeno de El Niño costero– y que, si bien permiten una mayor capacidad de acción, no resultan efectivos para abordar problemas estructurales.
De acuerdo a un informe de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre los años 2000 y 2024 se declararon 610 estados de emergencia en el país, y solo en 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se realizaron 71 resoluciones de este tipo. Una tendencia que ha continuado durante el gobierno de José Jerí, pero que nunca modificó el panorama.
“Todo eso ha fracasado. Recurrimos a los militares, quienes cumplen al comienzo porque tienen que obedecer, pero después, poco a poco, se van retirando”, aseguró Basombrío, evidenciando que esta medida está lejos de ofrecer soluciones sostenibles sin impacto real en la raíz del problema.
Frente a la reiteración de propuestas poco creíbles, el debate sobre la inseguridad ciudadana en el Perú requiere un enfoque más técnico y sostenido en el tiempo. La solución pasa por el fortalecimiento real de las capacidades del Estado y de organizaciones u entidades encargadas de neutralizar el crimen.
“Se necesitan equipos profesionales de investigación criminal y de inteligencia que trabajen por periodos prolongados con fondos y una tecnología adecuada”, aseguró Basombrió. Asimismo, recalcó que la transversalidad es fundamental, ya que muchas medidas pasan principalmente por el Ministerio del Interior.
Sin embargo, también se necesitan normas de prevención donde puede intervenir el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia para elaborar una estrategia que se apoye en varios niveles y entidades. La respuesta frente a la inseguridad debe articular a distintos sectores del Estado, combinando acciones de control con políticas preventivas. En ese sentido, decisiones como la aprobación de las denominadas “leyes procrimen” resultan contraproducentes y debilitan los esfuerzos por enfrentar el problema.
Solo mediante el fortalecimiento de las condiciones en las que operan los agentes encargados de combatir la inseguridad será posible avanzar hacia un escenario en el que, como mínimo, se logre contener su expansión y recuperar la confianza ciudadana.
