Largas colas, materiales ausentes, votantes indignados y un sistema que se armó sobre la marcha.
Por Igor García
La fila no avanzaba. O al menos eso parecía después de la primera hora bajo un sol que, poco a poco, empezaba a rendirse. Eran las cinco y media de la tarde y, en los alrededores de la calle Los Halcones 472, en Surquillo, una calma densa se imponía entre cuerpos casi inmóviles y pasos mínimos. La sede del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2 apenas se distinguía entre la multitud, mientras la cola se estiraba y se confundía entre calles, parecía que no tuviera inicio ni final.
Algunos aprovechaban la espera para comer algo tras la jornada laboral, el típico ritual de quien llegó directo de la oficina sin tiempo para nada más. Otros se sumergían en sus celulares, deslizando videos sobre candidatos con una concentración de estudiante que repasa para un examen en último momento. Finalmente, era viernes y quedaban solo dos días –incluso menos– para las elecciones. Aunque, capaz no eran conscientes que estaban próximos a perder su derecho al voto.
Éramos cientos de personas con una razón compartida. Semanas atrás fue suficiente un clic para postular y una selección silenciosa que tardó días en confirmarse. Todos estábamos a punto de cruzar el mismo umbral, solo bastaba una firma para dejar de ser espectadores y convertirnos, aunque sea por unos días, en parte del engranaje electoral de las Elecciones Generales 2026, esta vez, como fiscalizadores de local de votación.
Una firma de sentencia
Conforme pasaban las horas, la noche se adueñó de la calle. Y la oscuridad parecía también meterse en la cabeza de la gente. La incertidumbre –que será muy común a partir de ahora–hizo acto de presencia. Los murmullos cambiaron de tono a algo más urgente y doméstico. ¿A qué hora llegaré a mi casa? o “¿Por qué se demoran demasiado? flotaban en el boca a boca. Existía una razón concreta: el día siguiente debían presentarse en sus locales votación a las seis de la mañana.
Un grupo de jóvenes, que llevaba horas lado a lado, había dejado de ser un conjunto de extraños. Charlaban, comparaban y se pasaban información. Alguien recordó un correo que indicaba que la firma de contratos era de 9 a.m. a 1 pm y de 2 p.m. a 5 p.m., mientras otros aseguraban no haber recibido nada y haber llegado por recomendación de amigo. Lo cierto es que ese horario ya no importaba. Ante la larga serpiente humana, los trabajadores del JEE habían extendido la atención hasta la medianoche, una noticia que era una sinfonía agridulce para la gente.
Como buenos peruanos, haciendo todo a última hora, pensaría cualquiera. Pero el grupo de la generación Z, que seguía desenredando el asunto con esa mezcla de indignación y humor que los caracteriza, tenía otra lectura. El problema no fue del todo la actitud de los convocados, sino cuando les avisaron. Las fechas variaban. A algunos les habían notificado con unos días de anticipación y a otros el aviso les llegó el día anterior.
En medio de ese intercambio, llegó la típica pregunta que todos hacen a pocos días de las elecciones. Alejandra, quien llevaba rato dominando la conversión, preguntó: “Ustedes por quién hubiesen votado si no estuvieran aquí”. Algunos –la mayoría– fruncieron la ceja de extrañeza ante el uso de la condicional.
Los que sabían de la situación explicaron que en las dos capacitaciones virtuales del jueves y el viernes –de ese mismo día–, los exponentes aseguraron que por ningún motivo los fiscalizadores podían abandonar su local de votación durante la jornada, y como a nadie presente le había tocado votar en su lugar asignado, simplemente no podrían hacerlo.
El anuncio del puesto decía «los fiscalizadores debidamente acreditados estarán exonerados del voto y no tendrán multa electoral» pero nadie, al leerlo, había imaginado que «exonerado» significaba también «sin voto». Aunque la incomodidad duró poco. Ochocientos soles por tres o cuatro días de trabajo era una cifra nada despreciable en la economía actual del país.
A las ocho y media de la noche, el orden terminó de romperse. La famosa ley de los últimos serán los primeros se cumplió con una literalidad casi bíblica, pues los miembros del JEE empezaron a llamar a entrar a quienes estaban al final de la fila y en el medio, devolviéndoles los DNIs que habían recogido al inicio mientras todos firmaban unos papeles a las afueras del local, un procedimiento por el que todos pasaron. Lógicamente, los primeros en la fila reclamaban y alzaban la voz, pero los trabajadores del JEE hicieron los oídos sordos.
Una vez dentro, en medio del trámite de la firma del contrato, una señora le pide explicaciones a una trabajadora sentada con su computadora en su mesa –parecía alguien importante, pues era la única que no interactuaba con los futuros contratados–. “Alguien tuvo la maravillosa idea de combinar los DNIs”, aseguró. Una forma curiosa de justificar lo sucedido.
Llegué a la cola a las cuatro y media de la tarde. Me fui a las diez y media de la noche, dejando a otros aún sentados frente a las mesas, esperando su turno para firmar. Seis horas por un contrato y para obtener mi polo del JNE. Pero el día no terminó ahí. A las 11:06 p.m. llegó un mensaje de la fiscalizadora distrital de Miraflores —el distrito que me habían asignado— con una instrucción breve y sin margen de negociación: todos debían estar en sus locales de votación a las cinco de la madrugada. Una pequeña prueba de que lo que venía había comenzado.
Premoniciones
La calle aún no despertaba. Sin tránsito, sin voces. Los postes alumbran con una luz cansada, amarillenta, que apenas alcanza a dibujar las veredas. Llegué a la hora asignada a mi local de votación, que fue el Colegio Santa Rita de Casia, ubicado en Sor Tita 231. Vestía lo necesario con el polo del JNE, un jean, y en la mano un folder que guardaba lo indispensable —lapicero azul, lápiz, borrador—. También llevaba mi credencial, impresa por mí mismo, y las hojas que nos habían pedido. El trabajo era a todo costo, nosotros asumíamos incluso los materiales que nos exigían.
Junto a otro fiscalizador, esperé fuera del local de votación, acatando las instrucciones al pie de la letra: “estén a la espera”. Esperar a que llegaran los materiales electorales, en teoría, el sábado temprano. Las horas pasaron lentas, arrastrándose entre bostezos y miradas al reloj, hasta que dieron las siete de la mañana. Entonces, decidimos romper la quietud y entramos –rebeldes, si se quiere– al local de la votación, con las Fuerzas Armadas dándonos la bienvenida.
Dentro conocimos a la coordinadora del local, la máxima autoridad en el lugar, designada por la ONPE. Mientras los materiales seguían sin llegar, entendimos que esperar no significaba estar inmóviles y nos pusimos manos a la obra. Como fiscalizadores nos encargamos de supervisar, registrar y reportar incidencias ocurridas. Por ello, revisamos el estado del local de votación y tomamos nota de cada persona presente, pidiendo DNIs, nombres y cargos. Nadie quedaba fuera del registro, miembros de la ONPE, militares y policías. Todo debía quedar escrito.
A eso de las ocho llegó un tercer fiscalizador. Con él iniciamos el primer operativo del día, el de “propaganda electoral”. Salimos nuevamente a la calle, esta vez con un propósito más claro, y recorrimos cien metros a la redonda del local atentos a cualquier cartel, afiche o rastro de campaña que rompiera la norma, pero no encontramos nada. La calle seguía limpia, casi indiferente al proceso que se avecinaba.
Sin embargo, el trayecto no fue en vano, porque aprovechamos para ejecutar el segundo operativo, el de la “ley seca”. Íbamos pegando afiches en la calle como quien deja señales en el camino, recordatorios de la prohibición de venta de alcohol, y afuera de tiendas que venden bebidas alcohólicas como Tambo, Oxxo y Mass.
Cuando terminamos, la jornada entró en una pausa larga, casi suspendida. Las horas empezaron a estirarse mientras esperábamos la llegada de los materiales electorales. Dieron las siete de la noche y no hubo ni rastro de ellos, ni una llamada, ni una explicación que justificara la tardanza. Nosotros, que debíamos recibirlos, quedamos a la deriva en esa incertidumbre.
Fue recién entonces que la fiscalizadora distrital nos comentó que estos llegarían en la madrugada del domingo. Ya no nos correspondía quedarnos. Antes de irnos, cumplimos con lo último: registrar cada detalle del día en la aplicación Fiscaliza DNFPE.
El día D
Eran las diez de la mañana del domingo y el colegio había dejado de parecerlo. Lo que alguna vez fue un espacio de aulas y recreos se había transformado en un territorio desbordado, donde el orden era apenas una intención. Los miembros de la ONPE corrían de un salón a otro intentando armar las mesas de votación contra el reloj; las Fuerzas Armadas levantaban la voz para contener a la multitud; dos jóvenes de la Defensoría del Pueblo guiaban, como podían, a los votantes perdidos. Nosotros, los fiscalizadores, terminamos haciendo de todo menos fiscalizar: ordenar filas, responder preguntas, calmar ánimos. El sistema, aún antes de empezar, ya mostraba fisuras.
Los reclamos no tardaron en volverse gritos. La indignación tenía forma y volumen. “¿Cómo es posible que no haya mesas?”, repetían. La votación había comenzado —en teoría— a las siete de la mañana. En la práctica, no había nada. Los insultos comenzaron a circular con la misma rapidez que la frustración: “No deberían pagarles nada”, “panda de incapaces”, “inútiles de mierda”. Caían sobre todos por igual. Sobre la ONPE, sobre el JNE, sobre cualquiera que llevara un chaleco o una credencial, recibiendo palabras que no les correspondía y que, inevitablemente, dolían. Era más fácil señalar que entender.
La razón del caos llegó tarde, pero llegó, pues los materiales no habían arribado en la madrugada. Ni cédulas, ni actas, ni ánforas. Nada. Las puertas se abrieron a las siete con los miembros de mesa esperando, igual de desorientados que nosotros. Las horas avanzaban y con ellas la tensión. A las doce del día se cerraba la posibilidad de instalar nuevas mesas. El margen se estrechaba. “Nos van a comer vivos”, soltó un trabajador de la ONPE. En efecto, lo predijo.
Los materiales finalmente llegaron cerca de las nueve. No fue un alivio inmediato, sino un cambio de ritmo. Todo se aceleró. Los miembros de mesa descargaban y organizaban como podían, y nosotros anotábamos el arribo, registrábamos datos, cumplíamos con lo que nos correspondía. Solo eso. Pero eso fue suficiente para despertar sospechas. Un grupo de señoras empezó a grabarnos: “Miren, miren, estos chicos no hacen nada, les pagan por estar parados”. Las palabras quedaron flotando junto a la amenaza de subir los videos a redes. La percepción ya estaba construida desde ese momento. Poco importaba lo que realmente ocurría.
El desorden alcanzó su punto más alto cuando las Fuerzas Armadas decidieron cerrar las puertas del colegio. La lógica era simple: si no hay mesas, no entra más gente, pues se aglutinaban cada vez más personas. El flujo se detuvo por completo. Adentro, la presión crecía. Afuera, también. Fue un fiscal del Ministerio Público quien intervino y ordenó reabrirlas.
Para las once de la mañana, todas las mesas estaban finalmente instaladas. El caos, al menos en apariencia, había quedado atrás. Volvimos a nuestras funciones: observar, registrar, verificar que el proceso se cumpliera como debía. El colegio empezó a parecerse, otra vez, a un local de votación. Pero lo vivido no se borraba tan fácil. Quedaba en los cuerpos, en el tono de voz y en la forma de mirar de los trabajadores exhaustos.
El escrutinio transcurrió sin sobresaltos. Los votos se contaban uno a uno, bajo la mirada de los miembros de mesa, un representante de la ONPE, un personero de Renovación Popular y un fiscalizador. Presidenciales, senadores, diputados y Parlamento Andino. Todo seguía su curso, hasta que volvió a fallar lo que no debía fallar.
Aproximadamente a las once y media de la noche, la tinta se acabó. Sin tinta no hay actas, y sin actas no hay cierre. La jornada, que ya se había extendido más de lo previsto, encontró un nuevo obstáculo. Pasó la medianoche y no había señales de reposición por parte de la ONPE. Entonces, en medio del cansancio y la resignación, una miembro de mesa tomó una decisión inesperada. Ella trajo su propia impresora y terminó con su mesa.
Al final, más allá de los votos contados y las actas firmadas, quedó una sensación difícil de ignorar: la incertidumbre. Desde la fila interminable hasta el cierre improvisado con una impresora ajena, los trabajadores atravesaron una jornada sin certezas, donde nadie sabía qué iba a pasar después ni cómo responder ante lo imprevisto. Y aun así, el sistema avanzó, sostenido más por quienes estaban ahí que por su propia organización.
