La suspensión de obras viales vuelve a poner sobre la mesa las fallas de planificación, gestión y evaluación técnica por parte del Estado, que afectan directamente la vida ciudadana.
Por Mauricio Mendoza, Igor García y Fabiana Ipanaqué
Las nuevas vías rápida Javier Prado-Begonias-Sánchez Carrión, del distrito de San Isidro, y El Golf-Los Frutales, de La Molina, son dos proyectos de viaductos que forman parte del plan de mejoramiento vial de Lima. Sin embargo, el 30 de enero y 10 de febrero, respectivamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la paralización de ambas obras viales.
Este tipo de situaciones –en las que iniciativas estatales se detienen, postergan o incluso se cancelan– no resultan para nada inusual en el país. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) del 2025, en los últimos 10 a 12 años, se han paralizado alrededor de 65.000 obras públicas. ¿Por qué tantos proyectos impulsados por el Estado no llegan a concretarse?
Parálisis estatal
Según datos preliminares de la Contraloría General de la República, el Perú registra hasta enero de este año un total de 2.741 obras de infraestructura inconclusa a nivel nacional, lo que representa 325 más que el año anterior. Al cierre del 2025, el organismo calculó que existían 2.416 proyectos por un monto de inversión superior a los S/. 67.139 millones.
Cusco concentra el mayor número de obras paralizadas con 382 proyectos, seguido por Puno con 277 y Áncash con cerca de 200. También destacan Ayacucho y Cajamarca, cada una con más de 100 casos. Entre las regiones con mayor presupuesto se encuentran Lima, Arequipa, La Libertad y Piura, y presentan también altos niveles de obras públicas sin culminar.
Consultada sobre esto, Karla Gaviño, especialista en gestión pública, subrayó que “las deficiencias en los expedientes técnicos y la baja calidad en los estudios de preinversión generan que, al momento de ejecutar la obra, el contratista normalmente no se encuentre en un terreno con las mismas características que arrojaban los estudios”. Por eso, recalcó que “así empiezan las modificaciones al diseño, que generan un presupuesto y tiempo adicional”.
Es importante recordar que la ejecución de infraestructura es financiada por el Estado. El Perú destina casi S/. 60.000 millones anuales de inversión pública. Sin embargo, en los últimos años, ha aumentado el número de normas adicionales que modificaron reglas fiscales o establecieron excepciones.
En 2025, se incluyeron 120 medidas adicionales y, aunque en este año se haya reducido a 70, sigue siendo una cifra elevada comparada con años anteriores, donde no se superaba los 54, lo que debilita la coherencia y disciplina fiscal.
A septiembre de 2025, la inversión comprometida en obras públicas paralizadas en el país ascendió a S/. 42.362 millones, distribuidos en 2.215 proyectos a nivel nacional, regional y local, según cifras de la Contraloría General de la República.
De los 65.000 mil proyectos inconclusos acumulados en la última década, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú ha identificado 12.500 obras consideradas prioritarias. Pero, a día de hoy, no cuentan con un presupuesto suficiente para su culminación, a pesar de la constante inclusión de disposiciones complementarias que alteraron el gasto público.
Proyectos sin organización
Para entender mejor por qué proyectos viales terminan paralizados o cancelados, es necesario darle otra mirada a los anuncios oficiales de suspensión. En la mayoría de estos casos, estas decisiones son el desenlace de una cadena de problemas que se arrastran desde la etapa de diseño y planificación como los expedientes técnicos incompletos o inexistentes.
Pero también los cambios de gestión, la falta de coordinación entre cada transición de administración y, en algunos casos, las limitaciones presupuestales son otros de los factores principales.
En primer lugar, es importante entender que las obras públicas son realizadas por el gobierno, no por la gestión de turno. En ese sentido, la organización que implica administrar una obra se dificulta por dos motivos fundamentales: el tiempo de realización de cada proyecto y la agenda política del gestor del mismo.
Según Gaviño, la comunicación es la clave para que, a futuro, un proyecto largo no se quede estancado y los responsables puedan usar todos los recursos disponibles.
“Saber dar continuidad a lo que hizo un gobernante es una virtud que tenemos que valorar y también que tenemos que empezar a exigir como ciudadanos, porque tenemos presupuestos multianuales. Tenemos que evitar patear el tablero y no dar continuidad a estas proyecciones”, indicó la experta.
Ante esto, otro problema surge por el mismo inconveniente tratado anteriormente: la desorganización. Las diferentes administraciones no solo retrasan o paralizan las obras, lo que preocupa más de la situación es como se reactiva o se redistribuye el dinero invertido.
Según Carlos Morales, arquitecto urbanista, no es tan preocupante cuando se mantienen los mismos profesionales a cargo de la misma obra, ya que solo se gastaría más en subsanar errores. No obstante, la mayoría de veces se suele preferir cambiar a todos los responsables donde se gasta aún más en contratar nuevos profesionales. Aunque se realiza de nuevo un plan de desvíos o nuevos estudios, se termina agotando el tiempo de la gestión responsable, causando atrasos.
Por lo general, y en otros contextos, realizar subsanaciones por completo, nuevos planes técnicos y estudios sería lo ideal. Pero estar en la constante de hacer las obras sin una buena planificación desde un inicio y poder mantener una obra a largo plazo desemboca en que nunca se concluya.
“Esa intermitencia de autoridades lamentablemente merma la implementación de proyectos. Siempre estamos básicamente parchando, tratando de encontrar dinero para ver cómo implementamos determinadas obras, incrementando más el presupuesto con el tiempo”, explicó Morales.
Un castigo al ciudadano
El hecho de que se dé una paralización o una mala ejecución con respecto a los proyectos viales realmente es un problema directo para la ciudadanía. Dichas obras suelen prometer mejoras en el tráfico, pero terminan haciendo todo lo contrario y generan a veces más congestión vehicular.
Así como señaló Gaviño, en muchos casos no se hace un buen análisis de los desvíos de tránsito ni de las medidas de seguridad necesarias. Esta falta de revisión técnica previa causa retrasos y riesgos tanto para peatones como para conductores.
Si una obra se alarga más de lo previsto o se detiene por tiempo indefinido genera, en palabras de la gestora pública, “daños sociales”. Por lo tanto, quienes enfrentan dificultades para llegar a sus trabajos, estudios o servicios básicos son los más afectados.
El impacto es aún mayor en áreas donde el transporte público ya es escaso, como se ha podido ver muchas veces en el paro de transportistas porque perjudican no solo al sector público que usualmente suelen dejar de lado, sino también al privado.
Además, los comercios en áreas donde se realizan obras a menudo sufren pérdidas económicas por la reducción en el número de clientes. Las calles están cerradas, los accesos bloqueados y el tránsito de todos los días influye directamente a los negocios pequeños que dependen de la cantidad de personas que vayan. En estos casos, la paralización de la obra genera más incertidumbre y aumenta de mala manera el aspecto económico.
Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se muestra que en varios distritos se han identificado proyectos, los cuales tienen varias deficiencias en sus expedientes técnicos y ampliaciones de plazos por fallas que pueden incrementar los costos entre 20% y 30%, además de generar pérdidas indirectamente en productividad.
“Ahora se habla de una comisión técnica evaluadora, pero claro, ellos para que puedan evaluar primero deben tener nuevos estudios, entonces habrá que elaborar nuevas partidas para dedicarlo y contratar nuevos profesionales. Esto, en el largo plazo, implica que habrá que pedir partidas adicionales y el presupuesto seguirá incrementando”, comentó Morales.
El hecho de que haya una mala planificación, desvíos improvisados y gestión deficiente convierte a las obras viales en fuentes de conflicto en lugar de soluciones. La ciudadanía termina pagando las consecuencias, enfrentándose al tráfico y al desorden de las calles, mientras los recursos públicos se diluyen sin resultados concretos. Por ello, urge fortalecer la planificación técnicas y una continuidad gestora dentro del Estado que logre que las obras cumplan realmente su propósito.
