La anterior gestión reemplazó al INPE por la SUNIR con la promesa de mayor control y autonomía, ¿podrá esta nueva institución resolver el colapso carcelario y la corrupción sistémica?
Por Mauricio Mendoza, Daniela Ramos y Michelle Hemmerde
El sistema penitenciario peruano ha operado durante décadas al borde del colapso, con un hacinamiento que hoy supera el 140% y una estructura administrativa que parece haber perdido la batalla contra la corrupción. En este escenario, el 4 de febrero de este año se oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) a través del Decreto Legislativo N°1710. La medida cumple la promesa del expresidente José Jerí de concretar la «desaparición» del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para dar paso a un modelo que promete un control total sobre las cárceles y los centros juveniles del país.
Sin embargo, el anuncio ha despertado un debate inmediato. ¿Estamos ante una reingeniería profunda del sistema de justicia o frente a una medida superficial en un contexto de crisis de seguridad?
¿Reforma estructural o cambio de nombre?
SUNIR no nace solo como un reemplazo del INPE, sino como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia que absorberá también al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). La apuesta del Ejecutivo plantea una autonomía administrativa, funcional y financiera que le permita constituirse como un pliego presupuestal independiente.
Para sus impulsores, esta independencia presupuestaria es la llave para modernizar la infraestructura —incluyendo la inversión en complejos de alta seguridad— y limpiar las instituciones de la infiltración del crimen organizado. Según la normativa, la SUNIR deberá garantizar un tratamiento diferenciado y progresivo, priorizando la vigilancia electrónica y procesos de resocialización que el modelo anterior no logró consolidar. No obstante, las dudas sobre la viabilidad de esta transformación son considerables. Para Gino Costa, exministro del Interior y ex jefe del INPE, el momento político le resta legitimidad a la reforma.
“Se trata además de un gobierno de transición que se va y que no debería embarcarse en una reforma de este tipo, menos si es cosmética”, señaló. Costa advirtió que la medida carece de un respaldo estratégico mayor: “El problema principal que tiene que ver con el crimen y la violencia no lo está pudiendo atender (…) esto es parte de ese plan, entonces primero tendría que tener el plan general”.
El escepticismo también radica en si un cambio en el organigrama será suficiente para gestionar a los más de 104 mil reos distribuidos en 69 penales, hoy custodiados por apenas 11 mil trabajadores. La efectividad de la SUNIR no dependerá solo de su presupuesto, sino del capital humano que logre atraer.
En esa línea, el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) Oscar Serván, enfatizó que la unificación por sí sola no garantiza resultados si no viene acompañada de una profesionalización real: “Actualmente el INPE tiene funcionarios que son básicamente de planta, pero que no han recibido una capacitación. Si las personas encargadas de resocializar no están debidamente formadas, no va a dar resultados”.
Para el especialista, el éxito de la SUNIR dependerá de si logra aplicar un enfoque multidisciplinario con criminólogos y expertos en ciencias penales. “Si no lo hacemos, simplemente va a ser una unificación que va a ser más de lo mismo”, añadió.
Con una comisión de transferencia que tiene 90 días para implementar la entidad, el reloj corre para que en junio la SUNIR demuestre si es la reforma estructural que el país exige o si el cambio de nombre dejará intactas las grietas del sistema penitenciario.
Dos lógicas distintas
El cambio institucional también trajo la propuesta de concentrar en una sola entidad la administración de cárceles y centros juveniles. Esto abre el debate sobre la funcionalidad de juntar dos formas de castigo legal distintas. La unificación podría suponer eficiencia administrativa, pero también el riesgo de fusionar realidades que, por mandato legal e internacional, deberían mantenerse separadas por el tipo de forma de reinserción social que tiene cada una de ellas.
Desde el Ejecutivo, la lógica de fusionar ambos sistemas parece responder a un criterio de simplificación administrativa para reducir burocracia, concentrar decisiones y, en teoría, hacer más eficiente la gestión penitenciaria en su conjunto. Para Serván, la nueva superintendencia consolida ambas organizaciones con la intención de volver el sistema “más ágil” y para mejorar la capacitación del personal encargado de la custodia y rehabilitación.
A pesar de esto, esta unificación puede llegar a entenderse debido a la crisis penitenciaria que pasa el país actualmente. En dos semanas, el INPE había informado dos fugas de internos de los penales de Ancón I y en el penal de mujeres de Arequipa, en suma a los diversos escapes que tuvieron lugar el año pasado en el país. Sin embargo, para Costa, la medida no parece responder a una reforma profunda sino a un reordenamiento administrativo limitado.
“No hay más recursos ni una propuesta que nos diga cómo se va a reducir la sobrepoblación penitenciaria o si va a mejorarse el sistema de atención en libertad a los a los infractores. Tampoco si va a atacar la corrupción y la profesionalización, lo que permitiría una mejor gestión”, explicó.
Por otro lado, mientras que el sistema de adultos opera bajo una lógica de seguridad y control, el de jóvenes infractores se fundamenta, en teoría, en un enfoque distinto. Unificarlos podría generar coordinación, pero también el riesgo de tener más problemas al tratar con dos enfoques distintos. Costa señala que no existe una necesidad evidente de crear una única institución y que resulta difícil pensar que la simple fusión pueda resolver las dificultades estructurales de ambos sistemas, más aún con la ausencia de un plan integral.
En ese contexto, si la unificación no viene acompañada de recursos, profesionalización y una estrategia diferenciada, el riesgo de que la reforma acabe únicamente en una reacomodación administrativa del sistema penitenciario es alta, sobre todo por la crisis de seguridad que afecta a la ciudadanía.
¿Reforma o simulación?
La creación de SUNIR aparece como una respuesta directa a la indignación ciudadana frente al hacinamiento y la corrupción en los penales. Sin embargo, la pregunta de fondo no es solo si la medida resulta técnicamente viable, sino si se trata de una transformación estructural o simplemente un cambio de nombre. En un sistema penitenciario históricamente sobrecargado, cualquier reforma que no incluya cambios estratégicos y sostenidos corre el riesgo de repetir los mismos errores.
Aunque se ha presentado la creación de SUNIR como una entidad orientada a fortalecer la gestión y recuperar el control del sistema, especialistas cuestionan el alcance real de la medida. Al respecto, Costa sostuvo: “Me parece que es más lo último. Es un intento por integrar en una sola institución el Instituto Nacional Penitenciario y los centros juveniles, pero todo esto debe hacerse dentro del margen presupuestal ya dispuesto, sin mayores recursos y sin un plan de reforma en profundidad”.
En esa línea, advirtió que no se han anunciado herramientas concretas para reducir la sobrepoblación ni para enfrentar de manera estructural los problemas de corrupción que afectan al sistema penitenciario. El hacinamiento no se resuelve únicamente con un nuevo organismo. Responde a factores estructurales como el uso excesivo de la prisión preventiva, la lentitud procesal y la insuficiente capacidad de infraestructura penitenciaria. Si estas variables no se abordan de manera integral, la presión sobre el sistema continuará.
Además, cualquier reorganización institucional toma tiempo. El traspaso de funciones, personal y recursos no se resolverá de un día para otro. Se necesitarán reglas claras, plazos definidos y un seguimiento constante para evitar vacíos en la gestión. Durante ese periodo, garantizar la continuidad operativa de los penales será clave para que la transición no agrave las condiciones ya existentes.
El déficit de infraestructura es uno de los puntos más críticos. Como señaló Serván, “si tienes tres veces más de los que puedes controlar, eso prácticamente es una bomba de tiempo”. La sobrepoblación, explicó, no solo dificulta la administración interna, sino que genera riesgos constantes de motines y pérdida de control, especialmente en penales donde el Estado no tiene capacidad suficiente de supervisión. En ese escenario, advirtió que si la reforma no viene acompañada de recursos concretos y ampliación de capacidad, “la norma solamente se queda en la norma, en un cambio de nombre que no resulte”.
Por último, la coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público resulta clave. Las decisiones sobre prisión preventiva, beneficios penitenciarios y ejecución de penas influyen directamente en el número de internos y en la dinámica de los establecimientos. Por eso, cualquier reforma administrativa necesitará articularse con todo el sistema de justicia. De lo contrario, los cambios podrían quedarse en el plano organizativo sin modificar las presiones estructurales que afectan a los penales.
