Presidentes bajo amenaza permanente y un poder que se ejerce con límites frágiles. Lo que muchos ven como crisis aisladas responde a un patrón que se repite gobierno tras gobierno.
Por Michelle Hemmerde
En el Perú, asumir la Presidencia no garantiza poder ni estabilidad. Por el contrario, suele marcar el inicio de una crisis casi inevitable. Investigaciones fiscales, cuestionamientos públicos y choques constantes con otras instituciones del Estado aparecen desde los primeros días de gobierno.
El caso de José Jerí, que en apenas 100 días ya enfrenta 6 mociones de censura y 1 moción de vacancia debido a reuniones no transparentes, vuelve a poner en evidencia lo frágil que es el cargo presidencial. En este escenario, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público se convierten en actores clave de una dinámica que mantiene a los presidentes permanentemente al límite.
Más allá de los nombres propios, el problema parece estar en la estructura misma del sistema político. La permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sumada a mecanismos de control que muchas veces se activan con criterios políticos antes que institucionales, debilita la gobernabilidad desde el inicio. Así, los presidentes no solo gobiernan con márgenes reducidos de acción, sino bajo la amenaza constante de investigaciones, censuras o vacancias, lo que convierte la gestión pública en una carrera de supervivencia más que en un ejercicio de liderazgo y planificación a largo plazo.
Una crisis permanente
Mientras el Gobierno busca consolidar su agenda, el Congreso muestra una disposición inmediata a fiscalizar y confrontar, en un contexto donde los equilibrios políticos son precarios y las mayorías parlamentarias inestables. Esta dinámica no es nueva y se ha repetido en los últimos años, convirtiendo la confrontación en una forma de gobierno.
Un ejemplo reciente es el caso de Dina Boluarte, cuya vacancia fue tramitada de manera exprés, sin que se le otorgará un plazo razonable para presentar su descargo ante el Parlamento. Esto evidenció la rapidez con la que el poder presidencial puede ser removido.
Otro antecedente clave es el de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre de 2020, pero cuyo gobierno duró apenas cinco días. Su salida se produjo en medio de protestas masivas y una fuerte crisis social que cuestionó la legitimidad del proceso, dando a notar la fragilidad del poder político en el país.
El diseño institucional permite que investigaciones del Ministerio Público, decisiones del Poder Judicial y acciones del Congreso se activen de manera simultánea. Por lo tanto, se genera un escenario en el que el mandatario confronta múltiples frentes abiertos desde los primeros meses de gestión.
En ese marco, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público se convierten en actores centrales de la gobernabilidad. Si bien su rol es fiscalizar y garantizar el equilibrio de poderes, la forma en que intervienen muchas veces en medio de disputas políticas contribuye a mantener a los presidentes al límite, debilitando su capacidad de liderazgo y reduciendo los márgenes para una gestión estable.
Esta inestabilidad no responde únicamente a decisiones individuales, sino al funcionamiento del propio sistema. Como señaló Mario Amoretti, abogado especialista en derecho penal, “el diseño constitucional peruano permite que distintos poderes del Estado actúen de manera simultánea sobre la figura presidencial, exponiéndose a investigaciones, cuestionamientos y procesos políticos desde el inicio de su mandato”.
Un sistema que alimenta el conflicto
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú está marcada por un diseño institucional que favorece la confrontación antes que la cooperación. La fragmentación del Congreso, la debilidad de los partidos políticos y la ausencia de una militancia sólida hacen que cada decisión dependa de negociaciones frágiles y cambiantes, lo que dificulta una gestión estable.
A este escenario se suma el uso frecuente de mecanismos de control político como herramientas de presión. Interpelaciones, censuras y amenazas de vacancia se activan con rapidez, muchas veces en medio de disputas políticas, sin contar con las pruebas que prueben el delito. De esta manera, se genera un clima de permanente confrontación y reduce los márgenes de acción del Ejecutivo.
La corrupción y la falta de transparencia profundizan aún más esta crisis. Reuniones no registradas, agendas incompletas y vínculos poco claros con actores de poder debilitan la credibilidad del Gobierno y abren la puerta a cuestionamientos constantes. En este contexto, la gobernabilidad se ve afectada no solo por hechos comprobados, sino también por la percepción de irregularidades.
«Una parte del problema radica en los partidos políticos y en la preparación de quienes llegan al poder. Es fundamental fortalecer las agrupaciones políticas y asegurarse de que los candidatos a la presidencia y al Congreso comprendan plenamente lo que implica la administración pública”, señaló Erick Urbina, constitucionalista peruano. Asimismo, resaltó que un funcionario debe actuar en favor de la ciudadanía y del Estado, mas no en defensa de intereses privados. “En los últimos años, eso se ha olvidado, generando dudas sobre si sus decisiones buscan el bien común o intereses personales», aclaró.
A ello se suma el impacto de la comunicación política en contextos de alta tensión institucional. Como destacó Milagros Muñoz, comunicadora especialista en comunicación política, una estrategia puede funcionar al inicio para ganar tiempo y ordenar la imagen del presidente, pero si se extiende más de lo necesario o se aplica fuera de contexto, deja de ser efectiva. “En ese punto, lo que antes ayudaba termina siendo contraproducente, porque la ciudadanía ya no busca gestos creativos, sino liderazgo, definiciones claras y un rumbo de gobierno”, complementó.
Romper el ciclo
La inestabilidad política tiene efectos directos en la economía del país. La incertidumbre constante desalienta la inversión, frena proyectos de largo plazo y genera desconfianza en los mercados. Cada crisis presidencial se traduce en decisiones postergadas y cambios de rumbo que afectan el crecimiento económico y el empleo.
En el plano político, gobernar bajo amenaza permanente debilita la capacidad del Ejecutivo para implementar políticas públicas sostenidas. La gestión se vuelve reactiva, enfocada en sobrevivir a la crisis del momento, mientras las reformas estructurales quedan relegadas. La ciudadanía, por su parte, responde con desconfianza y desgaste.
Las crisis y escándalos alimentan el desapego hacia la política, erosionan la credibilidad institucional y refuerzan la percepción de que el sistema no responde a la población.
Frente a este escenario, José Naupari, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional, consideró que es clave “delimitar con mayor precisión las causales de vacancia presidencial, elevar los umbrales para su aplicación y evitar vacancias exprés que prescinda de garantías mínimas”. Además, advirtió que el fortalecimiento de la Presidencia pasa por reglas claras que sometan la política a la razón jurídica y no al revés.
El costo de esta inestabilidad no se mide solo en crisis presidenciales o cambios de gabinete, sino en oportunidades perdidas para el desarrollo del país. Mientras se anuncian reformas y se ensayan salidas coyunturales, el problema de fondo permanece intacto.
Aunque algunas decisiones logran contener la crisis en el corto plazo, sin cambios estructurales y reglas claras la inestabilidad se repite. En ese sentido, el desafío no es solo corregir los excesos del sistema, sino hacerlo con continuidad. El reto hacer que gobernar en el Perú deje de ser un ejercicio permanente al borde del abismo.
