La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro reconfiguró el escenario político interno del país sudamericano y generó un fuerte impacto y preocupación en la geopolítica global.
Por Alexandra Jave e Igor García
Tras las tensiones acumuladas durante los últimos años entre Venezuela y Estados Unidos, en la madrugada de este sábado 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo una intervención militar en territorio venezolano que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. El mandatario fue trasladado al país norteamericano, donde será sometido a juicio por cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos federales, siendo el lunes 5 su primera audiencia, en la cual se declaró inocente de todos los cargos.
Horas más tarde, Donald Trump ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que su gobierno asumirá el control temporal de Venezuela “hasta que se garantice una transición segura”. Asimismo, confirmó que Estados Unidos ejercerá control total sobre la industria petrolera venezolana durante este periodo. A continuación, presentamos una cronología de los hechos ocurridos en los últimos días y su significado.
Tensiones previas
Las diferencias entre Estados Unidos y Venezuela se arrastran desde marzo de 2020. Durante el primer mandato de Donald Trump, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Nicolás Maduro por conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, acusándolo de liderar un entramado criminal de larga data. Maduro rechazó los cargos y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.
El conflicto político se agudizó en julio de 2024, cuando el mandatario venezolano fue declarado vencedor de unas elecciones presidenciales cuestionadas por observadores internacionales, que denunciaron fraude y señalaron al opositor Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador. En enero de 2025, el gobierno de Joe Biden reconoció a González —entonces exiliado en España— como presidente legítimo, profundizando el aislamiento diplomático de Maduro.
El retorno de Trump a la Casa Blanca marcó un punto de inflexión. En julio, su gobierno designó al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista global y señaló directamente a Maduro como su líder, además de vincularlo con el Tren de Aragua. Ese mismo mes, el norteamericano firmó una orden secreta que autorizaba el uso de la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos.
En agosto, el Pentágono inició el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe, elevando la tensión regional. A partir de septiembre, Estados Unidos comenzó una serie de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, operaciones que fueron ampliamente cuestionadas por su legalidad y que dejaron decenas de muertos.
La escalada continuó durante octubre y noviembre con ataques casi semanales, demostraciones de fuerza aérea, nuevas sanciones, incautaciones de buques petroleros y un endurecimiento del discurso presidencial. Trump reconoció haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y afirmó que no solicitaría la aprobación del Congreso para continuar con los ataques.
Paralelamente, suspendió relaciones diplomáticas, reforzó el cerco naval y amplió las acciones militares más allá del Caribe. Para mediados de noviembre, Estados Unidos había ejecutado más de veinte ataques contra embarcaciones, con un saldo creciente de víctimas mortales, mientras aumentaban las críticas internacionales y los cuestionamientos sobre posibles crímenes de guerra.
En diciembre, la ofensiva se concentró también en el petróleo venezolano. Washington incautó buques, impuso nuevas sanciones al sector energético y ordenó un “bloqueo total” de petroleros sancionados, acompañado de una fuerte presencia naval. A finales de mes, se conoció que la CIA había realizado un ataque con drones dentro de territorio venezolano, el primero de este tipo. Hasta el 31 de diciembre, al menos 115 personas habrían muerto en 35 ataques navales.
Intervención ofensiva
Durante la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas del orden estadounidense atacaron territorio venezolano bajo la orden del líder norteamericano, Donald Trump, quien supervisó la denominada «Operación Resolución Absoluta» desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida.
De acuerdo con autoridades venezolanas, Caracas y los estados colindantes de Aragua, Miranda y La Guaira fueron algunas de las zonas que sufrieron la acción militar. A su vez, se reportaron fuertes explosiones en Fuerte Tiuna, la principal base militar de la capital, en la base aérea de La Carlota, el recinto de antenas de El Volcán y el puerto de La Guaira.
El ataque militar, que contó con más de 150 aeronaves coordinadas desde 20 bases distintas en tierra y mar, concluyó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Estos fueron trasladados a través de un buque militar con destino a Nueva York para ser juzgados por los cargos de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, según la fiscal general norteamericana Pamela Bondi.
La detención ocurrió tras meses de tensión, con ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, la confiscación de petroleros con crudo venezolano y el refuerzo militar estadounidense en la región. Trump justificó la ofensiva acusando a Venezuela de facilitar el tráfico de drogas y de afectar intereses petroleros de Estados Unidos.
La ofensiva estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, sin embargo, han abierto un intenso debate en el plano del derecho internacional. Diversos gobiernos y expertos han cuestionado la legalidad de una intervención militar en territorio extranjero sin autorización de organismos multilaterales, así como la extradición forzada de un jefe de Estado en funciones.
El caso vuelve a poner en el centro la vigencia de principios fundamentales como la soberanía, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza, manifestados en la Carta de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista del derecho internacional, el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra otro está, en principio, prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los países.
Así lo afirma el docente e internacionalista, Fabián Vallas: “Así no se hacen las cosas. El uso del poder militar está regulado por normas y leyes internacionales que obligan a cumplir determinadas formas, lo que no se ha hecho en este caso.”
En la misma línea, el internacionalista Francisco Belaúnde advierte que la operación estadounidense sienta un precedente peligroso para el orden global. “Esto constituye una violación del derecho internacional que también te dice ¿qué otras cosas puede hacer Donald Trump?, señala.
Para Ariel Segal, también internacionalista, el impacto trasciende el caso venezolano y revela un cambio más amplio en las relaciones internacionales. “Varios países desde entonces están empezando a comportarse ya como imperios otra vez y no como los países de la posguerra fría”, comenta. En ese sentido, agrega que “lamentablemente el mundo podría estar volviendo a la era de los imperios que se reparten sus zonas de influencia”.
La invasión divide al mundo
Ante el ataque militar y la captura de Maduro, distintos mandatarios alrededor del mundo se pronunciaron al respecto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gabriel Boric (Chile) y el Gobierno de Uruguay, condenaron la intervención militar de Estados Unidos y llamaron al respeto de la soberanía venezolana, el derecho internacional y una salida pacífica al conflicto.
En contraste, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, respaldaron el operativo y celebraron la captura. En Europa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, pidieron una desescalada del conflicto y se deslindaron de la acción militar, en línea con la postura de la Unión Europea, expresada por Kaja Kallas, que cuestionó la legitimidad de Maduro, pero exigió respeto al derecho internacional.
Desde Moscú, el Gobierno de Vladímir Putin calificó la operación como una agresión armada y llamó al diálogo, postura similar a la de Bielorrusia y China, quienes además emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos. Varios países europeos informaron que monitorean la situación y el estado de sus nacionales en Venezuela.
Rueda de prensa
Durante la mañana del sábado, Trump compartió, a través de su red social “Truth Social”, la primera foto oficial de Nicolás Maduro bajo custodia, una escena que funcionaría como una antesala simbólica a la conferencia de prensa que vendría minutos después.
Minutos antes al mediodía, desde su residencia de Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense ofreció una comparecencia pública en la que delineó una serie de definiciones que marcarían el futuro inmediato del país sudamericano.
En su intervención, Trump aseguró que Estados Unidos asumirá la administración del país “hasta que haya una transición segura”, sin precisar plazos ni mecanismos. Para el periodista especializado en conflictos internacionales, Ignacio Montes de Oca, este planteamiento deja más dudas que certezas. “Estados Unidos, luego de este ataque, está proponiendo una administración subsecuente con un abandono del poder del chavismo, una transición en la que no queda muy claro cuál va a ser el rol del chavismo”, explica el experto.
En suma, Segal advierte una ausencia clave en el discurso presidencial. “No hizo ninguna referencia a la democracia, no hizo ninguna referencia a que el régimen es ilegítimo, que no ganó las elecciones”.
Otro de los momentos más comentados de la conferencia fue la referencia que tuvo al referirse a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, a quien negó contar con el respaldo y respeto del pueblo venezolano. Francisco Belaúnde cuestiona directamente esa narrativa y defiende el liderazgo opositor.
“Obviamente que ella es una persona que tiene todas las capacidades de liderazgo y evidentemente, contrariamente a lo que él dice, sí tiene respeto, es popular dentro de la población venezolana”, explica. A esto se aunó Montes de Oca, quien señala que este gesto revela una estrategia clara. “La expresión desagradable que tuvo hacia María Corina Machado también indica que en los planes de Trump no está el verse sustentado en el apoyo popular”, complementa.
El presidente, quien lleva un año de gobierno, también dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones militares si no se concreta la transición que exige Washington. Vallas sostiene que este tipo de amenazas responden a una lógica de poder global, ya que “la única licencia que tiene Estados Unidos para hacer lo que ha hecho es mostrarle al mundo que es el país más poderoso del mundo”.
Asimismo, Segal interpreta el mensaje como una advertencia explícita. “Trump lo dijo, que esto sirva de mensaje para los que quedaron, de que si no se van o si no dan paso a una transición, Estados Unidos se reserva el derecho a hacer otro ataque”.
Finalmente, el petróleo ocupó un lugar central en el discurso presidencial, cuando anunció que permitirá el ingreso de petroleras estadounidenses para explotar las reservas venezolanas. Belaúnde advierte que este énfasis revela motivaciones que van más allá del combate al narcotráfico. “El discurso sobre petróleo te indica que, obviamente, hay otro interés también. Entonces, no es solamente el tema del narcotráfico, es también, por supuesto, el petróleo”, declara.
En la misma línea, Montes de Oca afirma que se trata de una demostración de poder regional. “Claramente no se trata de la lucha contra las drogas, sino que se trata de una cuestión de poder y de proyectarlo dentro del área de influencia que vendría a ser América”. Segal califica de manera contundente el mensaje como imperialista y advierte que resulta especialmente grave que “estén hablando del petróleo venezolano como si fuera de ellos”.
Transición bajo presión
En la misma rueda de prensa, Donald Trump aseguró que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con Delcy Rodríguez –vicepresidenta de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro hasta ese momento– para coordinar la transición. Según el mandatario estadounidense, la venezolana habría afirmado: “vamos a hacer lo que ustedes necesiten”.
Esa misma noche del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia de la República en condición de encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la “defensa integral de la nación”. La designación fue sustentada por los magistrados en los artículos 234 y 239 de la Constitución, al considerar que el país atraviesa una ausencia temporal del jefe de Estado, derivada de una imposibilidad material para ejercer el cargo.
Al día siguiente, Donald Trump lanzó una advertencia directa a Rodríguez, quien asumiría la presidencia interina el lunes, al señalar que enfrentaría severas consecuencias si no colaboraba con los planes de Estados Unidos para Venezuela. “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, declaró a la revista The Atlantic. Palabras que se produjeron luego de que la venezolana declarara: “Jamás volveremos a ser una colonia” y prometiera defender los recursos de la nación y exigir la liberación de Maduro.
En la noche de ese día, la vicepresidenta, mediante un comunicado publicado en redes sociales, invitó a Donald Trump y al Gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente “en una agenda de cooperación”, reiterando su llamado al diálogo y a la paz.
La captura de Nicolás Maduro y la ofensiva política y militar de Estados Unidos marcan un punto de quiebre en la historia reciente, tanto para Venezuela como para el mundo. El episodio abre interrogantes sobre la legalidad de la intervención, sus implicancias para el orden internacional y el rumbo político del país. La preocupación de la situación aumenta después de los recientes comentarios del presidente estadounidense, interpretados como amenazas, a países como Colombia y Cuba, y el interés de anexar Groenlandia con Estados Unidos.
El desenlace de esta serie de sucesos no solo definirá el futuro inmediato de Venezuela, sino que también pondrá a prueba los límites del derecho internacional y el papel de las potencias en la región.
