Más prórrogas, menos control y territorios cada vez más expuestos. Mientras el Congreso extiende los plazos del Reinfo, la informalidad minera sigue aumentando.
Por Michelle Hemmerde
El 18 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027. La propuesta también reincorpora a más de 50 mil inscritos que habían sido excluidos en junio, permitiendo que retomen un proceso que, pese a los constantes rechazos, no ha logrado consolidarse. Además, la resolución mantiene suspendidos los procedimientos de exclusión, una herramienta clave para sancionar irregularidades y controlar quién puede permanecer dentro del registro.
Si bien la medida fue aprobada en comisión, aún debe debatirse y votarse en el Pleno, donde se definirá si el país vuelve a extender un sistema que opera desde 2012 sin haber completado la formalización prometida. El punto de controversia no está solo en el plazo, sino en su impacto real: ¿qué consecuencias tiene en las zonas donde la minería ilegal convive con economías criminales y conflictos ambientales? ¿Cómo afecta a las regiones donde esta actividad está ligada al lavado de activos, la trata de personas y la violencia?
Trámites sin resultados
Según lo señalado por la Presidencia del Consejo de Ministros el 12 de julio de este año, cifras oficiales indican que, de más de 84 mil personas registradas en el Reinfo, solo el 2.4% ha logrado completar la formalización. Esa baja tasa y las continuas extensiones muestran que el sistema, en lugar de regularizar, realmente acumula trámites sin resultados. Mientras tanto, miles de inscripciones permanecen inactivas y muchas operaciones irresponsables continúan bajo apariencia de legalidad.
Frente a este escenario, la discusión debe centrarse en reconstruir un mecanismo que cumpla su función: verificar, controlar y sancionar. Si no, el Reinfo corre el riesgo de consolidarse como un proceso administrativo sin efectos reales, dejando el país con territorios indefensos y una minería informal que sigue creciendo.
En regiones amazónicas, la confusión entre mineros en proceso de formalización y actores totalmente ilegales dificulta cualquier intervención estatal. Los ecosistemas se degradan, los ríos se contaminan y las comunidades locales enfrentan pérdida de recursos y conflictos sociales. Según el constitucionalista Erick Urbina, “no hay manera de garantizar que los plazos se cumplan, porque depende del criterio del Estado decidir cómo y cuándo aplicarlos”. Lamentablemente, estas prórrogas se han ido dando por intereses políticos y económicos, como mencionó Urbina.
Además, la reincorporación de mineros excluidos aumenta la presión sobre un sistema ya saturado. Reabrir expedientes antiguos retrasa la atención de solicitudes nuevas y genera un registro inflado que aparenta actividad formal, pero carece de resultados verificables. La falta de orden administrativo disminuye la credibilidad del proceso y su eficacia como instrumento de control.
Para el magíster en comunicación política, Mathias Mackelmann, la formalización de la minería ilegal es sumamente difícil: muchos mineros no tienen interés en regularizarse porque les conviene operar fuera de la ley. “Esto genera un círculo donde la minería ilegal se mezcla con criminalidad y ganancias rápidas, mientras la supervisión del Estado es limitada”, complementó.
Promesas vacías
La ampliación del Reinfo hasta 2027 deja en evidencia que la formalización de la minería informal enfrenta graves obstáculos políticos y económicos. Lejos de ser un proceso técnico, el registro se ha convertido en un instrumento que prioriza intereses específicos por encima del control efectivo de la actividad minera en el país.
El factor económico también juega un papel clave: con los altos precios de minerales como el oro y la plata, operar sin regulación resulta extremadamente rentable. Algunos mineros usan la inscripción en el Reinfo como un escudo para continuar sus actividades ilegales, mientras que mercados paralelos de compra y la venta de registros facilitan la circulación de recursos sin supervisión estatal.
“El Ejecutivo puede ampliar los plazos todo lo que quiera, pero esto perjudica al país, porque mantener un régimen informal no solo da una señal contradictoria, sino que además fomenta que esta actividad ilegal perdure en el tiempo. Lo ideal sería que los plazos fueran cortos y se cumplieran”, destacó Urbina.
La capacidad del Estado para controlar la minería informal enfrenta limitaciones claras. La supervisión ambiental, la fiscalización de expedientes y el seguimiento técnico no han acompañado el crecimiento del registro, lo que incrementa la percepción de impunidad y fomenta la expansión de prácticas irresponsables.
Según Mackelmann, “muchos mineros ilegales prefieren permanecer al margen de la ley, porque les resulta más rentable operar así: esto crea un círculo de criminalidad y ganancias rápidas mientras el Estado lucha por mantener el control”.
Sin reformas reales, el Reinfo corre el riesgo de convertirse en un registro que no sirve para nada, donde los trámites se acumulan, pero la minería informal sigue operando sin control. Esta falta de regulación tiene efectos directos en las comunidades y en el medio ambiente, un vínculo que se evidencia claramente al analizar los impactos sociales y ambientales que describimos en la siguiente sección.
El precio de la informalidad
La extracción no normalizada de minerales genera daños ambientales graves y afecta directamente a las comunidades locales. Ríos y bosques se deterioran por técnicas destructivas, mientras la falta de supervisión estatal permite que estas prácticas se expandan sin control. Quienes intentan regularizar sus operaciones enfrentan procesos burocráticos lentos y riesgos permanentes.
Los conflictos por zonas con recursos valiosos se intensifican. Grupos sin autorización y operadores en proceso de registro se disputan el territorio, provocando enfrentamientos y violencia que deja a poblaciones aisladas vulnerables. La seguridad de los habitantes y la preservación de medios de vida tradicionales se ven comprometidas.
Urbina recalcó que, “si el Estado sigue cediendo y ampliando plazos, los mineros informales y sus aliados políticos buscan que cada vencimiento sea una excusa para pedir otra extensión, lo que perjudica no solo a la minería formal, sino también a las comunidades que rodean estas zonas”.
El factor económico agrava la situación. Con precios altos de metales preciosos, trabajar fuera de la ley resulta rentable. Algunos aprovechan documentos oficiales como cobertura mientras continúan con actividades ilícitas, incluyendo explotación laboral y lavado de dinero, consolidando redes que operan al margen de la norma.
La supervisión del Estado muestra limitaciones evidentes. La fiscalización técnica y ambiental es insuficiente, especialmente en zonas remotas. La falta de coordinación entre entidades y gobiernos locales provoca retrasos y genera la percepción de avances administrativos que, en la práctica, no se concretan.
Para Mackelmann, la minería ilegal es un problema social, político y criminal. “Su informalidad se parece a la del transporte: hay mucha operación fuera de la ley y complicidad, lo que hace todo más difícil de controlar”, señaló. Esta falta de regulación sistemática genera un círculo donde las actividades ilegales se mantienen mientras el Estado tiene pocas herramientas para intervenir efectivamente.
Si no se implementan cambios profundos, esta práctica continuará expandiéndose. Se requieren sanciones inmediatas, monitoreo constante y trazabilidad de la producción para separar claramente a los operadores regulares de los que actúan fuera de la ley. De lo contrario, el Estado perderá presencia en áreas estratégicas y las redes ilícitas seguirán consolidando su influencia.
