Extorsiones, corrupción y desconfianza alimentan un entramado criminal que fortalece a las mafias. Una vez más, la delincuencia en el país es reflejo de una crisis estructural de gobernabilidad.
Por Matías Illescas y Daniela Ramos
Sentado en el bus, ya sea como pasajero camino al trabajo o como conductor, en un restaurante o incluso en la esquina de tu casa, hoy la delincuencia en el Perú no discrimina ni perdona. El país atraviesa una de las peores crisis de criminalidad de su historia y, según un informe del Poder Judicial, el 85.1% de la población percibe que en los próximos meses puede ser la siguiente víctima.
En medio de las recientes protestas de transportistas motivadas por la ola de asesinatos y amenazas contra trabajadores de este sector, la presidenta Dina Boluarte se pronunció, pidiendo que levanten la medida de fuerza debido a que afecta tanto a pasajeros como a la economía del gremio.
Durante su declaración, la mandataria expresó: “Este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Ejecutivo o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás”. ¿Es esto cierto? ¿A qué se debe realmente el panorama actual de delincuencia?
Crimen y desconfianza
La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de terrenos son algunos de los delitos que, aunque no suelen aparecer con la misma frecuencia en los medios como la delincuencia común que se vive en el día a día, forman parte de una red interconectada que continúa socavando la economía y el bienestar de la población.
Su expresión más visible la vemos hoy con la serie de extorsiones contra transportistas, que en 2025 alcanzó niveles críticos con cerca de 18 mil denuncias hasta agosto, según cifras de la Policía Nacional. Estas mafias no solo imponen cupos ilegales y paralizan rutas, sino también cerraron empresas y dejaron a cientos de trabajadores sin empleo. Factores externos como la vinculación de algunas de estas organizaciones con la mega banda transnacional originada en Venezuela y apodada “El Tren de Aragua” complican aún más el panorama.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que fuerzas fuera del control nacional, como el dispare del precio del oro, han potenciado la minería ilegal, generando un efecto dominó que termina por alimentar la criminalidad. Aún así, resaltó que las autoridades locales no se desligan de la responsabilidad. “El Congreso ha dado normas contrarias a la técnica jurídica para beneficiar a la criminalidad organizada y beneficiarse a sí mismos”, declaró.
Contrario a lo que comentó la presidenta Boluarte, los expertos y parte de la población señalaron que la criminalidad que vive hoy el país está vinculada a un mal funcionamiento de sus instituciones y a la presencia de funcionarios investigados por corrupción que, aún así, ejercen cargos clave en la protección de la seguridad ciudadana.
“Vemos cómo está la Fiscalía y el Poder Judicial, el sistema penitenciario está colapsado, en reestructuración. El gobierno tiene estas instituciones que no están trabajando bien. No podemos cerrar los ojos ante una corrupción evidente en institución policial”, resaltó César Ortiz, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC).
Según una última encuesta de Ipsos y el medio Perú21, el 56% de los peruanos responsabiliza a nuestra presidenta de la inseguridad ciudadana. Este mismo informe reveló que hay una desconfianza muy marcada en instituciones como el Congreso (92%), el Ministerio del Interior (83%), la Fiscalía (78%) y hasta la Policía (70%). Estos números no sorprenden dentro de una ciudadanía acostumbrada a observar con recelo las decisiones de sus autoridades. Y es en medio de ese hartazgo que la población opta por caminos que se salen de la norma.
En ese sentido, para José Tello, abogado y exministro de Justicia, las protestas están teniendo una matiz diferente. “Los propios transportistas están pensando en tener una suerte de seguridad privada. En un supuesto, esto significa que una persona pueda llevar un arma incluso para defender una unidad”, subrayó.
Inconstitucionalidad, corrupción, malestar y caos son el caldo de cultivo que nos ha llevado a la crisis actual. ¿Qué medidas pueden tomarse para enfrentarla, o al menos intentarlo?
Frenar la crisis
La pregunta sobre cómo enfrentar la criminalidad nos lleva a reflexionar sobre las medidas que nuestras autoridades han ejecutado hasta ahora. Se anuncian capturas mediáticas, como la de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, o propuestas para construir más cárceles cuando algunas de las que ya existen están en estado inconcluso. Estas acciones son resultados o decisiones aisladas que no estarían atacando el problema de fondo.
Así como la criminalidad mueve millones en el país, para Valdés, la lucha contra esta debería tener como presupuesto uno similar o incluso mayor. “Tenemos que empezar un proceso concienzudo, riguroso, financiado para reestructurar y tecnificar el Poder Judicial, el Ministerio Público, los penales y la Policía Nacional. Hay que hacer en todos estos campos una inversión muy fuerte en tecnología”, sostuvo.
Lo que se plantea aquí es una modernización integral del aparato estatal de justicia y seguridad, que apunta a nivelar las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales que mueven economías millonarias.
Uno de los mayores obstáculos para desmantelar la criminalidad en el país es que parte de su soporte se encuentra dentro de las propias instituciones. Ortiz coincidió con esta visión y enfatizó que el verdadero cambio debe nacer desde la propia Policía. “Si no se hace una reforma estructural, todo lo que se puede hacer serán parches”, complementó.
Según el experto en seguridad, la experiencia internacional —como la de Colombia en los años más duros del narcotráfico con Pablo Escobar— demuestra que, sin liderazgo y compromiso interno, cualquier intento de reforma quedará a medio camino. “Quién mejor que el propio policía conoce al policía corrupto”, añadió.
En ese sentido, algunos también proponen como solución aplicar una política de “mano dura”. Entre ellos, varios de los candidatos a la presidencia para las elecciones de 2026. Carlos Álvarez, por ejemplo, formula implementar la pena de muerte o la creación de penales de alta seguridad, medidas que tendrían que ir de la mano con la salida peruana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rafael López Aliaga propone el retiro de Perú de la CIDH para poder aplicar iniciativas sin que se vean limitadas por las decisiones de la Corte. Philip Butters presenta una idea de “tolerancia cero hacia el crimen”, referida a políticas como la restricción migratoria. Entre todas estas ideas, suele aparecer entre la población y los candidatos el nombre de Nayib Bukele.
El líder de El Salvador logró minimizar unos niveles de delincuencia muy altos, superando los 6 mil homicidios en 2015, según datos del propio gobierno. Sin embargo, junto a ese resultado, se registraron desapariciones forzadas, se implementó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y se usó a los cuerpos militares.
Estas medidas suelen ser criticadas por no tomar en cuenta los derechos humanos; sin embargo, ¿es necesario dejar de lado los principios democráticos y las libertades fundamentales para solucionar esta problemática?
Dos caminos
En los últimos años, los derechos humanos han sido cuestionados por muchos por limitar el accionar de las fuerzas del orden contra la delincuencia. La situación lleva a poner sobre la mesa el debate de si el fin de minimizar este problema justifica cualquier medio para conseguirlo.
Para Valdés, deberían primar los principios sobre los fines, resaltando que una buena estructura de principios puede permitir conseguir los fines con una mayor sostenibilidad en el tiempo y un mejor desarrollo. “No va a ser coyuntural ni se va a sostener sobre la base de concentración de poder, sino se va a sostener sobre esa base del respeto de un ser humano hacia otro”, afirmó.
El especialista explicó que es un camino difícil, pero necesario para fortalecer el sistema democrático. Asimismo, indicó que la base de las instituciones actuales no funciona, pero para otros como Ortiz, las medidas de ese estilo pueden llegar a ser necesarias. El especialista de APROSEC defendió la idea de que es necesario replicar lo hecho por el presidente de El Salvador.
“Bukele botó la corrupción que había en Justicia, ha pateado los derechos humanos en muchas cosas, pero era la única manera. Demostró que tiene el camino a seguir y se quiere realmente arreglar el problema de la inseguridad ciudadana”, aseguró Ortiz. Mientras la crisis de criminalidad escala y se vuelve más drástica, las soluciones por las que opta la ciudadanía también se vuelven más radicales.
Como se mencionó anteriormente, los transportistas están optando por tomar justicia por sus propios medios. Para Tello, la situación representa la crisis que afronta el gobierno actual. “Es el clímax de la falta de credibilidad de un gobierno que está muy bajo en la aprobación, pero que no hace mérito por levantar ni siquiera un poco”, explicó.
Las elecciones del próximo año definirán, entonces, la decisión que tomará el país. Si prefieren un gobierno más autoritario, pero que afronte los problemas frontalmente, u optar por la vía democrática y de los derechos humanos que, como finalizó Valdés, “es difícil, mas es una decisión que tiene que tomar la población”.
