Riesgos, espera y una promesa que muchas veces no se cumple. Detrás de lo que parece solo “colaboración” hay vidas en juego, testimonios valiosos y un sistema que no siempre protege a quien decide hablar. Conocer estos vacíos es el primer paso para preguntarnos si la figura del colaborador eficaz sigue cumpliendo su propósito.
Por Michelle Hemmerde y Francisco Ríos
La colaboración eficaz es una de las herramientas más importantes en el sistema judicial peruano. Tan solo basta recordar lo sucedido años atrás con el caso Odebrecht, donde figuras políticas como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o incluso Pedro Pablo Kuczynski cayeron como parte de la investigación. Sin embargo, su práctica actual ha comenzado a generar serias controversias sobre su legitimidad, eficacia y los riesgos que enfrentan quienes se acogen a ella.
La figura del colaborador eficaz atraviesa una gran crisis operativa e institucional, el cual ha sido reafirmado con la reciente muerte de Jose Miguel Castro, testigo clave del caso contra Susana Villarán. La falta de garantías en la seguridad y la forma que el sistema judicial viene gestionando refuerzan la carencia actual de esta herramienta. No solo se está fallando en proteger a los colaboradores, sino que también está siendo utilizado de manera distorsionada y genera así una profunda desconfianza en la justicia peruana.
Una herramienta clave, cada vez más cuestionada
La figura del colaborador eficaz, cuya finalidad es ser una herramienta para combatir el crimen organizado y corrupción, atraviesa una profunda crisis en el país que cuestiona su utilidad y participación de uso. La reciente muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador eficaz en el caso contra la ex alcaldesa Susana Villarán, ha puesto en evidencia los vacíos estructurales de este método, al punto de convertirse en “un mecanismo de hostigamiento o chantaje”, según Miguel Torres, abogado y magíster en Gobierno de las Organizaciones.
Alejándose de su función original, la politóloga Milagros Muñoz considera que se está usando de forma “excesiva y distorsionada” esta herramienta, lo que ha llevado a tener una percepción de riesgo donde “declarar puede costarle la vida” al colaborador. Asimismo, agrega que estos recientes casos reflejan una “incapacidad del Estado para enfrentar redes de poder organizadas”, donde el crimen ha sabido sobreponerse a las autoridades, incluso siendo más peligrosas que años atrás.
Esta distorsión, a su vez, se ve acompañada de un sistema judicial que parece haber perdido el equilibrio entre tener información veraz con garantizar los derechos de quien colabora. “La colaboración eficaz no puede ser un mecanismo para que demos información que quiere el fiscal”, comenta Torres. Asimismo, el experto plantea dudas sobre la transparencia de los procesos judiciales y sobre si, en la actualidad, se prioriza la verdad o la simplicidad de acabar con el crimen bajo la premisa de “cueste lo que cueste” a pesar de poder estar errados.
La seguridad del colaborador se ha vuelto una promesa vacía donde, con preocupación, el sistema no está favoreciendo la protección del colaborador, tal cual menciona el abogado, catalogando esta herramienta como un mecanismo que carece de solidez. Sin garantías reales de seguridad física y jurídica, muchos posibles colaboradores podrían optar por el silencio, debilitando así una de las pocas herramientas efectivas contra el crimen político y organizado.
El costo de colaborar
Convertirse en colaborador eficaz en el Perú no es una decisión fácil: implica arriesgar la propia seguridad y, en muchos casos, la vida. Quienes deciden revelar información sensible sobre redes criminales, con mucha frecuencia, enfrentan amenazas, violencia y persecución. Uno de los mayores problemas es la espera indefinida: existen aspirantes que se mantienen en el limbo por años, sin reconocimiento formal, sin protección y sin garantías. Esta incertidumbre no solo es psicológicamente desgastante, sino que daña aún más la confianza en las instituciones.
La demora en reconocer a un colaborador también afecta el proceso judicial. Sin su declaración, las investigaciones pueden paralizarse por años. Además, si el testigo no formaliza su testimonio, corre el riesgo de perder validez, dejando casos con pruebas incompletas y vacíos difíciles de resolver.
El reciente caso de José Miguel Castro, fallecido en extrañas circunstancias a pocos meses del inicio del juicio contra Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS a su campaña política, evidencia la fragilidad del sistema y aumenta la desconfianza. “El mensaje que se lleva la gente es que declarar puede costarle la vida y el Estado no tiene cómo evitarlo”, sostuvo Muñoz.
En los últimos cuatro años, otros dos aspirantes a colaboradores eficaces también han muerto en circunstancias poco claras. Uno de ellos fue el testigo clave del caso Qali Warma, luego de denunciar una red de corrupción en la compra de alimentos. Asimismo, una testigo sobre el caso de una presunta red de prostitución en el Congreso de la República fue hallada sin vida antes de poder rendir su testimonio completo.
En este contexto, muchos se preguntan si la colaboración eficaz continúa siendo una herramienta válida o si se trata de un laberinto sin salida. “En muchos casos, la Fiscalía ha utilizado este mecanismo como una forma de hostigamiento o chantaje, buscando construir un relato que se acomode a lo que el fiscal quiere escuchar, más que llegar a la verdad”, explica nuevamente Torres.
¿Vale la pena?
A pesar de todo, la colaboración eficaz continúa siendo una de las pocas herramientas que permiten desarticular redes criminales desde adentro. Esta ha sido clave en casos emblemáticos como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, pero su efectividad no siempre se ve reflejada en los resultados. Para que esta figura funcione, se necesita establecer reglas claras, plazos razonables y garantías reales, pues un colaborador no puede pasar años esperando rendir su declaración mientras su vida corre peligro y su testimonio pierde peso en el juicio.
“El sistema debería ofrecer seguridad jurídica para ambas partes. Hoy, muchos colaboradores sienten que están en manos de un fiscal más que de un marco institucional sólido”, menciona José Carlos Requena, analista político. Además, se necesita una ruta clara de protección para los aspirantes, ya que no es suficiente cuidar a quienes ya fueron aceptados. El peligro empieza desde que alguien se anima a hablar. Mientras eso no cambie, muchos preferirán callar antes que exponerse.
Cabe destacar que es necesario revisar los criterios con los que se aprueba o se rechaza una declaración, puesto que se corre el riesgo de que el sistema dependa más de la voluntad del fiscal que de una norma clara. Eso no solo afecta a los colaboradores, sino también a la legitimidad de los procesos judiciales.
Fortalecer esta herramienta no significa eliminarla, sino corregir sus vacíos. Existe la posibilidad de proteger al colaborador y, al mismo tiempo, garantizar que la información que entrega sea útil y verificada. Sin embargo, para ello, el sistema necesita voluntad política, seguimiento institucional y un enfoque centrado en la verdad, no solo en la estrategia legal. “La colaboración eficaz no debería sentirse como un sacrificio personal, sino como una herramienta respaldada por el Estado”, concluye Requena.