La crisis de seguridad ciudadana no solo se agrava por la ineficiencia de las fuerzas del orden al proteger a la población, sino que, desde la justicia, también se ha dejado de lado el lugar al que los delincuentes deberían ir para ser reinsertados en la sociedad.
Por Carlos Alcalá y Sandra Miranda
Las cárceles del Perú se han convertido en una preocupación central para el sistema de justicia y la seguridad ciudadana. Lejos de ser un problema reciente, esta situación refleja años de abandono estructural, falta de políticas penitenciarias sostenibles y un enfoque punitivo que prioriza el encierro sobre la rehabilitación.
Recientes escapes y el hecho de que, desde hace años, se manejan organizaciones criminales desde adentro nos hacen cuestionar qué tan efectivo es que un delincuente cumpla su condena en un penal. Sobre todo, si adentro solo va a encontrarse en un entorno que alimenta aún más la violencia, el descontrol y la criminalidad.
Abultados entre cuatro paredes
El sistema penitenciario peruano enfrenta una grave crisis de hacinamiento, con más de 94 mil reclusos, superando ampliamente su capacidad instalada. Esta situación ha sido calificada por el Tribunal Constitucional (TC) como un “estado de cosas inconstitucional” debido a las severas deficiencias en infraestructura, seguridad y servicios básicos en las cárceles del país.
Nexos conversó con Julio César Burga, secretario general del SINTPE (Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Inpe), quien nos dio mayores alcances sobre el tema y comentó que las cárceles han pasado a la sobrepoblación. “En algunos penales estamos al 130% de capacidad, en otros llegamos hasta el 300%. Es decir, si un penal ha sido construido para agregar 600 internos, en la actualidad tienen 3,500”, explica.
En respuesta a esta problemática, el TC emitió una sentencia en mayo de 2020, otorgando un plazo de cinco años para que el Estado adopte medidas efectivas para solucionar esta crisis. De no cumplirse este mandato, se ordenaría el cierre de las seis prisiones con mayor hacinamiento, como Chanchamayo, Jaén y Callao, entre otras. El fallo también exhorta a los poderes del Estado y a la sociedad en general a trabajar conjuntamente en la implementación de soluciones sostenibles para garantizar los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
Bajo llave pero sin control
La sobrepoblación penitenciaria no sólo pone en riesgo la capacidad de los penales, sino que también debilita el sistema de seguridad y logística carcelaria. En estos escenarios, donde no hay suficientes agentes para vigilar a miles de internos, se suman deficiencias graves en los equipos de vigilancia.
Para el representante de SINTPE, la responsabilidad no recae únicamente en el personal de seguridad, sino también en las autoridades por no garantizar condiciones mínimas de trabajo. “El fracaso de la parte operativa no depende netamente de nosotros”, afirma Burga, cuestionando al INPE por no contar con recursos aptos para realizar la labor de control. “Tenemos algunos aparatos electrónicos y tecnológicos, como cámaras de vigilancia, que están obsoletas y no están en funcionamiento”, agrega. A esto se suma la escasez de personal que impide realizar controles efectivos a los visitantes, lo cual agrava la situación.
El reciente incremento de casos de extorsión en el país pone en el centro del debate la seguridad digital de los penales. Aunque el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional señalan que las llamadas extorsivas provenientes de las cárceles representan apenas el 0.2% del total de denuncias, el secretario general advierte que la labor es insuficiente, puesto que siguen ingresando celulares y otros objetos dentro de los penales, y muchas veces por complicidad del personal. “El celular es un delito en el penal, pero no en la calle. ¿Por qué hay internos con celulares? Porque alguien se los permite”, comentó el representante sindical entrevistado, quien señala que, lamentablemente, el personal penitenciario accede a estos tratos a cambio de dinero ante los bajos sueldos que reciben.
Frente a este caso, la privatización ha sido una medida por la cual el Estado ha optado para aliviar la crisis que se está atravesando en los servicios penitenciarios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que empresas privadas asumirán el control de ingresos y salidas en los penales. No obstante, el precepto ha generado disconformidad entre los trabajadores del sector. “Si ya tenemos trabajando a dos empresas privadas condicionadas por el INPE y no funcionan, ¿cómo se garantiza la eficacia de esta propuesta?”, cuestiona Burga, destacando fallas frecuentes y desacuerdos entre las empresas contratadas y la institución penitenciaria.
Otra preocupación clave es la corrupción al interior del sistema. Según el sindicato, existen estructuras que permiten la complicidad entre funcionarios y redes criminales, lo que sabotea cualquier intento de reforma. “No se puede hablar de seguridad si dentro se encuentra personal que cede a intereses externos por falta de control o necesidad económica”, advierte Burga. Por ello, propone un cambio estructural e integral en el sistema penitenciario peruano a través de la implementación de mecanismos de fiscalización independientes y sanciones severas para quienes faciliten fugas o el ingreso de objetos prohibidos.
¿De la prisión a las calles?
La reinserción social de las personas privadas de su libertad ha sido siempre un tema de debate en el Perú. Mientras algunos sostienen que es posible mediante programas de capacitación y campañas de resocialización, otros consideran improbable el arrepentimiento de quienes delinquen. El Código de Ejecución Penal establece que toda persona que ingresa a un penal debe recibir el tratamiento que merece según su perfil: primario, reincidente o habitual. No obstante, el hacinamiento extremo imposibilita esta diferenciación: “están mezclados ratón, rata y pericote”, resume el sindicalista Burga.
En teoría, el proceso de reinserción está a cargo de profesionales como psicólogos, docentes, trabajadores sociales y encargados del área de trabajo. Sin embargo, en la práctica, este planeamiento es imposible, debido nuevamente a la escasez de personal especializado. Según reportes del sindicato, un solo psicólogo puede estar a cargo de mínimo 500 presos. Asimismo, Burga señala que son pocos los que toman interés en los programas sociales que fomentan el trabajo y la educación; los demás, recaen en dinámicas de violencia, consumo de drogas o integración de mafias desde el interior de los penales.
Aunque la crisis de seguridad señala al Ministerio del Interior y sus representantes, no hay que olvidar la responsabilidad de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El INPE lleva años sin resolver sus problemas; sin embargo, más allá de la orden del TC, no existe indignación frente a una situación que, aunque no nos demos cuenta, también afecta a los ciudadanos de a pie.