En un tablero político donde las fichas se mueven entre controversias y estrategias, las presidencias de las comisiones en el Congreso emergen como campos de batalla silenciosos, pero cruciales. Desde perfiles insólitos hasta desafiantes cuestionamientos éticos, el panorama se tiñe de incertidumbre.
Por: Paula Alpún
En los pasillos del Congreso peruano la elección de los líderes de comisiones ha dejado entrever una combinación de perfiles que ha despertado diversas opiniones. En un escenario donde solo cuatro legisladores, de un total de 24, cumplen con los requisitos adecuados para presidir las mesas, la sorpresa no tardó en teñir las discusiones. Cinco de estos representantes carecen de títulos universitarios, lo que ha llevado a los analistas a alzar las cejas y las voces críticas a elevarse en coro.
El caso más alarmante es el del mismísimo presidente del parlamento, Alejandro Soto, quien afronta varias denuncias y cuestionamientos en su contra. El pasado 31 de agosto, los miembros de la Comisión de Ética aprobaron por unanimidad el inicio del proceso de tres investigaciones en su contra. Estas refieren a la contratación de su cuñada entre agosto del 2021 y julio del 2023, el apoyo de una ley para beneficio propio y evitar ser juzgado, y el aporte de dinero de tres empleados de su despacho para la contratación de ‘trolls’ en redes sociales.
Otro cuestionamiento recae sobre Nancy Heidinger. Ella posee estudios en “Cosmetología” y lidera la Comisión de Salud. Mientras tanto, en la de la Mujer, Milagros Jáuregui Martínez, representante de Renovación Popular, se erige como un imán de polémica. Su proyecto de ley que busca reformar el Código Civil para establecer el inicio de la vida humana desde la concepción, ha agitado un mar de opiniones divididas. César Revilla, un cirujano dentista, preside la Comisión de Economía, lo cual despertó interrogantes sobre su conexión con el campo que dirige.
Asimismo, José Balcázar (Perú Bicentenario) enfrenta críticas en su puesto al frente de la Comisión de Educación. Sus palabras parecen minimizar el impacto del matrimonio con menores de edad al afirmar que “las relaciones sexuales en menores no generan ninguna consecuencia traumática”, encendiendo debates en un tema de delicada sensibilidad.
Divergencia de opiniones
Esta diversidad de perfiles que conforman las nuevas presidencias ha generado que las redes sociales estallen y que entre colegas se enfrenten. Nano Guerra-García (Fuerza Popular) declaró para RPP que la postura de su bancada es que la cabeza del legislativo posee presunción de inocencia. “No por investigaciones preliminares, por titulares de prensa o por lo que se cree, vamos a cambiar a un presidente del Congreso”.
A su vez, en un análisis de las trayectorias y hojas de vida el diario El Comercio informó que para el legislador Carlos Anderson (no agrupado) sí es relevante la especialidad profesional. “De nada sirve tener buenos técnicos si el congresista no tiene la capacidad mínima para interactuar sobre los temas estudiados. Si a mí me dicen preside Constitución, yo diría que no, porque hay gente con mayor experiencia en el rubro”.
Pero, por otra parte, el mismo periódico informó que la propia Kira Alcarraz (Podemos Perú) ha ratificado que estaba en cuarto ciclo de Derecho. “Es verdad, no tengo título universitario. ¿Acaso es necesario para asumir una comisión?”.
Sin embargo, desde el punto de vista de la politóloga Kathy Zegarra, esto se debe a que los parlamentarios no se quieren enfocar en temas específicos. En lugar de eso, van cambiando de comisión como si cambiaran de lugar en un juego. “A veces un legislador está en una comisión un año y al siguiente en otra, sin volverse experto en ningún tema”.
Es preciso subrayar que algunos de los legisladores tienen empresas y pueden ser líderes de comisiones relacionadas con sus rubros. La politóloga considera que esto causa problemas de interés porque pueden tomar decisiones que les beneficien a ellos o a sus negocios.
“Parece que no se valora mucho la idea de que los líderes de las comisiones sean expertos en los temas que tratan y mucho menos que se preocupen de evitar que haya problemas de intereses”, recalca. Por lo que, ella concluye que esto hace que muchas personas vean la distribución de poder como una especie de repartición poco transparente.
¿Las últimas elecciones afectaron la credibilidad?
La legisladora Flor Pablo (Partido Morado) comentó a La República que “las comisiones no pasan por un filtro de conocimiento de la materia. Son acuerdos políticos y repartición de cupos entre las bancadas y no se considera el perfil más adecuado”.
Kathy también resalta que los parlamentarios carecen de criterios técnicos, de especialización e incluso de interés genuino al designar a ciertos congresistas en roles de liderazgo en las comisiones. Esta práctica afecta la credibilidad del parlamento y su papel representativo.
“Es fundamental recordar que no solo el congreso tiene una desaprobación cercana al 91%, sino también es vital considerar cuántos ciudadanos realmente respaldan estas acciones. La historia nos muestra casos en los que los presidentes populares han recurrido al cierre del Congreso para ganar apoyo. Esto influye directamente en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la eficacia y utilidad del parlamento”, afirma la experta.
Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica? Kathy menciona que el cambio depende en gran parte de la voluntad política, algo que a menudo parece ausente. Aunque los ciudadanos pueden ejercer cierta presión, su influencia es limitada si los parlamentarios no están dispuestos a escuchar.
“Mi recomendación para los ciudadanos es que utilicen las herramientas que ya existen. Pueden votar por proyectos de ley en diversas comisiones a través del sitio web del Congreso”, menciona. Esta participación puede generar opiniones que tengan un impacto en el comportamiento de los parlamentarios y en el rumbo de los proyectos de ley.
Finalmente, bajo su mirada, desde el poder político se necesita una verdadera voluntad de especialización y no necesariamente en áreas específicas. Si bien, no es imprescindible que los parlamentarios sean abogados para integrar comisiones como la de trabajo o justicia, lo importante radica en el uso responsable de los recursos, rodeándose de asesores expertos que proporcionen información técnica valiosa y necesaria.
Es crucial fomentar una comunicación más abierta y accesible entre el poder y los ciudadanos. Esto implica discutir los proyectos de ley en un lenguaje comprensible para el público, permitiendo comentarios sobre las leyes que pueden afectar su vida cotidiana, pero que frecuentemente pasan desapercibidas debido a su naturaleza técnica y normativa.
