Ante el archivamiento del caso Esterilizaciones forzadas, miles de víctimas cuestionan la medida aplicada y piden justicia por su caso
Por Rafael Ortega Alva
“Son más de 30 años de mi caso, sumado al de muchas compañeras, y aunque se reconoce el delito, lo que debería ser suficiente para continuar con el proceso de justicia que tanto tiempo llevamos esperando, igual archivaron la investigación (…) Nosotras estamos profundamente indignadas”, señaló María Elena Carbajal, presidenta de la delegación de Lima de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
El 18 de septiembre de 1996, en el departamento de La Libertad, una joven María Elena Carbajal, de 26 años, acudió al Hospital María Auxiliadora, en Lima, para dar a luz a su cuarto hijo. Estaba sola. Luego de la operación, los funcionarios le negaron la posibilidad de ver a su hijo y le indicaron que solo se lo devolverían si aceptaba someterse a una esterilización. Según ellos, ya tenía demasiados hijos y este tenía que ser el último.
Luego de mucha presión, María Elena aceptó. Lo que vino después fue una serie de malestares físicos y emocionales. Cinco años después de la operación, los doctores le informaron que, debido a la esterilización, presentaba osteoporosis, artritis y menopausia temprana.
“Desde esa fecha hasta el día de hoy soy alérgica a la anestesia (…) Yo no puedo hacerme ninguna operación porque me cae mal, se me baja la presión al extremo”, añadió.
María Elena es una víctima más dentro de un universo que comprende al menos 200 mil personas afectadas durante el conflicto armado interno.
El pasado 22 de octubre, el Ministerio Público decidió archivar la investigación por el caso de esterilizaciones forzadas, que comprende a un total de 4172 mujeres que denunciaron haber sido sometidas a esta práctica durante la década de 1990, bajo el régimen de Alberto Fujimori. ¿La razón de esta decisión? La aplicación de una de las denominadas «leyes Rospigliosi», promulgada en 2024, que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público reconoce que los actos cometidos constituyen, según el derecho internacional, un delito de lesa humanidad, al haberse perpetrado como parte de un ataque generalizado y sistemático, en ejecución de una política estatal y con conocimiento de dicha afectación por parte de los autores. Sin embargo, pese a este reconocimiento, el dictamen se acoge al régimen jurídico vigente.
Esta no es la primera vez que el sistema de justicia se enfrenta a la disyuntiva de adoptar una posición frente a estas leyes. En ocasiones anteriores, los jueces optaron por inaplicarlas mediante el control difuso, al considerar que dichas medidas vulneran derechos fundamentales y convenciones internacionales suscritas por el Perú con otros países de la región. De hecho, diversos especialistas en la materia y sectores de la academia han catalogado estas normas penales como inconstitucionales.
Pero esta decisión no solo afecta a las víctimas, sino que también beneficiaría a unos 52 investigados, entre ellos Eduardo Yong Motta (director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza), Marino Costa Bauer (presidente del Tribunal de Ética de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros) y Alejandro Aguinaga (exministro de Salud y actual senador).
La historia de miles de víctimas
Entre los años 1996 y 2000, según cifras del Ministerio de Salud recogidas por la Defensoría del Pueblo, más de 272 000 mujeres y unos 22 000 hombres fueron esterilizados. Si bien no existe una cifra exacta de las intervenciones realizadas sin consentimiento, miles de víctimas han denunciado que fueron sometidas a estos procedimientos mediante engaños, amenazas o presiones, lo que dificulta aún más determinar la magnitud de las acciones delictivas. Sin embargo, hasta 2023, más de 8 000 personas estaban inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
“Los casos de violación a los derechos humanos siempre son complejos, los crímenes cometidos desde el estado tienen diversos mecanismos de encubrimiento o impunidad al que debemos añadirle el dato de ser una carpeta fiscal que recoge más de 4 mil víctimas”, señaló Carlos Rivera Paz, abogado penalista peruano y coordinador en el Instituto de Defensa Legal. El especialista indicó que se trata de una investigación que casi hace colapsar al sistema de justicia, debido a la cantidad de implicados, muy superior a la de los casos ordinarios.
Durante el régimen de Alberto Fujimori se implementó el programa de control de la natalidad, también conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, como una medida para combatir la pobreza mediante la reducción de las tasas de natalidad en los sectores de escasos recursos. Si bien el Gobierno señaló que los procedimientos quirúrgicos se realizaron con el consentimiento de las pacientes, miles de víctimas —en su mayoría mujeres quechuahablantes de zonas rurales— sostienen lo contrario.
Según la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, los procedimientos quirúrgicos de ligadura de trompas —un proceso irreversible— se llevaron a cabo en establecimientos que no contaban con la calificación de punto de entrega de servicios. Además, existen casos en los que estos procedimientos se realizaron en espacios donde no había un médico cirujano ginecoobstetra.
En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, hechos ocurridos en 1997. Este resultado marcó un hito en el proceso de justicia y representó una victoria simbólica para más de una víctima, luego de décadas de espera. Sin embargo, ahora la historia ha tomado otro rumbo.
Cuestionamientos judiciales
“La principal contradicción parece estar en el mismo documento donde el fiscal Dávila (encargado de llevar a cabo el caso) hace el trabajo más complicado: que hay una práctica sistemática que afecta a las mujeres, que esto ha ocurrido en varios espacios del Perú, que hay una perturbación de la libertad individual y, aún así, aplica esta nueva norma”, indicó Rivera Paz.
Este hecho ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos relacionados con las presuntas presiones ejercidas por ciertos actores políticos sobre los jueces que se niegan a aplicar estas leyes mediante el control difuso. A inicios de este año, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia rechazó el comportamiento del entonces presidente del Congreso y miembro de la bancada fujimorista, Fernando Rospigliosi. En ese momento, el congresista y autor de la ley de amnistía publicó una columna en la que pedía la detención de los tres magistrados que se encontraban a cargo del caso Cayara si decidían inaplicar su norma.
“El elemento político es muy perturbador”, señaló Rivera Paz.
Esta situación, denunciada por la posible interferencia de la política en el sistema judicial, ha sido motivo de controversia durante este último periodo, marcado por la victoria de Keiko Fujimori en la presidencia de la República, quien ha cuestionado abiertamente esta investigación. Sin embargo, el abogado penalista señaló que más de un juez también está recurriendo a instancias internacionales como medida de protección.
Hasta la fecha, y sobre todo por la magnitud del problema, el proceso de justicia para las miles de víctimas ha sido y sigue siendo un sueño que, en estos momentos, parece apagarse. Ante la última medida tomada por el Ministerio Público, otros sectores también se preguntan qué les deparará a casos como los de La Cantuta o Barrios Altos. Sin embargo, todavía no se han tomado mayores acciones al respecto.
