La crisis, detonada por la intervención de Ueno Bank, ha dejado a casi tres millones de paraguayos sin acceso a sus depósitos y una situación política inestable.
Por Mauricio Mendoza, Matias Illescas y Alexandra Jave
Durante la semana pasada, Paraguay vivió un momento de convulsión política y social debido al cierre de la entidad financiera Ueno Bank y su relación con el ahora expresidente, Santiago Peña. El escándalo ha terminado en la destitución de Peña y su encarcelamiento preventivo por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
La situación ha desencadenado una crisis financiera que ha dejado a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros y ha provocado la rápida caída del expresidente, su juicio político y la incorporación de Pedro Alliana en el cargo. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado y cómo ha afectado a la población?
Los cimientos del problema
Todo el problema surge a raíz de la intervención de Ueno Bank por el Banco Central de Paraguay (BCP). La razón de este procedimiento fue la alegación de falta de solvencia, procediendo a congelar las cuentas de los miles de clientes que tenía la banca. Ahora, el dinero que estaba depositado en el banco será cubierto por el Fondo de Garantía de Depósito de Paraguay, que dará un aproximado de 75 salarios mínimos mensuales del país, una cifra que asciende a 38 mil dólares por depositante.
El BCP había comenzado la investigación en junio de este año contra Ueno, porque detectaron que se habían excedido los límites permitidos para otorgar crédito a personas o empresas vinculadas con sus propios accionistas. En marzo de 2025, el ahora expresidente Peña se desvinculó de acciones que tenía con Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.
Para Fabián Vallas, internacionalista y docente universitario, el factor de que Peña haya pasado de ser parte de la administración privada a la administración pública en forma inmediata fue importante en lo sucedido en Paraguay. “Una persona que está en la administración pública, cuando deja el cargo, sabe las debilidades legales y administrativas del Estado. Cuando una empresa grande se concreta, se aprovecha de esas debilidades en beneficio de las empresas privadas, por eso es importante mantener el concepto de lo que es una autonomía entre estos dos poderes”, señaló Vallas.
A su vez, el crecimiento de Ueno Bank tuvo al Gobierno Central como principal apoyo, siendo este otro factor que hizo que Santiago Peña renunciara después del escándalo. Según el Instituto de Previsión Social (IPS), el Estado paraguayo depositó hasta 850 millones de dólares de dinero público en el banco, de organismos como el antes mencionado, cuyo rol es de la seguridad social del país y de abonar las pensiones de 32.000 jubilados.
Ana Lezcano, periodista de ABC Color Paraguay, en entrevista para este medio indicó que gracias a datos recopilados por la caída del banco, se cree que la cifra que inyectaba el Gobierno podría superar el millón de dólares con creces. “Nosotros venimos publicando que el Estado inyectaba millones de millones de dólares constantemente a este banco sin respaldo. Un banco que tenía apenas tres años, que nació y creció con el gobierno de Santiago Peña”, enfatizó la periodista.
Los nexos de Peña con Ueno Bank
Como bien se ha mencionado, la problemática de Ueno Bank no ha sido ajena al gobierno. La relación entre el ahora expresidente, Santiago Peña, y el grupo propietario del banco es indiscutible.
Mientras Peña ya ejercía la presidencia, fue accionista hasta marzo del año pasado del Grupo Vásquez, propietario de Ueno Bank. No obstante, el exmandatario ha señalado que nunca tuvo una relación directa como accionista o inversor del banco y ha negado cualquier irregularidad. En el 2023, cuando asumió la presidencia, nombró al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno desde marzo de 2022 hasta agosto de 2023. Al siguiente mes, en septiembre, Carvallo inició la dirección del BCP hasta el 3 de noviembre.
Además, el 22 de noviembre de ese año, el Banco Central autorizó la transformación de Ueno en Banco, iniciando operaciones oficiales como Ueno Bank el 1 de diciembre, pero ¿qué significó este cambio? Permitió que se ampliara su base clientes, luego de adoptar un sistema digital; en junio de 2024 se consolidó con la absorción de su competidor Visión Banco, operación que incorporó más de un millón de clientes; una extensa red de sucursales y una de las mayores bases de depósitos del sistema financiero paraguayo.
Por otro lado, el pasado domingo, la Fiscalía allanó la casa de verano en la ciudad de San Bernardino del expresidente como parte de la investigación. La entidad señala que, en mayo de 2024, Ueno Bank habría otorgado a Peña dos préstamos simultáneos por más de tres mil millones y medio de guaraníes, lo cual equivale a 577 mil dólares destinados a “financiar la construcción de esa vivienda”.
No solo eso, el Ministerio Público también indica que Peña “habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de sumas de dinero considerables provenientes de entidades públicas y previsionales” en la entidad financiera.
Transición política
Inicialmente, Peña había presentado su renuncia a la presidencia después del colapso de Ueno Bank. Anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales donde se justificó bajo la necesidad de preservar «la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país».
Sin embargo, la renuncia lo habría puesto en la posición de senador vitalicio, de acuerdo a la Constitución paraguaya. Pero este cargo le otorga inmunidad parlamentaria, lo que habría complicado que fuera sometido a juicio. Es por esto que la Cámara de Diputados rechazó su renuncia y votó por unanimidad que fuera sometido a juicio político, ya que esa sanción institucional priva al acusado de esa inmunidad parlamentaria.
Unas horas más tarde, el Senado ratificó la decisión de los diputados y ordenó la destitución de Peña de la presidencia. Posteriormente, la Fiscalía lo imputó por «lesión de confianza y administración en provecho propio» y ordenó prisión preventiva en su contra por su responsabilidad en la crisis bancaria que afecta a gran parte de la población.
Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron ese mismo 6 de noviembre y a partir de ese día el expresidente se encuentra en prisión. Pero además, los fiscales allanaron su vivienda de verano en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, y ahí se encontró una bóveda de seguridad con reconocimiento facial, huella dactilar, código y clave magnética que, cuando las autoridades pudieron abrir, se encontraba vacía.
Tras su destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia hasta el 15 de agosto de 2028. El comerciante de 52 años fue diputado nacional, presidente de la Cámara Baja y del Partido Colorado con una línea similar a la de sus antecesores, con lazos con Estados Unidos, Israel y Taiwán. Al asumir el cargo, Alliana aseguró que su prioridad es la compensación de los ahorristas y declaró que «no quiero a ningún tibio a cargo de esta misión».
El nuevo presidente será el encargado de resolver esta crisis que ha provocado el malestar de casi la mitad de la población, que se ha manifestado con protestas masivas. Como primera acción, Alliana ha solicitado que todos los ministros y altos funcionarios del país pongan sus cargos a disposición, como parte de una iniciativa para reorganizar el gobierno.
«Creo que la situación política va a tomar mucho tiempo resolverse y en cuanto a lo social se siguen desarrollando muchas protestas prácticamente a diario porque el pueblo no solamente pide la caída de Santiago Peña, sino que también del nuevo presidente Pedro Aliana y también de muchos ministros que siguen en sus cargos o que todavía no fueron acusados por la Fiscalía pese a algunos indicios o por haber aprobado los depósitos de sus entidades», indicó Lezcano.
Sin embargo, ha afirmado que las instituciones continuarán funcionando con normalidad para poder responder a los casi 3 millones de paraguayos que se han visto afectados en una situación que políticamente parece haberse contenido, pero que social y económicamente sigue aún pendiente.