Promesas y ficciones: ¿qué es lo que realmente puede hacer un alcalde?

A pocas semanas de elegir a las nuevas autoridades municipales, ¿qué cosas están en sus manos?

Por Rafael Ortega Alva

A menos de un mes de las Elecciones Municipales, los candidatos –como es habitual en las contiendas políticas– empiezan a realizar promesas que no siempre están cerca de la realidad. En la capital, donde el Censo 2025 arrojó que viven más de 10 millones de personas, esos ofrecimientos, aunque atractivos, en ocasiones no son siquiera responsabilidad de un alcalde. 

Para dejarlo en limpio, el alcalde, según el Estado peruano “es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”. Y ese punto es importante: es quien dirige y ejecuta decisiones de la administración, pero no gobierna de manera individual. Entre sus competencias se encuentra, por ejemplo, la planificación urbana, las licencias y autorizaciones específicas, el  mantenimiento y gestión de espacios públicos o los servicios municipales. Sin embargo, ¿qué cosas no están en sus manos y qué tan factibles son algunas promesas dada la coyuntura?

Seguridad

Quizás este punto sea el más comentado por los ciudadanos. No se trata de un dato menor. En la capital, únicamente en Lima Este, se han registrado 13.800 denuncias por extorsión entre enero y julio, según el Ministerio Público. De hecho, de acuerdo con una encuesta de Ipsos de agosto de 2026, el 71% de los limeños señaló que la delincuencia era el principal problema que enfrentan. 

¿Pero es competencia de un alcalde solucionar el problema de la criminalidad? Es aquí donde se confunden responsabilidades. De acuerdo con la Constitución, “la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, mientras que las municipalidades “brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la PNP conforme a ley”. 

¿Qué significa? Que lo que sí puede hacer un alcalde es coordinar con las fuerzas del orden para facilitar su trabajo. Además, puede gestionar el serenazgo con tecnología (cámaras o centrales de monitoreo), pero no puede darles armas letales. Entonces, cuando un candidato menciona que dirigirá u ordenará a la PNP (del Ministerio del Interior y la Comandancia General), o señala que declarará a la capital en estado de emergencia (exclusiva del Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros), habría razón suficiente para dudar de la seriedad de dichas propuestas. 

Transporte

Otro de los grandes problemas que atraviesa la capital. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, el tráfico vehicular ocupa el tercer lugar entre los problemas que enfrenta la ciudad, con un 31% de los encuestados. Tampoco es una novedad. Desde hace ya un tiempo, Lima se encuentra entre los lugares con la peor congestión vehicular del mundo. Según el ranking TomTom Traffic Index, los limeños pierden en promedio 195 horas al año producto de este conflicto. 

En materia de las municipalidades distritales, las funciones que tienen están relacionadas con la viabilidad de la conducción, pero deben estar en coordinación con otros organismos de regulación. Desde 2018, la administración del transporte público quedó en manos de la ATU. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Puede, por ejemplo, intervenir en la nomenclatura y señalización de calles, como los límites de velocidad urbanos o la semaforización. 

¿Puede regular el transporte público? Eso es competencia de la ATU. No es casualidad que existan candidatos que -bueno o malo- tengan como objetivo de campaña la eliminación de este organismo regulador. Conceder rutas, administrar combis, buses, taxis, el Metropolitano/Corredores son cuestiones que no están en las manos de los alcaldes. 

Deuda

Pero, más allá de las cuestiones que la norma facilita o impide, existen otras muchas propuestas que, aunque con buenas intenciones, no pueden ser ejecutadas. ¿Por qué razón? La deuda municipal. Durante la última gestión, la que corresponde a Rafael López Aliaga (quien ahora postula de manera encubierta bajo el cargo de teniente alcalde), el pago que debe la comuna limeña ascendió a S/ 5.045 millones, equivalente al 347,6% de sus ingresos corrientes.

¿Qué significa esto? Que las próximas gestiones municipales tendrán que comprometer sus recursos para pagar lo que se debe. De acuerdo con el Consejo Fiscal, Lima superó 3,5 veces el límite establecido en las reglas fiscales para los gobiernos subnacionales. También advirtió que el impacto de los compromisos financieros se harán visibles entre 2028 y 2035, donde la deuda superará los S/ 500 millones anuales, cifra que supera el gasto promedio que la capital ha destinado a inversión pública durante las últimas dos décadas.

¿Se podrán realizar obras? Sí, pero por lo menos 4 gestiones tendrán un presupuesto limitado a raíz de la deuda. Por su parte, el Consejo Fiscal también identificó que hay 24 gobiernos locales  -entre ellos Breña, La Victoria, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, el Callao- que incumplen la regla del Saldo de Deuda Total desde 2017, lo que compromete la atención básica de más de 3 millones de ciudadanos.