Entre el discurso electoral y la gestión de gobierno, existe un proceso de vigilancia que busca contrastar lo prometido con lo ejecutado. ¿Quiénes lo realizan y qué tan efectivo resulta?
Por Alexia Alegría
Las campañas electorales terminan, pero las promesas permanecen. Cada proceso electoral está marcado por propuestas que buscan convencer al electorado y ganar su confianza. En Perú, la Ley de Organizaciones Políticas exige que los partidos presenten un plan de gobierno al momento de inscribir sus candidaturas, es decir, un documento que reúne las principales propuestas que ofrecen a la ciudadanía durante la campaña.
Sin embargo, una vez elegidas las autoridades, el debate suele desplazarse hacia otros temas de coyuntura. Aunque los planes de gobierno forman parte del proceso electoral, no existe una entidad pública encargada de supervisar su cumplimiento durante la gestión. Ello ha trasladado ese rol, en gran medida, a los medios de comunicación, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, que monitorean si los compromisos asumidos en campaña llegan o no a concretarse.
¿Qué pasa con las promesas cuando acaba la campaña?
Concluida la jornada electoral, el centro del debate deja de estar en las promesas y pasa a las decisiones que adoptan las nuevas autoridades. En dicho escenario, los compromisos asumidos durante la operación comienzan a enfrentarse a la realidad de la gestión pública. La disponibilidad presupuestal, los procedimientos administrativos, las mayorías políticas o incluso los límites constitucionales pueden modificar el rumbo de las propuestas presentadas ante el electorado.
Los primeros meses de gobierno suelen ofrecer las primeras señales sobre la viabilidad de esos compromisos. Durante ese periodo empiezan a definirse las prioridades de la nueva administración y es posible identificar qué medidas comienzan a ejecutarse, cuáles cambian de enfoque y cuáles terminan quedando relegadas.
Para la periodista Alvina Ruiz, este es precisamente el momento en que debe comenzar el monitoreo a la gestión. «Un presidente ingresa y hay los primeros 100 días. ¿Qué es lo que prometió en su plan de gobierno? Sí hay un seguimiento posterior», afirma.
A ello se suma otro desafío: mantener el interés ciudadano una vez superada la campaña electoral. Ruiz sostiene que, la rapidez con la que cambia la agenda pública favorece que muchos compromisos queden relegados del debate.
«Tenemos memoria cortoplacista en el Perú. Entonces el papel de los periodistas y de los medios de comunicación ha sido fundamental y por eso es importante que los políticos siempre tengan la lupa encima», destaca. En ese escenario, seguir observando la gestión desde el inicio del mandato resulta clave para evaluar si las promesas formuladas durante la campaña empiezan a traducirse en acciones concretas.
¿Quiénes les hacen seguimiento?
La ausencia de un organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las promesas de campaña ha trasladado esa responsabilidad a otros actores. La Constitución Política establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo (artículo 93) y, en el caso de la Presidencia de la República, el incumplimiento de un plan de gobierno no constituye una causal de vacancia. Cabe destacar que el monitoreo queda fuera del ámbito de control del Estado.
Ese trabajo de contraste, sin embargo, no basta por sí solo. Según el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, ello responde al propio diseño del sistema político. «No hay ninguna entidad, ni tendría por qué haber ninguna entidad. Si ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones hace control de contenidos de los planes de gobierno, menos va a tener competencia para hacer seguimiento del cumplimiento de lo que está en el plan de gobierno», aclara.
No obstante, el experto considera que esa responsabilidad recae principalmente en la ciudadanía y los medios de comunicación. Desde el periodismo, Alvina Ruiz explica que ese control no se basa únicamente en las declaraciones de los candidatos, sino en el análisis de sus planes de gobierno.
«Se hace contrastar si es viable o no alguna de las propuestas que van deslizando todos los partidos políticos a través de los planes de gobierno. No solamente sobre declaraciones en los medios, sino básicamente sobre los planes de gobierno», detalla.
Naupari sostiene que ese control ciudadano debe ir más allá de comprobar si una promesa se cumplió o no. Implica, además, explicar por qué algunas propuestas no llegan a ejecutarse y qué factores condicionan su desarrollo.
Aun así, reconoce que la principal consecuencia frente al incumplimiento sigue siendo política. «El castigo al incumplimiento del plan de gobierno se da en las urnas, pero este es un vacío que tienen que cubrir los medios de comunicación. Los medios de comunicación y la sociedad civil sí tienen que ser exhaustivos con eso», concluye.
¿Qué tan efectivo es ese control?
El seguimiento a las promesas de campaña puede contribuir a que las autoridades rindan explicaciones sobre sus decisiones y mantener ciertos temas en la agenda pública. Sin embargo, su capacidad de incidencia encuentra límites cuando no existen mecanismos que obliguen a cumplir los compromisos asumidos durante la campaña. En ese escenario, la rendición de cuentas depende, en gran medida, de la presión que ejerzan los medios de comunicación, la ciudadanía y la opinión pública.
La existencia de una vigilancia no implica necesariamente que las autoridades modifiquen su comportamiento. Su impacto depende, en buena medida, de la presión pública que logre generar. Desde su experiencia cubriendo política, Ruiz considera que esa vigilancia suele tener impacto, aunque no siempre consiga los resultados esperados.
«Los políticos cada vez nos sorprenden. A pesar de las denuncias, siempre tienen argumentos y salidas como para no rendir cuentas», afirma. Aun así, ella sostiene que esa realidad no modifica la función del periodismo. «La labor del periodismo es llegar hasta donde tenga que llegar con la investigación. Este oficio es básicamente para fiscalizar, para cuestionar al poder», añade.
Naupari señala que, el desafío no pasa por crear nuevas sanciones para quienes incumplen sus promesas, sino por elevar la calidad de los compromisos que presentan los partidos políticos durante la campaña.
«El tema no pasa por modificar normas para hacer un seguimiento, sino por un tema de responsabilidad de los partidos, de realizar propuestas que sean realistas, propuestas que sean cumplibles y medibles también», recalca. A su juicio, una ciudadanía mejor informada también exige propuestas más responsables y facilita una evaluación más crítica de las futuras gestiones.
Aunque el seguimiento no garantiza que las autoridades cumplan lo prometido, sí permite que sus decisiones sean observadas, cuestionadas y contrastadas con los compromisos asumidos durante la campaña. En un contexto donde las promesas no son jurídicamente exigibles, la vigilancia pública sigue siendo una de las principales herramientas para fortalecer la rendición de cuentas.