Las elecciones para elegir al próximo jefe de la ONPE reabrió el debate sobre las dudas acerca de la legitimidad y la autonomía de los organismos electorales.
Por Mauricio Mendoza
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún evaluaba a Carlos Loyola, el único postulante que llegaba con vida al concurso para dirigir la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, Loyola ha sido descartado este martes 14 de julio como sucesor de Piero Corvetto, tras no alcanzar la cantidad mínima de votos para la designación de nuevo presidente de la entidad. Ante esta situación, la ONPE ha declarado —una vez más— el concurso desierto, alargando la incertidumbre sobre la conducción del organismo electoral.
El camino hasta este momento no ha sido estable. El 23 de junio de este año, la postulante Amparo Ortega renunció por motivos de salud y, días después, la JNJ excluyó a Loyola por omitir dos procesos judiciales civiles en trámite, lo que dejó al concurso sin candidatos hábiles.
Por ese motivo, el 1 de julio fue declarado desierto por unanimidad, pero, apenas dos días después, el Pleno de la JNJ aceptó un recurso de reconsideración presentado por el propio Loyola que lo reincorporó al proceso, para ser no elegido posteriormente. Ese vaivén —de la exclusión a la inclusión, del concurso desierto a un candidato único— es parte esencial y el centro del problema.
Un concurso cuestionado
La desconfianza hacia los organismos electorales no nació con esta crisis y tiene un antecedente directo en las elecciones generales de 2021. La gestión de Jorge Salas Arenas al frente del JNE quedó marcada por controversias similares.
Según Enrique Castillo, analista político, ese es el punto de partida real del problema. «Los cuestionamientos a la ONPE empiezan en el proceso electoral 2021, se esperaba que después de cinco años la ONPE hubiera aprendido la lección», comenta, señalando que al final no ocurrió.
Ese antecedente se agravó con el manejo de la primera y segunda vuelta de este año, marcadas por denuncias de irregularidades administrativas y hasta narrativas de fraude electoral. Sobre ese trasfondo, Castillo lee el desenlace del concurso como la confirmación de un problema no resuelto.
«Es una muy mala señal, no solamente el hecho de que sea sólo un postulante, sino el hecho de que además existen una serie de problemas del señor Loyola que, lamentablemente, no lo hacen la persona más idónea para el cargo”, expuso el analista.
Por otro lado, José Naupari, especialista en derecho constitucional, cuestiona una premisa que suele repetirse: la ONPE está sin liderazgo por no tener jefe titular. Para el abogado electoral, esa lectura mezcla dos cosas distintas. Una es la designación formal por concurso que, en efecto, está pendiente, y otra es la conducción operativa de la institución que sí existe en la figura del jefe interino y en el equipo técnico que viene de gestiones anteriores.
“Liderazgo hay. Lo que podría sostenerse es que hemos pasado de una ONPE con una defensa más cerrada de su autonomía, representada por Corvetto, a una ONPE que, al tener un jefe accesitario o provisional, termina estando mucho más supeditada al Jurado”, recalca el experto.
Una confianza discutida
Más allá de cómo se resuelva la disputa por la legitimidad del nombramiento, ambos especialistas coinciden en que el episodio deja una fractura institucional que no se cierra con la juramentación del nuevo jefe. Para Castillo, estos errores tienen un componente técnico muy concreto: el manejo operativo de los últimos procesos electorales.
El analista destaca que, en la segunda vuelta, la cuenta de actas de la ONPE fue notoriamente más lenta que la de procesos comparables en la región en donde “se resolvieron los conteos en tres días y acá demoraron tres semanas.»
Ese retraso no es un dato menor, sino la evidencia más visible de que la institución arrastra un problema de fondo. Por eso, Castillo insiste en que el desprestigio «todavía continúa» y sigue alimentando la desconfianza ciudadana en los organismos electorales, incluso después de que se resuelva el actual concurso.
Naupari, por su parte, apunta las reformas puntuales que dejaría esta crisis. Más que cambiar el reglamento del concurso, plantea modificar la Ley Orgánica de la ONPE para precisar los supuestos de renuncia en pleno proceso, en referencia a la salida de Corvetto, ya que «la norma, aunque te permitía renunciar por impedimento sobreviviente, este ni existió ni se justificó.»
El especialista también cuestionó la transparencia del examen de selección, al recordar que postulantes con trayectoria en puntos así no lo aprobaron, descartando que la crisis afecte al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Al final del día el JNE no organiza el proceso, pero genera un mal precedente, porque si tu trabajo es hacer procesos electorales y no los haces bien, ¿qué has estado haciendo durante todo este periodo que te haya salido tan mal?», resuelve Naupari.
Miras a futuro
De acuerdo con datos oficiales de la ONPE, las elecciones regionales y municipales están convocadas este octubre, con más de 26 millones de electores habilitados y 13,148 autoridades en disputa a nivel nacional. Eso deja aproximadamente menos de tres meses entre la eventual juramentación de algún postulante y el día de la votación, siendo así el margen real que tendría el nuevo jefe para tomar control de un proceso de esa magnitud.
Sobre si ese plazo es suficiente, Naupari sostiene que Loyola no partiría de cero, sino que heredaría un proceso ya diseñado por la gestión saliente, con protocolos ya probados en la segunda vuelta presidencial. «Vas a agarrar octubre con algo que ya no planificaste tú, sino que lo planificó tu anterior gestión, un proceso que ya está en curso», explica.
A su juicio, el principal reto del cargo no será solo organizar las elecciones de octubre, sino también supervisar el financiamiento de los partidos políticos, una tarea permanente que adquiere mayor importancia una vez que concluye cada proceso electoral. «Esa es una carga que sí vas a tener, porque luego de que termine el proceso te van a llover todos los informes», advierte el analista.
Esa lectura técnica contrasta con la política. Castillo pone énfasis en la percepción pública, en un contexto donde la ONPE llega arrastrando el desgaste reputacional de la primera y segunda vuelta de este año. Sin embargo, lo único que puede ofrecer la ONPE para recuperar confianza es gestión pura, buscar «eficiencia, honestidad y transparencia son las tres cosas que deberían mostrar», cualidades que no estuvieron presentes ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta de este año, según su análisis.
Ese antecedente reciente, sumado al de 2021, es el terreno en el que puede germinar un nuevo cuestionamiento a los resultados de octubre, tenga o no fundamento. «Frente a unos organismos electorales que son ineficientes y poco transparentes, es lógico que se presenten figuras políticas con dudas que, con razón o sin ella, aludan que fueron perjudicadas por los procesos electorales», finaliza Castillo.
Lo que deja este concurso, en definitiva, no es solo la duda sobre si el próximo líder de la ONPE sea la persona idónea para el cargo, sino la evidencia de que la institución llega a otros procesos electorales con una legitimidad de origen debilitada y sin un margen para volver a fallar.