Desde el 2 de agosto, la PNP reforzará las medidas de control para los vehículos automotores menores, con la exigencia de brevete, placa y SOAT.
En los últimos años, se ha vuelto cada vez más cotidiano el uso de scooters y motos eléctricas. Estos vehículos, que en teoría son de uso personal, han pasado a poblar las calles como respuesta al tráfico que, año tras año, sitúa a Lima entre las diez ciudades con más horas perdidas en el mundo, según el TomTom Traffic Index.
Sin embargo, su uso no está totalmente regulado, ya que estos nuevos medios de transporte están en un limbo entre los vehículos de movilidad personal (VMP) y los vehículos automotores menores (Categoría L). Esto genera dudas en las situaciones en las que estas motos pueden circular; sin embargo, ¿por qué es importante que exista un marco normativo claro para estos vehículos?
¿Qué dice la ley?
Los VMP y los vehículos de Categoría L tienen normas de circulación, límites técnicos, requisitos de documentación y sanciones diferentes. Los primeros son medios de transporte de una o más ruedas diseñados para una sola persona y con una velocidad máxima de hasta 25 km/h. Los segundos, en cambio, son todos los automotores de menos de cuatro ruedas, subclasificados según su velocidad, tipo de motor y diseño.
Los VMP tienen prohibido llevar pasajeros, pues su uso es exclusivamente personal. Deben transitar por ciclovías o por el carril derecho de la calzada porque su velocidad permitida es de 25 km/h como máximo.
En ese sentido, tampoco pueden ir por la vereda, a menos que el conductor baje y empuje el vehículo, y tienen prohibido el paso por vías expresas. No necesitan brevete, placa ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pero el conductor está obligado a usar casco y alguna prenda retrorreflectante. Las multas por infringir estas normas van de S/110 a S/440.
Según explica el Ministerio de Transportes, en el caso de las motos eléctricas, corresponde la reglamentación de la Categoría L. Independientemente de la apariencia, si el vehículo supera los 25 km/h, es considerado un automotor menor. Esto hace que sea necesario tramitar una tarjeta de propiedad, una placa, contratar un SOAT y sacar un brevete de Clase B2. Por otro lado, está prohibida su circulación por ciclovías y veredas, deben transitar obligatoriamente por la pista siguiendo las reglas de tránsito.
Las multas, en este caso, van de S/ 220, en caso de invadir una ciclovía, hasta los S/ 2100 y la retención del vehículo si es que exceden el límite de velocidad permitido y el conductor no tiene SOAT, brevete ni placa.
Sin embargo, esto casi nunca se respeta. Es común ver en las calles de Lima motos eléctricas circulando por ciclovías a velocidades superiores de la permitida. El problema afecta a los peatones y a otros conductores de vehículos que sí son de movilidad personal.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) se pronunció al respecto y explicó que las unidades eléctricas menores no son vehículos de movilidad personal. Por lo tanto, deben cumplir con todos los requerimientos mencionados anteriormente. «En esos casos ya no estamos frente a un VMP, sino ante un vehículo automotor que debe ser registrado en la Sunarp y cumplir con todas las obligaciones de ley», declaró para diversos medios Ellioth Tarazona, gerente de Asuntos Técnicos de la AAP.
Norma sin fuerza
El reglamento existe y es claro, pero la problemática surge porque, en la práctica, muchos usuarios no lo cumplen. “Ellos circulaban por vías rápidas, avenidas, no respetaban los semáforos ni al peatón, circulaban por las ciclovías y por las veredas”, declara César Ramos, subgerente de Asuntos Regulatorios de la Asociación Automotriz del Perú.
Según el experto, todo eso parte de la falta de identificación, pues al no sentirse identificados con una placa, sienten que las normas de tránsito no les son aplicables y que pueden desplazarse sin ninguna regla en perjuicio de los demás usuarios de la vía.
Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la entidad responsable de establecer las disposiciones contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito, el control en la vía pública recae en la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada de fiscalizar su cumplimiento. Posteriormente, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) registra las infracciones vinculadas a los vehículos formalmente inscritos.
En el caso de los vehículos eléctricos, el escenario presenta retos adicionales. Al tratarse de medios de transporte relativamente nuevos, generan confusión tanto entre los usuarios como entre algunas autoridades respecto a la categoría a la que pertenecen y las obligaciones que deben cumplir.
Asimismo, debido a que muchos de estos vehículos no cuentan con placa, cuando ocurre un accidente o una infracción, resulta mucho más difícil identificar al responsable y realizar el seguimiento correspondiente. En contraste, los medios de transporte registrados pueden ser identificados a través de la plataforma Consulta Vehicular de Sunarp, que permite conocer a su propietario.
“Estos deben contar, como todo vehículo automotor menor, con los documentos correspondientes: el SOAT, que brinda la cobertura en caso de un accidente; la licencia, que acredita la pericia de manejo del conductor; y la placa, que forma parte de la identificación propia de la inmatriculación vehicular”, asegura Ramos, al destacar la importancia de los requisitos exigidos por la ley.
Frente a esta problemática, la Dirección de Tránsito de la PNP anunció que, a partir del 2 de agosto de este año, impondrá sanciones a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías. Del mismo modo, se aplicarán multas a quienes no cuenten con la documentación requerida.
La medida fue presentada el 18 de junio durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores. Estas acciones de sensibilización se desarrollarán durante 45 días en distintos puntos de Lima Metropolitana. Concluido ese periodo, comenzará la etapa de fiscalización y aplicación de sanciones. No obstante, algunos especialistas cuestionan la forma en que se está implementando la medida.
«Que el Estado actúe tardíamente genera problemas para los ciudadanos, mayores costos y posibilidades de corrupción. Cuando los plazos son muy cortos, muchas personas no llegan a cumplir con los trámites y eso termina generando incentivos para buscar mecanismos informales”, afirma Eduardo Gonzales, exministro de Transportes y Comunicaciones, en referencia a la posible congestión que podría generarse entre los usuarios que buscan regularizar su situación antes de la entrada en vigor de las sanciones.
Pero el problema no se origina únicamente en las calles, sino también en los puntos de venta. “Lo que ha propiciado esta campaña de fiscalización es justamente el incumplimiento por parte de los usuarios y la confusión generada durante años. Muchas personas adquirieron estos vehículos bajo la premisa de que no necesitaban licencia, SOAT ni placa, cuando en realidad siempre estuvieron obligados a cumplir con ese esquema normativo”, comenta Ramos.
En la misma línea, Gonzales considera que hubo una falta de coordinación entre las autoridades y las entidades comercializadoras. “Las empresas encargadas de vender este tipo de vehículos los comenzaron a ofrecer como movilidad personal, que no requería placa. Eso debió preverse”, sostiene.
Añade, además, que el ministerio debería haber coordinado con las entidades privadas y con las empresas que los comercializan para establecer claramente cuáles eran sus obligaciones. De esa manera, no habría existido publicidad engañosa y hoy se podría estar en otro escenario.
La normativa busca que los conductores de estos vehículos eléctricos puedan ser identificados y respondan ante accidentes e infracciones. Sin embargo, el cumplimiento sigue siendo uno de los principales desafíos. Ante el crecimiento sostenido de estos medios de transporte en Lima, el reto para las autoridades será garantizar una regulación efectiva que contribuya a una movilidad más segura, ordenada y responsable para todos los usuarios de la vía.