Bolivia en una crisis creciente

El nuevo presidente Rodrigo Paz está enfrentando el estallido de una crisis social y política que solicita su renuncia.

Por Alexandra Jave y Matias Illescas

Hace cinco semanas, Bolivia empezó a registrar manifestaciones en la región andina del país que pedían la anulación del incremento del precio en los combustibles y una solución a la escasez de alimentos y carburantes. Pero las demandas se han extendido y ahora los manifestantes reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses.

El conflicto ha estallado especialmente en ciudades como La Paz y El Alto. Además, se ha registrado un saldo de nueve fallecidos y los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, han renunciado a sus cargos. ¿Cómo ha escalado el conflicto y qué tan probable es que Rodrigo Paz renuncie?

Conflictos previos

El problema comenzó a finales de 2025, cuando el presidente Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia tras 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), adoptó medidas que buscaban frenar la crisis de combustibles e inflación heredada. Bolivia enfrentaba un contexto de estanflación, es decir estancamiento económico y alta inflación, que llevaron a la economía del país a decrecer en -1.12% en 2024 y -1.58% en 2025. En consecuencia, aumentó la pobreza y la población tenía un poder adquisitivo cada vez más bajo.

Además, durante los últimos cinco años, Bolivia acumuló un déficit fiscal de más de 30 mil millones de dólares, y la deuda pública alcanzó el 90% del PBI, lo que limitó la capacidad del Estado para implementar nuevos shocks económicos, según indicó el propio Gobierno. También se vieron afectadas las Reservas Internacionales Netas (RIN), y esto se tradujo en una escasez de dólares que afectó a toda la población, además de la crisis de hidrocarburos que afectó la exportación del gas, una de las principales fuentes económicas del país.

En este escenario, Paz adoptó el Decreto Supremo N° 5503, un paquete de medidas económicas con el que declaró la emergencia económica, financiera, energética y social. Con este shock económico buscaba recuperar la estabilidad macroeconómica y recuperar liquidez interna. En ese sentido, una de las medidas que adoptó fue el aumento de los precios de los combustibles, con montos transitorios durante seis meses. 

Esta situación provocó la primera gran ola de protestas en 2026, que llevó a que el presidente Paz derogue el Decreto 5503 el 11 de enero, al haber llegado a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Pero luego, en febrero, el Gobierno empezó a distribuir combustible altamente cuestionado por causar presuntas fallas en los motores de los vehículos que la consumían.

Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia, el 60% de los vehículos que entraron a talleres mecánicos en febrero tenían fallas en gasolina. El Gobierno dio varias versiones, pero terminó atribuyendo la culpa a la gestión anterior. Este evento provocó nuevas protestas y causó la salida del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, profundizando la crisis política. 

Pero además, una ley promulgada dentro del paquete de medidas causó el descontento de gran parte de las organizaciones indígenas y campesinas, que calificaban la norma como inconstitucional y como una amenaza que favorecía la concentración de tierras. 

Al respecto, el analista político boliviano, Ricardo Calla, declaró para Nexos que «hubo un decreto que pretendió transformar, en parte, muy parcialmente, que las pequeñas propiedades que en Bolivia tienen restricciones para el acceso a crédito pasaran a ser consideradas propiedades mayores con derecho a que se pudieran hipotecar para propósitos de crédito».

La situación detonó en una marcha indígena de 28 días desde la Amazonía hasta La Paz y el presidente derogó la ley el 13 de mayo, aunque los bloqueos ya habían escalado. 

Esto además se vio agravado por el rechazo del Ejecutivo ante el pedido de la COB y la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), que incluían una serie de demandas que como un aumento del 20% del salario mínimo y el compromiso de no privatizar empresas estatales. Ahora, más de cinco semanas después del inicio del conflicto, el país afronta una serie de bloqueos y protestas encabezadas por la COB y respaldadas por el expresidente Evo Morales y grupos afines a él.

Morales ha advertido que las protestas representan una «sublevación del pueblo» ante las medidas del presidente Paz, mientras que el mandatario ha afirmado que no se trata de protestas genuinas sino de un «plan macabro» de Evo Morales para «desestabilizar el orden democrático y recuperar el poder político».

¿El diálogo funciona?

Frente a la ola de protestas, el Ejecutivo ha tomado diversas medidas en un intento de frenar, principalmente, los bloqueos en ciudades como La Paz y El Alto, que derivaron en la prohibición del ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y el paso de las ambulancias.

Una de las medidas, pero que no ha tenido éxito, han sido las mesas de diálogo. Uno de estos espacios fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara, quien además preside la Asamblea Legislativa y mantiene distancia de posturas con el Ejecutivo. Además, Paz ha encabezado más de un espacio de concertación junto a representantes económicos y sociales para contender medidas urgentes que atiendan a la situación interna.

Añadido a ello, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto, la semana pasada, las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados.

“Está buscando que a través del diálogo se puedan levantar los bloqueos, pero seguramente también está pensando que con el tiempo la gente se va a ir cansando. Además, mucha gente va a comenzar también a intervenir directamente para levantarlos sin necesidad de la intervención de la fuerza pública. Entonces, creo que el tiempo es un cálculo con el que él está jugando con el tiempo para que se vaya dando de a pocos”, sugirió el internacionalista, Francisco Belaúnde Matossian.

En medio de este panorama, el Gobierno promulgó una nueva ley que elimina las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en guerras civiles y/o conflictos internos. Además, el Congreso instauró la posibilidad de que el presidente pueda declarar un estado de excepción que limita las libertades de movilidad y reunión, derechos imprescindibles para la protesta; a pesar de que la Cámara de Diputados y la de Senadores eliminaron esta norma desde el 2020.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo “la última opción” y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.

Permanencia y renuncias

Debido al desborde de la situación y a la escalada del conflicto en el país sudamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y ha realizado un llamado al diálogo para lograr el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios. Además, señaló que los manifestantes y el Gobierno andino deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”.

Sin embargo, la entidad internacional reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, pero alertó que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Por otro lado, el pedido principal ha mutado de solicitar la provisión de combustible y explosivos para las actividades de los mineros y el aumento salarial del 20% por parte de la Fedecomin a la renuncia del mandatario. ¿Qué tan probable es que renuncie?

“El escenario no es como para que renuncie Rodrigo Paz, porque políticamente sigue siendo muy fuerte y en términos de las estructuras institucionales está bastante bien parado. Entonces, no es muy posible que vaya a renunciar ni nada parecido”, advirtió Calla.

Sin embargo, quienes sí han renunciado a sus cargos han sido los ministros de Educación y Defensa, Mauricio Salinas y Beatriz García, respectivamente. En ese sentido, el primero fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

El futuro de la ciudadanía boliviana dependerá de los consensos a los que pueda llegar el presidente Paz en conjunto con los manifestantes, al buscar alternativas a las mesas de diálogo que no han demostrado surtir efecto.