En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos que Perú vivió su año más letal para los periodistas en décadas.
Por Igor García, Mauricio Mendoza y Matias Illescas
Cada noticia tiene detrás a un periodista que investiga y decide contar lo que otros preferirían ocultar. De allí nace una famosa frase repetida dentro de la profesión: “el periodismo debe ser incómodo con el poder”. Sin embargo, ejercer este oficio implica más que informar, pues supone enfrentar amenazas, resistir presiones, callar forzadamente e incluso convivir con el riesgo de perder la vida.
El Perú no es ajeno a esta realidad. En 2025, cuatro periodistas fueron asesinados. Además, el país descendió 14 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando del puesto 130 al 144. ¿Cuál es el estado de la libertad de prensa en el panorama peruano y qué consecuencias tiene su debilitamiento?
Prensa nacional en peligro
Gastón Medina Sotomayor (Ica), Raúl Celis López (Iquitos), Fernando Nuñez Guevara (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos Tenazoa (Aguaytía) son los periodistas que fueron asesinados en Perú durante 2025, un año que se convirtió en el más letal para la prensa nacional en lo que va del siglo.
De acuerdo con la base de datos de RSF, al menos 60 periodistas fueron asesinados en el mundo ese mismo año. Palestina encabezó la lista con 25 muertes, seguido de México con 9 y Perú con 4. En Sudamérica, nuestro país registró la cifra más alta de asesinatos de periodistas, solo por delante de Ecuador, que reportó tres casos.
También, el informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) revela que durante el 2025 se han registrado 458 ataques contra la prensa en el país. La mayor parte correspondió a 127 amenazas y actos de hostigamientos, seguida de 114 agresiones físicas y verbales. A ello se suman mecanismos legales y administrativos utilizados como forma de coacción, al haber 46 casos de intimidación judicial y cuatro sanciones o presiones administrativas.
“El periodismo se encuentra completamente bajo asedio. Tenemos los peores números de agresiones a periodistas de los últimos 30 años y en 2025 hemos vuelto a tener asesinatos de periodistas luego de ocho años sin tenerlos”, señala Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, al recordar el caso de José Yactayo en 2017.
Los cuatro periodistas asesinados el último año realizaban investigaciones y cuestionamientos directos al poder local en sus respectivas regiones. Además, en ninguno de los casos se reportó robo de pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de ataques dirigidos.
“Las muertes aún están en investigación, pero vemos que todavía en provincias de la sierra o selva también ocurren estos silenciamientos a los hombres de prensa que investigan temas de presunta corrupción en sus instituciones públicas como municipalidades o gobiernos regionales”, comenta Gianmarco Mauricio, jefe de prensa de N60 Noticias, medio trujillano.
Por su parte, Lainez advierte que existe un patrón de ataques deliberados contra el periodismo como respuesta a la exposición de casos de corrupción. “Si revisamos lo ocurrido en los últimos años, no es el Ministerio Público —cuya función es perseguir el delito— desde donde surgen las principales revelaciones, sino del propio trabajo periodístico”, afirma, en referencia a investigaciones emblemáticas como el caso Cócteles, el caso Lava Jato, el caso Rolex y el denominado “chifagate” de José Jerí.
Una defensa endeble
El año pasado no solo dejó cifras alarmantes para la profesión, también refleja una falla estructural del sistema en la protección de la libertad de prensa en el país. Lo más preocupante es que hasta el momento de redacción de esta nota, aún no hay culpables claros para esta serie de asesinatos a periodistas.
Según un estudio de la Fundación Gabo en 2025, Perú registra los porcentajes más altos de amenazas digitales y directas, con 26% y 17% respectivamente. Este escenario ha generado lo que se conoce como «desiertos informativos», zonas donde los periodistas optan por no investigar o dejan de publicar información sensible por miedo.
El país cuenta desde el 2021 con un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, adscrito al Ministerio de Justicia, donde califican los periodistas. Sin embargo, pese a que sobre el papel la estructura existe, en la práctica, los resultados son negativos.
“El Estado lo que tiene es un mecanismo de protección a defensores, los periodistas son considerados defensores, pero los resultados son mínimos. De varios casos que hemos presentado, me atrevo a decir que ni en un 10%”, señaló Lainez.
Esta falla no es nueva. Lainez recuerda que durante la pandemia, cuando Perú fue uno de los países con más periodistas muertos en el mundo, los gremios pedían al Estado equipos de protección básicos, sin embargo, el Estado no llegó a entregar garantías.
Las consecuencias de la desprotección afecta particularmente a las regiones. El estudio de la Fundación Gabo toma como ejemplo a Cusco, donde varios periodistas carecen de un vínculo laboral formal, siendo una forma de dependencia y precariedad financiera. A esto se suma la ola de violencia que asedia al país y el resultado termina siendo que se termina practicando la autocensura.
Mauricio coincide en este punto, pero añade que la presión no siempre viene del exterior. “Las mismas líneas editoriales autocensuran a los periodistas, en cuanto a lo que uno puede investigar o lo que uno puede escribir. Eso ya depende de cada empresa también”.
Ante la indiferencia del Estado, Lainez afirma que la impunidad es el mensaje más claro y peligroso alrededor de este tema. “Mandas a asesinar a un periodista y no pasa nada, nunca vas a tener que responder ante la justicia, y también les da un manto de que puedes seguir haciéndolo”.
Un problema a gran escala
El problema, sin embargo, no es exclusivamente peruano. En todo el mundo, y sobre todo en la región, se vive uno de los momentos más oscuros para la prensa, marcado por la violencia y las prohibiciones estatales. Es por eso que este año, por primera vez en sus 25 años de historia, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras registró que más de la mitad de los países del mundo está en una situación «difícil» o «muy grave».
En esa línea, la sexta edición del índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa (SIP) advirtió sobre un deterioro significativo en las condiciones para el ejercicio del periodismo en América. Ambos estudios sugieren que el problema radica en las decisiones institucionales de los países analizados, que muestran una constante presión política y condiciones de violencia.
Uno de los casos más resaltantes es el de Estados Unidos, que en el último año descendió siete puestos en el ranking de RSF y 22 puestos respecto a 2022. Este país, durante el segundo mandato de Donald Trump, se ha caracterizado por amenazas constantes a los detractores de las ideas del presidente.
En octubre de 2025, el periodista salvadoreño Mario Guevara fue detenido y deportado del país norteamericano tras 16 años trabajando en él, mientras cubría los arrestos de los migrantes. La RSF denunció que este hecho reflejaba el deterioro de la seguridad de los periodistas y criticó las violentas represiones policiales.
Además de este caso, en marzo de este año el director del FBI, Kash Patel, señaló que la periodista del New York Times (NYT), Elizabeth Williamson, estaba siendo investigada por indagar sobre Patel y un presunto uso irregular de los recursos del Estado. Según el reportaje del NYT, el FBI habría buscado información de la periodista en bases de datos para evaluar si sus acciones podrían haber violado las bases federales sobre el acoso.
Pero Estados Unidos no es el único país afectado por este fenómeno. Argentina y El Salvador, gobernados por los amigos de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, han caído 11 y 8 puestos en el ranking respectivamente. Para RSF, esta caída se debe al «deterioro de los indicadores políticos y sociales, que marca un aumento de la hostilidad y de las presiones hacia la prensa».
En el caso de Argentina, hace algunas semanas el presidente Milei bloqueó el acceso a más de 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo, por una investigación por un posible «espionaje ilegal». Tras esto, además, el mandatario publicó un tweet en el que afirmó que le «encantaría ver a esas basura inmundas que portan credencial de periodistas que salgan a defender los que hicieron estos dos delincuentes», en referencia a un reportaje de dos periodistas del canal TN donde grabaron el interior de la Casa Rosada.
Pero El Salvador no se queda atrás. En junio de 2025, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció en un comunicado un posible plan de captura del Gobierno contra los periodistas del medio digital salvadoreño El Faro. Óscar Martínez, jefe de información del medio, explicó en sus redes sociales que se habían enterado de que los capturarían en su llegada al aeropuerto por haber denunciado los pactos del presidente Bukele con los maras.
En ese sentido, la APES ha registrado que, en 2024, el 70% de las 551 agresiones documentadas contra periodistas de su país fueron cometidas por agentes estatales. Estas cifras muestran un panorama preocupante con una tendencia que acerca a dichos países a posiciones como las de dictaduras como Venezuela (puesto 159), Cuba (160) o Nicaragua (168), donde la prensa libre se acerca más al mito que a la realidad.
Sin embargo, hay algunos países que han mejorado sus condiciones para ejercer el oficio periodístico, como Brasil que subió del puesto 63 al 52, o Uruguay que se ubica en el 48, pero las condiciones siguen estando lejos del panorama ideal. Es por eso que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa recordamos la importancia del periodismo libre, uno que ayude a sostener la democracia y que trabaje en beneficio de toda la población.
