La elección del presidente de la Mesa Directiva, en la que salió victorioso José María Balcázar, ha llevado a una parte de la población y a algunos especialistas sobre la posibilidad de que el voto deje de ser secreto.
Por Matias Illescas
El pasado miércoles 18 de febrero, el Congreso eligió al nuevo presidente de la Mesa Directiva que reemplazaría a José Jerí tras su censura por haber sostenido reuniones extraoficiales con empresarios chinos y por presuntas contrataciones irregulares a mujeres en Palacio de Gobierno. El ganador de esa elección fue José María Balcázar, quien obtuvo 64 votos frente a los 46 de María del Carmen Alva.
El resultado del proceso llevó a que Balcázar, de Perú Libre, se convierta en el nuevo presidente de la República por sucesión constitucional. Sin embargo, la elección causó incertidumbre, ya que para alcanzar ese número de votos habría sido necesario contar con el respaldo de algún partido de derecha. Pero, al tratarse de una votación secreta, no existe evidencia de quiénes avalaron a su favor. En ese sentido y en casos delicados como este, ¿el voto debería ser público?
El debate pone sobre la mesa dos cuestiones democráticas que podrían ser dicotómicas: por un lado, está el derecho ciudadano de conocer cómo votan sus representantes para poder rendir cuentas al respecto y por el otro, está en juego la protección de la libertad de conciencia del parlamentario frente a posibles presiones políticas.
El artículo 12 del Reglamento del Congreso establece la elección del presidente de la Mesa Directiva después del proceso de censura e indica el procedimiento de votación, que dispone el voto secreto como parte del proceso. Este mecanismo se ha mantenido durante décadas y busca proteger la autonomía del congresista frente a posibles presiones externas o represalias por parte de algún partido.
En ese sentido, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, indicó a Nexos que “a veces, es necesario mantener cierto secretismo para poder llegar a acuerdos de carácter político. (…) Ese voto no era público, precisamente porque el secretismo permitía que las personas actuaran con libertad de conciencia. En cambio, si las votaciones fueran abiertas y transparentes, los parlamentarios tendrían que ajustarse a los acuerdos de sus bancadas o grupos políticos”.
Esta norma se vincula a la prohibición del mandato imperativo, es decir, los congresistas no están obligados a seguir instrucciones de sus partidos o de los electores, sino que representan a la Nación en su totalidad.
En el caso de la elección de Balcázar, durante la primera vuelta se presentaron cuatro listas de candidatos a la presidencia del Parlamento: la lista 1 de Héctor Acuña (Honor y Democracia), la lista 2 de María del Carmen Alva (Acción Popular), la lista 3 de Edgar Reymundo (Bloque democrático) y la lista 4 de José María Balcázar (Perú Libre).
La cuarta lista tuvo la mayoría de votos en la primera vuelta con 46 a favor, seguida por la de Maricarmen Alva con 43 votos. Por ello, tuvieron que ir a una segunda votación en la que Balcázar sumó 18 votos más, mientras que la lista 2 solo obtuvo 3 votos adicionales.
Tomando en cuenta la composición de las agrupaciones en el Parlamento, las bancadas de izquierda no alcanzarían sumar los 64 votos que llevaron a Balcázar a la presidencia, por lo que algunos congresistas de derecha habrían tenido que votar a su favor. En este contexto, surge la duda sobre la posibilidad de hacer públicos los votos.
Algunos especialistas consideran que el problema no está necesariamente en el mecanismo de votación, sino que podría estar en la crisis de representación y en la baja confianza ciudadana hacia el Congreso.
Para el politólogo Fernando Tuesta, el voto secreto permite que los parlamentarios elijan libremente. “Los congresistas son elegidos por voto secreto, pero sus votaciones son públicas. Es más, para la elección de los miembros de la Mesa Directiva del Congreso se garantiza el voto secreto, aun cuando las votaciones en el ejercicio de su función pueden ser públicas. Esa es la garantía de la libertad del voto”, afirmó en su blog.
No obstante, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Congreso ostenta un 89% de desaprobación en febrero de 2026. Por consiguiente, ante la elección de un presidente con múltiples investigaciones por apropiación ilícita, estafa, cohecho y prevaricato, una parte de la población busca identificar a quienes votaron por él.
“Es totalmente legítimo que la ciudadanía quiera saber quiénes hicieron posible ese resultado, pero eso colisiona con la lógica institucional que protege la libertad de conciencia del parlamentario”, indicó Martín Cabrera, abogado especialista en asuntos parlamentarios y director ejecutivo de IPOC Consultores, para este medio.
Pero no es la primera vez que una idea de este estilo se propone. En el año 2000, el Congreso aprobó una resolución que prohíbe que se utilice el voto secreto para la aprobación de reformas constitucionales o censuras a la Mesa Directiva del Parlamento.
En ese sentido, abogados como Cabrera consideran que se podría estar vulnerando un principio del derecho que afirma que “donde existe la misma razón de derecho, hay igual derecho”, es decir que, si la censura de la Mesa Directiva se vota públicamente, a la elección le correspondería el mismo procedimiento.
“Como ciudadano siento que debería ser público, así como la censura es pública con tablero, la elección también debería ser así, pero, como especialista, creo que nos debemos las instituciones y debemos protegerlas, porque el problema no son las instituciones, ni los mecanismos con los cuales operan”, añadió Cabrera.
El problema, por lo tanto, podría estar más allá del modelo de votación. En ese contexto, para Cevasco es fundamental que el próximo Gobierno tenga mayoría congresal para poder hacer reformas, o que exista la renovación de los parlamentarios a mitad de mandato. Por otro lado, para Cabrera una solución podría ser transparentar los resultados por bancada sin revelar el voto individual.
Más allá del tipo de voto, el problema está en la necesidad de revisar las normas del funcionamiento del Parlamento para que la transparencia no se vea afectada y la estabilidad política tampoco.
