En medio de un tenso escenario electoral, la franja se ha visto envuelta en un conflicto de intereses entre los partidos y los medios de comunicación
Por Alexandra Jave
En camino a las urnas, la franja electoral -creada desde el 2000- funciona como forma de campaña política en el que los medios de comunicación entregan un espacio publicitario dentro de su programación para que candidatos y partidos políticos puedan dar a conocer sus propuestas al electorado.
El propósito de esta surgió para garantizar igualdad en la competencia política y acercar propuestas a la ciudadanía, debido a que, antes de su creación, cada partido publicitaba su campaña electoral en medios de comunicación -televisión y radio- respecto a los recursos con los que contaba.
Sin embargo, durante la presente campaña, el programa Cuarto Poder reveló que diversos partidos políticos destinaron los fondos públicos proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a medios de comunicación vinculados a sus militantes para la franja electoral.
Proporcionalidad por curules
La ONPE repartió S/ 79.9 millones para financiar la propaganda de los candidatos, que se realizará desde el 11 de febrero hasta el 9 de abril. El monto se distribuyó entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el plazo establecido del 23 de diciembre de 2025.
En cuanto a medios digitales -Instagram, Facebook y YouTube-, el monto asignado fue de S/ 8,709,182 igualitariamente entre las 38 organizaciones. Para radio y televisión se establecieron S/ 71,290,817. La primera mitad de S/ 35,645,408 fueron repartidos de forma equitativa (S/ 938,037 por organización).
Sin embargo, la segunda mitad no fue igual para todos, ya que se realizó proporcionalmente a la cantidad de congresistas que cada agrupación logró instalar en el Parlamento a raíz de las últimas elecciones (periodo 2021-2026). Cabe recalcar que este fue el único criterio para la repartición del tesoro público.
En ese sentido, los partidos que más beneficio económico obtuvieron fueron Perú Libre con S/ 7,569,530; Fuerza Popular con S/ 5,423,380; Alianza para el Progreso con S/ 3,827,328; Renovación Popular con S/ 3,470,823 y Avanza País con S/ 2,408,517. El resto de agrupaciones sin representación parlamentaria se les asignó alrededor de un millón y medio de soles. ¿El motivo de la repartición es suficiente para la asignación de los fondos?
Para el abogado constitucionalista, Javier Albán, ese criterio podría ser ajustado -al menos temporalmente- a una realidad como la que se vive actualmente, con otra dinámica.
“Estamos en una situación en que la cantidad de outsiders es enorme, y no solo eso, sino que la representación que tienen los partidos, que sí han llegado al Congreso, es bajísima. Todo eso genera una situación de falta de representatividad, de gente que se siente desconectada”, complementó.
Para el especialista, debería haber una repartición más equitativa entre todos los candidatos, independientemente si es que están o no en el poder. Sin embargo, los abogados José Naupari y Silvia Guevara consideraron correcta la distribución de acuerdo a proporción de curules en el Congreso.
“En sí, la idea de la franja electoral y de un presupuesto que equipare la cancha a mí me parece positivo, lo que se tiene que mejorar es el procedimiento porque tiene que haber algunos candados”, mencionó por su lado Guevara.
Por otra parte, Naupari consideró válida la situación porque tiene un sustento normativo directo. “Un porcentaje se distribuye de manera equitativa y otro en función del total de escaños que hayas llegado a obtener en la elección general anterior; ahí no hay mayor discusión”, señaló.
Conflicto de intereses
La polémica se desató cuando se conoció que el partido Primero la Gente destinó el 24% del presupuesto asignado por la ONPE —S/ 416 mil— a Nativa TV, medio vinculado a Miguel del Castillo.
El conflicto de intereses quedó expuesto luego de que se confirmara que Del Castillo —quien postula como candidato a diputado número uno por esa agrupación— participó en el proceso de contratación. El propio vicepresidente del partido, Manuel Ato Carrera, reconoció su intervención en la elección del canal, cuya razón social es Abra Producciones S.A.C.
Un escenario similar sucedió en País para Todos, ya que su candidato presidencial, Carlos Álvarez, aseguró no haber participado en la distribución de los fondos luego de enterarse de que el 38% del presupuesto asignado a su partido —S/ 642 mil— también fue destinado a Nativa TV. En suma, Fuerza Popular le pagaría en total S/ 30,800 a Radio Kaliente, cuya gerente es Tania Burgos Solano, afiliada al partido desde octubre del 2024.
El Partido Regionalista de Integración Nacional, que postula a Walter Chirinos Purizaga, reportó haber dirigido el 53% de sus recursos —S/ 906 mil— a Sol TV. Chirinos admitió que hubo un error en la asignación y anunció que realizarían los ajustes correspondientes conforme a la normativa vigente, descartando cualquier irregularidad.
Asimismo, Alianza para el Progreso transfirió S/349,882 a Cosmo Televisión. Aunque el candidato Jair Ramírez negó que el medio pertenezca a la familia Acuña, en los Registros Públicos no figura ningún documento que acredite la transferencia de propiedad o la renuncia accionaria de los fundadores vinculados a dicho entorno.
En ese sentido, Naupari advirtió que no hay prohibición de que se destine el íntegro del monto a un determinado medio, ni de que se asigne a uno con alcance en determinadas regiones, ni tampoco de que exista algún vínculo con ese medio. “Sin embargo, sí podría decirse que esto afecta o distorsiona el proceso en la medida en que el medio elegido podría no tener el alcance suficiente para que la mayor cantidad de ciudadanos conozca las propuestas del partido”, destacó el experto.
En ese sentido, podría entenderse como una afectación al proceso, aunque no existe una dimensión normativa ni un supuesto de ilegalidad. No obstante, el Ministerio Público ha señalado la posibilidad de una investigación por el presunto mal uso de recursos públicos destinados a la franja electoral.
En esa línea, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Aladino, informó que la información recopilada fue derivada a las fiscalías especializadas anticorrupción, a fin de que se determine la apertura formal de una investigación penal.
En suma, recordó que los recursos asignados a la franja electoral tienen carácter público y una finalidad concreta, vinculada a la difusión de propuestas y planes de gobierno durante el proceso electoral, y advirtió que cualquier apropiación indebida de dichos fondos podría configurar un delito de peculado.
Tras la polémica, Primero la Gente, País para Todos y otras agrupaciones como Perú Libre decidieron renunciar parcial o totalmente a la franja. No obstante, aún quedan otros con una situación similar de conflicto de intereses, por ello la Contraloría ha presentado una orientación de oficio a la fiscalía para alertar situaciones sobre uso de la franja electoral.
“La Contraloría no tiene competencia para auditar a un partido político, porque se trata de una organización de naturaleza privada. Tampoco puede auditar a un medio de comunicación, que igualmente es un privado. Lo único que puede hacer es requerir información”, señaló Guevara.
En ese escenario, según el experto, la única entidad que puede auditar es la ONPE. Por lo tanto, lo que correspondería sería preguntarle a la entidad qué medidas preventivas adoptó frente a la advertencia de un posible hecho de corrupción.
En medio de cuestionamientos y vacíos normativos, el debate sobre la franja electoral vuelve a poner sobre la mesa los límites del financiamiento público indirecto y los mecanismos de control que lo acompañan. Si bien la normativa vigente no prohíbe que los partidos destinen la mayor parte —o incluso la totalidad— de sus recursos a un solo medio, los recientes casos han evidenciado zonas grises que tensionan el principio de equidad que dio origen a este sistema.
