Las tradicionales restricciones de los comicios seguirán vigentes este año, pese a los cuestionamientos sobre su utilidad al ser creadas en un contexto muy distinto al actual.
Por Matias Illescas e Igor García
Las Elecciones Generales 2026 se encuentran cada vez más cerca y, con ellas, regresan las restricciones que tienen como objetivo mantener el control durante las jornadas electorales. A lo largo del tiempo, las épocas de elecciones han estado acompañadas por prohibiciones temporales como la denominada “ley seca”, que limita la venta de alcohol y la veda en la difusión de encuestas en los días previos a los comicios.
No obstante, la vigencia de estas medidas ha sido cuestionada en los últimos años al tratarse de normas diseñadas para contextos que ya no se ajustan a la realidad actual. Por ello, en septiembre de 2025 se intentó derogar la ley seca, aunque la iniciativa no prosperó. El verdadero impacto en el desarrollo de los comicios ha sido puesto en debate, lo que abre la siguiente interrogante: ¿son realmente útiles estas prohibiciones electorales?
Restricciones durante elecciones
El marco electoral peruano contempla diversas limitaciones que se activan durante los comicios con el fin de evitar disturbios, presiones indebidas sobre los votantes y alteraciones del orden público. Entre ellas figuran la prohibición de espectáculos públicos —al aire libre o en recintos cerrados— durante las horas de votación, el impedimento para realizar reuniones a menos de 100 metros de un local de sufragio y la suspensión de eventos religiosos durante la jornada electoral.
A estas se suma el veto del porte de armas desde un día antes hasta el día posterior a la votación, así como la norma que impide la detención de cualquier ciudadano que haya sido seleccionado para desempeñarse como miembro titular o suplente desde 24 horas antes hasta 24 horas después de las elecciones, salvo casos de flagrancia delictiva.
Otra de las medidas más conocidas es la prohibición de difusión de encuestas días antes de las elecciones. Tras una modificación aprobada en octubre de 2025, la norma permite la publicación de sondeos hasta tres días previos a la fecha de la votación, estableciendo una veda durante la semana electoral con el propósito de evitar que los resultados influyan en la decisión final del electorado.
Dentro de todas las restricciones electorales, la ley seca es la más reconocida por sus recientes cuestionamientos. Ello prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del día previo a la elección -este año caerá el 12 de abril- hasta las 8 de la noche del día siguiente. Esta ley posee antecedentes históricos, teniendo su origen a principios del siglo XX en el Perú, a causa de movimientos antialcoholistas.
“Es una ley muy antigua. Es una tradición en varios países de Latinoamérica porque antiguamente durante las elecciones se compraba el voto a través de invitar licor y comida al votante”, aseguró Jose Manuel Villalobos, abogado especializado en derecho electoral.
Asimismo, el sociólogo y analista político, Fernando Tuesta, señaló que, antes de la implementación de la ley seca, las jornadas de votación se extendían por más de un día y se registraban mayores irregularidades. “Los periodos se alargaban y la gente, tras esperar muchas horas, comenzaba a beber, lo que generaba episodios de violencia. Por ello se estableció esta ley”, afirmó.
Debido a su antigüedad y a los cambios en la dinámica social y política del país, esta y otras prohibiciones más han sido objeto de revisión en los últimos años. En septiembre del 2025, la Comisión de Constitución del Congreso buscó la eliminar de la ley seca obligatoria, pero la propuesta fue rechazada por mayoría. El episodio evidenció que la discusión sobre la pertinencia de este tipo de restricciones sigue abierta, aunque permanezcan vigente en los comicios de 2026.
¿Son útiles?
Estas leyes surgieron en contextos muy diferentes a los que vivimos actualmente. Ahora existen las redes sociales como forma de difusión masiva de contenidos, las formas de ejecución de las elecciones también han cambiado y este contexto da pie a que estas normas se revisen para garantizar un proceso electoral que funcione correctamente y favorezca a toda la población.
En el caso de la ley seca, el congresista Edward Málaga justificó su propuesta de derogar la norma argumentando que esta impacta negativamente en sectores como el comercio minorista, y que no hay evidencia de que ayude a mejorar la calidad del voto. Así lo muestra un informe del Centro de Estudios de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), proyectando que, en estas elecciones, dicha norma podría generar pérdidas de más de S/. 48 millones en utilidades para minoristas.
Además, para Tuesta, esta disposición “carece de absoluto sentido” debido a que incluso se vuelve un gasto al Estado, porque los municipios tienen que dar ordenanzas, hacer un operativo y se levantan procedimientos que finalmente no llegan a nada. “Genera un gasto al mover el aparato del Estado y no trae ningún beneficio”, complementó el experto.
Otro factor a considerar es que no se trata de una prohibición del consumo de alcohol, sino de su compra. Por lo tanto, el alcohol adquirido con anterioridad puede consumirse en casa. Villalobos consideró también que este aspecto podría generar un “mercado negro” y se podría vender esto “por lo bajo”.
En cuanto a la ley de prohibición de difusión de encuestas, los expertos creen que esta orden también ha perdido utilidad. No se restringe la producción de las encuestas, sino su publicación, por lo que muchas encuestadoras siguen haciéndolas hasta el sábado previo a las elecciones. El problema es que, al no ser publicadas, se genera un espacio para la especulación y la difusión de encuestas falsas.
La norma termina generando un grupo de la población que sí tiene acceso a ellas, mientras que hay otro que se ve vulnerable a la desinformación. Además, Tuesta advirtió que este impedimento termina favoreciendo a actores informales frente a empresas consolidadas.
“Abre el camino para encuestas truchas. Ahora con las redes sociales, mucho más todavía. Intentan incidir en cuál es la intención de voto. (…) Las empresas serias viven, sobre todo, de la opinión de mercado. Entonces ellos sí se juegan mucho la reputación empresarial de la organización”, explicó.
Ambas leyes, vigentes para estos comicios, evidencian una falta de actualización de la normativa electoral. Si bien en algún momento tuvieron alguna utilidad, los avances de la tecnología y los cambios en la sociedad las han vuelto obsoletas, según explicaron los especialistas, quienes consideraron que deberían modificarse o derogarse.
