Entre la continuidad de la política proteccionista de la administración Trump y la suspensión de visas a 75 países, se abre un escenario de incertidumbre legal, tensiones políticas y efectos económicos dentro y fuera de Estados Unidos.
Por Alexandra Jave Calderon
Desde este 21 de enero, Estados Unidos ha restringido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de la continuidad de la política migratoria por parte de la administración Trump. La decisión, que afecta a naciones de distintas regiones, incluida América Latina, suspende el procesamiento de solicitudes de residencia permanente y se suma a una serie de acciones que ha endurecido la política migratoria estadounidense en los últimos años.
La suspensión del procesamiento y emisión de este documento se anunció el 14 de enero. El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Por lo mismo, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, resaltó en una conferencia de prensa que “utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”.
¿Qué significa la suspensión de visas?
La suspensión está relacionada con la tramitación de solicitudes de visas de personas nativas de los países afectados que deseen residir de forma permanente en Estados Unidos. Las visas ya otorgadas a los nacionales de esos países seguirán siendo válidas. El Departamento de Estado explicó que la única excepción a la inhabilitación será para «personas con doble nacionalidad que soliciten una visa con el pasaporte de un país no incluido en la lista».
Los países restringidos en América Latina y el Caribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay.
En el continente europeo, Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro y Rusia. Desde África, Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Uganda.
En el Medio Oriente se encuentran Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria y Yemen. Por el lado de Asia y Asia Central, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Birmania (Myanmar), Camboya, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tailandia y Uzbekistán, y finalmente, Fiyi por Oceanía.
“Esta suspensión no implica la anulación de visas ya otorgadas, pero sí congela procesos clave para quienes buscan residir permanentemente en Estados Unidos, generando incertidumbre legal para miles de solicitantes que ya estaban en trámite”, explicó Ysabel Lonazco, abogada especializada en inmigración.
En América Latina, la medida de suspender visas se insertaría para reafirmar su influencia en la región debido a un contexto de presión política marcado por la reciente intervención en Venezuela y la reinterpretación de la histórica doctrina Monroe por Donroe.
Como señaló el internacionalista Francisco Belaúnde, la decisión “no responde solo a criterios migratorios, sino que forma parte de una estrategia más amplia de presión y señal política hacia países considerados problemáticos o estratégicos para Washington”.
La era proteccionista
El Departamento de Seguridad Nacional informó que la administración Trump ya deportó a más de 605 mil personas y que otras 2.5 millones abandonaron el país voluntariamente. Esto ocurre al tiempo que el Gobierno estadounidense ha sumado 25 países más a la lista de naciones desde agosto pasado.
Como consecuencia, los ciudadanos de estas naciones estarían obligados a depositar fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitar la entrada a Estados Unidos por medio de una visa de turismo o negocios. La mayoría de los países incluidos son de África, América Latina, como Cuba o Venezuela, y el sur de Asia.
“Estas medidas no solo buscan expulsar o restringir, sino desincentivar la migración desde el inicio, generando miedo e incertidumbre incluso antes de que las personas inicien un trámite”, detalló Lonazco.
En términos de impacto regional, Colombia se posiciona como el principal receptor de visas de inmigrante en Sudamérica. Según cifras oficiales de travelstate.gov, durante el año fiscal 2024 se otorgaron 10,307 visas de este tipo a ciudadanos colombianos, un incremento del 37% frente a las 7,537 concedidas en 2023.
Esta cifra representa el 27.25% del total de visas de inmigrante emitidas en Sudamérica (37,825), ubicando a Colombia en el quinto lugar a nivel regional si se considera también al Caribe y Centroamérica, solo por detrás de México, Cuba, República Dominicana y Jamaica.
Entre enero y mayo de 2025, 2,944 colombianos accedieron a este tipo de visa, lo que permite estimar que cada mes de suspensión retrasa el proceso de aproximadamente 588 solicitantes. “Este endurecimiento responde a una lógica de castigo político y selectivo, que afecta principalmente a países del Sur Global y refuerza una relación asimétrica con Estados Unidos”, añadió Belaúnde.
Por otro lado, según el reporte de Brookings Institution, en 2025 Estados Unidos experimentó por primera vez en medio siglo una migración neta negativa. El número de emigrantes superó al de inmigrantes, una tendencia que, según el centro de estudios, probablemente persistirá en 2026 con consecuencias “importantes en la macroeconomía”, entre ellas una menor expansión del empleo, el PIB y el consumo interno.
“La inmigración era una de las grandes ventajas estructurales de Estados Unidos, y al restringirla, el país se perjudica económicamente, mientras que las familias migrantes y los países de origen también asumen los costos”, señaló Belaúnde.
A esto se suma Lonazco, debido a que “la potencia norteamericana depende de la fuerza laboral migrante, especialmente en sectores clave como la agricultura, y estas restricciones no solo afectan la economía, sino que también destruyen proyectos familiares que llevaban años en construcción”.
Sin embargo, el drama no solo lo viven los ciudadanos que esperaban por la visa, sino también los migrantes residentes en el país norteamericano. El primer año de la segunda presidencia de Trump ha estado marcado por una ofensiva agresiva contra los inmigrantes. En Los Ángeles, Washington, Portland, Chicago, Nueva Orleans, Nueva York, Minneapolis y otras ciudades gobernadas por demócratas, se reportó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicaron métodos violentos para arrestar y expulsar a latinos.
Limbo legal
Con la entrada en vigor de la suspensión, miles de personas que ya habían iniciado su proceso de visa de inmigrante quedan en una situación de incertidumbre legal. Aunque el Departamento de Estado ha señalado que los trámites seguirán siendo procesados, la admisión al país queda en pausa, lo que afecta especialmente a quienes ya habían pagado tasas, superado evaluaciones y programado entrevistas.
“El Gobierno puede seguir procesando las solicitudes, pero la admisión queda suspendida. En la práctica, eso significa que las personas avanzan en el trámite sin saber si podrán ingresar a Estados Unidos”, explicó Lonazco.
Asimismo, surge la duda sobre posibles apelaciones o demandas para refutar esta medida. “Existe la posibilidad de recurrir a las cortes federales, especialmente para quienes ya se encontraban en la etapa final del proceso, aunque todo dependerá de cómo los jueces interpreten el alcance del poder del Ejecutivo”, añadió la especialista.
Pese a que el Gobierno estadounidense ha justificado la suspensión en la necesidad de evitar una supuesta “carga pública” por el uso de la asistencia social y los beneficios públicos, Belaúnde consideró que “el argumento de la carga pública es débil, porque la mayoría de inmigrantes que ingresan con visa lo hacen con contratos de trabajo y aportan al sistema, no hay una base sólida para una medida de esta magnitud”.
Más allá de su alcance inmediato, la inhabilitación de visas refleja un giro sostenido en la política migratoria de Estados Unidos, donde el control de la movilidad se consolida como una herramienta de presión política y de reordenamiento interno.
