Ministerio Público a la deriva

Entre cuestionamientos recientes y una desaprobación ciudadana del 82%, la entidad fiscal enfrenta una crisis de institucionalidad que refleja un conflicto de poderes.

Por Alexandra Jave y Daniela Ramos

Mientras las instituciones se enfrentan entre sí, la justicia peruana queda, una vez más, en el centro del conflicto. Los recientes sucesos como la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza evidencian una grave desarticulación entre los organismos encargados de velar por la legalidad, dejando en segundo plano el resolver la crisis de inseguridad ciudadana.

La desconfianza hacia el Ministerio Público se ha agudizado tras revelaciones de la encuesta de CPI y casos de corrupción flagrante, como la detención del fiscal Henry Amenábar recibiendo una coima. Este escenario de desprestigio ha servido como justificación para que el Congreso, actor clave en esta disputa, impulse reformas que buscan reestructurar la Fiscalía. Sin embargo, diversos analistas advierten que el conflicto muestra problemas estructurales que van más allá de esta entidad.

Una inhabilitación que evidenció la lucha por el poder 

Luego de que el Pleno del Congreso -con una primera votación de 63 a favor, 18 en contra y seis abstenciones- no permitiera la inhabilitación de Delia Espinoza, una segunda lo logró con 71 a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. En la misma línea, ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó la segunda propuesta de inhabilitación contra la destituida fiscal de la Nación con 16 votos a favor, y 4 en contra.

Este nombre ha sido el centro de debate, tanto dentro como fuera del Parlamento, en los últimos meses. A raíz de las investigaciones que impulsó contra la entonces presidenta Dina Boluarte y diversos congresistas, Espinoza parecía haber ganado el respaldo ciudadano a costa del recelo de un Congreso que la percibía como amenaza.

El detonante técnico de esta fractura institucional fue la Denuncia Constitucional 528, presentada en octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurí. La acusación alegaba un desacato por parte de Espinoza y otros fiscales supremos hacia la Ley 32130, norma que devolvía facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional, competencias que le pertenecían históricamente al Ministerio Público. Bajo cargos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad y usurpación de funciones, se dio inicio al proceso que, a día de hoy, la mantiene fuera del cargo.

Al año siguiente, la crisis alcanzó su punto más crítico. Mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendía por 6 meses— por no acatar la reposición de Patricia Benavides—, el Poder Judicial ordenaba su retorno al puesto y el Tribunal Constitucional intervenía con medidas cautelares a favor del Congreso. En medio de este embrollo, el Parlamento aplicó un candado definitivo, inhabilitándola por 10 años, en lo que la ciudadanía percibió como una abierta lucha por demostrar quién ostentaba el poder absoluto.

Para el abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez, esto habla más bien de una crisis del Estado de Derecho. “En este hay un poder del Estado, un superpoder que se llama Congreso de la República, que está fallando contra sus propias redes”, explicó.

En un contexto en el que Espinoza lideraba investigaciones en el caso “La fiscal y su cúpula de poder” contra congresistas de diversas bancadas —entre ellos Patricia Chirinos (Avanza País), Martha Moyano (Fuerza Popular), José Balcázar (Perú Libre) y Edgar Tello (Bloque Magisterial)—, el argumento de la defensa cobra mayor peso. Pese a estar siendo investigados por la Fiscalía, estos parlamentarios, o sus bancadas, no se inhibieron y participaron activamente en el proceso que culminó en su inhabilitación.

Sumado a esto, el hecho de que el Congreso absolviera a los otros tres fiscales supremos involucrados en la misma denuncia evidencia, según Pérez, motivaciones ajenas a lo jurídico. “Si hubiese una lógica jurídica, un informe que dice que la responsabilidad es solidaria, entonces la votación tendría que haber sido por los cuatro. Pero si la votación absuelve a tres y condena a uno, entonces ya no hay solidaridad, sino un direccionamiento”, detalló.

En la misma línea, documentos internos del Ministerio Público demostraron que el Reglamento en cuestión nunca fue intervenido por Ávalos, Sánchez ni Espinoza, sino que fue un acto de gestión del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

Por lo mismo, la defensa de Espinoza resaltó el carácter político del proceso, señalando que “el hecho de hacer un juicio político contra una autoridad sobre asuntos inventados y vulnerando todo el debido proceso está proscrito por Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana”.

Ante el mensaje de que el sistema de justicia parece funcionar de manera selectiva, la ciudadanía peruana aumenta su desconfía hacia estas instituciones, lo que termina por generar un clima de absoluta incertidumbre institucional.

La ruptura de la legitimidad fiscal

La crisis que atraviesa la Fiscalía y, por tanto, el Ministerio Público no solo se agota en sus disputas internas ni en los procesos disciplinarios en curso. Su efecto más profundo se manifiesta en la percepción ciudadana. Tras la última publicación de la encuestadora CPI, se dio a conocer que el 82% de los peruanos desaprueba la gestión que esta institución ha realizado hasta el momento.

Para el politólogo Josef Zielinski, la legitimidad se ha visto resquebrajada debido a esta crisis. “Todo este espectáculo, en realidad termina dañando muchísimo una institución que tiene que ser la instancia que vele por la adecuada investigación de lo que son hechos de carácter penal que se dan en el país”, recalcó.

En esa misma línea, el experto advirtió que la pérdida de confianza no es solo coyuntural, sino estructural. “La credibilidad de una institución que constantemente pareciera estar agobiada por intereses políticos termina de una u otra forma debilitándose, y eso es una cosa realmente grave que termina afectando la institucionalidad del país”.

Una institución con altos niveles de desaprobación podría enfrentar, además, dificultades para coordinar con otros actores del sistema de justicia y sostener investigaciones de largo aliento.

En el escenario actual, protagonizado por el crimen organizado y la corrupción, donde los procesos suelen ser complejos y de alta presión, la falta de confianza ciudadana puede traducirse en menor respaldo institucional y en un debilitamiento de la autoridad fiscal. “Si finalmente no tiene la casa ordenada, no hay un orden interno adecuado y no hay una fortaleza interna adecuada, evidentemente va a terminar afectando lo que es el tema de la delincuencia y de la adecuada investigación”, señaló Zielinski.

Más allá del impacto inmediato, la crisis también abre interrogantes sobre los precedentes que se están estableciendo para los fiscales que investigan delitos de alta complejidad. En un contexto de confrontación política, la forma en que se procesan y sancionan las decisiones de los altos funcionarios del sistema de justicia podría incidir en la autonomía con la que futuras investigaciones sean asumidas.

Para el politólogo, este debilitamiento no se queda en el plano institucional, sino que termina afectando toda la cadena de administración de justicia. “Porque si no hay una adecuada investigación criminal, ¿qué cosa va a suceder? Simplemente el juez no va a tener los elementos de juicio adecuados para finalmente condenar o no a las personas que están siendo acusadas por crímenes”, afirmó Zielinski.

¿Es viable una reestructuración? 

Frente a la crisis de legitimidad y los cuestionamientos que atraviesa la Fiscalía, ha vuelto a instalarse en el debate público la posibilidad de una reestructuración institucional. No obstante, más allá del diagnóstico, la discusión plantea interrogantes sobre la viabilidad de una reforma de esta naturaleza, los riesgos de que sea impulsada por intereses políticos y el impacto que podría tener sobre la autonomía del sistema de justicia.

“Ninguna entidad, cuando se reforma, lo hace de manera interna. Siempre la motivación tiene que venir de fuera”, expresó Zielinsky. Para el analista político, la reestructuración del órgano encargado de velar por la legalidad de los procesos judiciales en nuestro país debe ser dirigida por un portavoz externo.

Mientras el Legislativo mantiene en agenda diversos proyectos de ley para reestructurar la institución, el actual fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez -quien asumió el cargo en septiembre de este año luego de la destitución de Delia Espinoza- ya ha planteado la creación de una comisión especial para reformular los procedimientos internos del Ministerio Público.

Aunque los especialistas advierten que este representaría un grave retroceso para el equilibrio de poderes, el punto más controversial de la propuesta de Gálvez es la desactivación de los Equipos Especiales encargados de casos como Lava Jato y Cuellos Blancos, este último siendo el grupo de fiscales cuyas investigaciones lo involucran directamente con la red criminal en cuestión.

Ante este escenario, las alarmas entre los expertos se dispararon, pues, contrario a lo que recomienda Zielinski, esta acción refleja una lectura orientada a intereses particulares antes que a los nacionales. Por otro lado, el Congreso tampoco se perfila como la institución idónea para liderar este proceso.

De acuerdo con el politólogo Eduardo Dargent, “existen temas que deben reformarse, pero en el contexto actual no hay garantías de que esa reforma se dé hacia un fortalecimiento institucional, sino a una mayor subordinación y control del Ministerio Público por intereses del Congreso”. En un panorama donde el 88% de peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, según la última encuesta de Proética, la confianza en que estas entidades logren una reforma imparcial es prácticamente inexistente.

La crisis de institucionalidad ha dejado al Ministerio Público en un terreno incierto. El nuevo fiscal de la Nación no será elegido hasta 2026, por lo que el cargo quedará temporalmente en manos de un fiscal con un pasado político cuestionado. Lo que ocurra en los próximos meses marcará el rumbo del sistema de justicia: avanzar hacia una mayor autonomía y eficiencia, o repetir la historia y quedar, una vez más, supeditado a intereses políticos.