Más impunidad, menos control y poca transparencia. Mientras la corrupción avanza, la ciudadanía pierde cada vez más confianza en las instituciones.
Por Cynthia Carmen, Michelle Hemmerde y Fabrizio Obregón
La corrupción es un problema social, político y económico que golpea a países de todo el mundo. Debilita instituciones, frena el crecimiento y afecta derechos básicos como acceder a servicios de salud y a una educación de calidad. Desde 2003, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha creada por la Organización de las Naciones Unidas para recordar su impacto y exigir acciones concretas para enfrentarla.
Según la ONU, cada año se pierden cerca de un billón de dólares en sobornos y otros 2.6 billones en distintos actos de corrupción. Es decir, más del 5% del Producto Bruto Interno mundial termina atrapado en redes ilícitas. En el caso del Perú, la Contraloría General de la República reportó que, solo en 2023, el país perdió más de 24 mil millones de soles debido a actos de corrupción.
El mayor impacto se registró en las inversiones del Estado, con pérdidas que alcanzan los S/8,963 millones. Frente a este escenario, surge una pregunta: ¿estamos tomando las medidas necesarias para impedir que la corrupción siga debilitando al Estado?
Las sombras del poder
Luego de los recientes escándalos de la operación Lava Jato, que revelaron sobornos millonarios de empresas relacionadas con Odebrecht a funcionarios peruanos, el país enfrentó un momento crítico. Además de presidentes, se vieron implicados varios ministros, congresistas y altos funcionarios de gobiernos regionales y locales.
A lo largo de los últimos años, exmandatarios peruanos han sido procesados o condenados por delitos relacionados con escándalos de corrupción. Toledo fue sentenciado por lavado de activos y cohecho; Humala y su esposa recibieron condenas por lavado de activos vinculadas a aportes ilegales durante su campaña presidencial, y Martín Vizcarra fue inhabilitado y procesado por recibir sobornos mientras era gobernador de Moquegua.
Estos casos evidencian cómo los actos irregulares alcanzaron los niveles más altos del poder político, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y dejando una sensación de impunidad. A pesar de la famosa frase “el Perú es el único país en que se encarcela a presidentes”, no podemos hacer caso omiso al debilitamiento de confianza en el sistema judicial y en las fiscalías, donde tanto jueces y fiscales como personal administrativo han estado involucrados en irregularidades.
Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima, mencionó que “la normalización de esta práctica nos está llevando a una falta de conciencia sobre la gravedad del problema”. A esto se suma la percepción ciudadana de que la corrupción es un mal cotidiano, presente desde pagos indebidos hasta favoritismos en trámites administrativos.
En lo que va del 2025, el Perú ha enfrentado serios problemas de ética en el ámbito público, afectando incluso a instituciones clave como la Policía Nacional. Según el Ministerio del Interior, alrededor de 570 efectivos han estado implicados en irregularidades que van desde recibir favores o coimas hasta facilitar trámites indebidos, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de la institución para cumplir su labor de protección y seguridad.
Recuperar la confianza ciudadana requiere no solo sanciones ejemplares para quienes cometen actos irresponsables, sino también un compromiso real de transparencia, ética y educación cívica en todos los niveles del Estado. Sin un cambio profundo en la cultura política y en la conducta de quienes ocupan cargos públicos, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedarse en palabras.
Cultura que corrompe
A pesar de que el destape del escándalo de la salita del SIN fue hace 25 años, los estragos de uno de los acontecimientos más vergonzosos de la política peruana se siguen repitiendo en distintas magnitudes en los siguientes gobiernos. El alcance de la ola corrupta llega a todos los niveles: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y más.
Para Hernán Lanzara, el conflicto no es sólo la corrupción en sí, sino la cultura que la permite. “Ahora que estamos en campaña política, los candidatos salen y prometen que van a desaparecer la corrupción. Pero eso no ocurre, porque combatirla implica un trabajo de cambio cultural: un cambio de personas, de la funcionalidad, de los ámbitos de trabajo, de las responsabilidades y de las regulaciones que marcan el quehacer de cada una de estas instituciones”, explicó el experto, detallando que no solo se trata de las entidades del sector público, sino también de la sociedad civil y de la empresa privada.
Esta mirada coincide con el diagnóstico que se viene repitiendo en distintos frentes: la corrupción no se limita a casos aislados, sino que se ha extendido a múltiples estamentos de Estado. “Desde altos magistrados, personal administrativo, congresistas, gobiernos regionales, fiscal de la nación (…) muchos de estos cargos han tenido una relación con una situación de corrupción, el desprestigio de las instituciones del país se generó por la corrupción”, indicó Lanzara.
Otra variable que aparece es la fragmentación partidaria. Aunque no todos los cargos del Estado son elegidos por voto popular, el Legislativo y la plancha presidencial sí lo son, y ambos se encuentran altamente desprestigiados por los constantes casos de corrupción.
Sobre ello, Mario Amoretti, abogado de derecho penal, estableció una verdad vergonzosa de aceptar. “Hay gente que trata de obtener un cargo político, no por hacer una función pública o servidor de la población, sino para lucrar e incurrir en pagos prohibidos”, recalcó.
A su vez, la problemática no se limita a la poca unidad ideológica de los partidos, o incluso a la ausencia de una ideología definida. Aunque muchos de estos grupos se presenten como democráticos en su toma de decisiones, en la práctica los acuerdos y los beneficios suelen concentrarse en la cúpula del partido o en su líder. El constitucionalista Erick Urbina lo resumió así: “No hay institucionalidad, y eso hace que muchos partidos o movimientos tengan dueño con nombre propio, y que esos dueños respondan a sus propios intereses”.
¿Qué cambios se pueden hacer?
Con el panorama actual, trazar un eje de acción que promueva cambios profundos dentro de nuestra cultura puede parecer una tarea imposible; sin embargo, aún existen caminos para transformar la realidad. Para Mario Amoretti, una de estas rutas pasa por fortalecer los sistemas de denuncia confiables.
El especialista detalló que “estatuir una línea de denuncia para que, dentro del ámbito tanto empresarial como público, donde los trabajadores, los proveedores o la misma población pueda acceder a una plataforma en la cual presentar denuncias de manera anónima con el secreto profesional de quien recibe la denuncia” sería un paso importante para combatir la corrupción desde el interior de las instituciones.
Por otro lado, Lanzara señaló que el problema no radica en la ausencia de controles, sino en su falta de actualización. El miembro de la Cámara de Comercio de Lima afirmó que no es que no haya mecanismos de control, porque los hay, la idea es ajustarlos o refinarlos. “Hay que considerar otras opciones que pudieran estar teniendo respuesta en otros lados que pudiesen adaptarse en el Perú y que se pudiese modificar a la actual circunstancia y situación de corrupción mundial”, finalizó.
La corrupción no desaparecerá con discursos ni promesas de campaña: sólo caerá cuando la ciudadanía deje de tolerarla, cuando las instituciones se atrevan a reformarse, asegurando la integridad y cuando quienes persiguen el poder entiendan que no es un botín, sino un servicio. La pregunta ya no es si podemos ganar esta lucha, sino cuánto más estamos dispuestos a perder antes de hacerlo.
