Los ataques violentos en los colegios del país viene en alza, mientras que las opciones de las víctimas son escasas ante un sistema donde predomina el poco seguimiento de estos casos.
Por Alexia Alegría, Mauricio Mendoza e Igor García
En el Perú, la violencia escolar es una realidad que afecta a miles de estudiantes y que, lejos de disminuir, parece incrementarse año tras año. Aunque suele normalizarse como “cosas de niños”, las cifras y experiencias en las escuelas muestran que se trata de una problemática seria y persistente. Esta situación evidencia que no es un hecho aislado, sino un fenómeno que sigue creciendo y que requiere atención urgente.
Según el Ministerio de Educación (Minedu), durante 2024 se registraron 19,642 denuncias de violencia escolar a nivel nacional, de las cuales más de 10,700 correspondieron a agresiones entre estudiantes y cerca de 8,900 involucraron casos cometidos por personal de la institución educativa, incluyendo violencia física, psicológica y sexual. Además, solo en la última década, se han acumulado más de 16,000 demandas de violencia sexual en escuelas peruanas. Estas cifras muestran un problema estructural que requiere atención urgente, políticas sostenidas y un compromiso real de toda la comunidad educativa.
¿Por qué surge la violencia escolar?
Aunque hoy parezca que los casos de violencia escolar han aumentado, el psicólogo educativo Gonzalo Cayo explica que este problema no es reciente, sino que antes no se hacía visible. Durante décadas, la violencia en las escuelas se normalizaba o se manejaba de manera privada, lo que impedía que muchos episodios fueran registrados o denunciados.
Con la aparición de redes sociales, celulares y mecanismos de queja más accesibles, más casos comenzaron a salir a la luz, generando la impresión de un incremento cuando en realidad se trata de una problemática arrastrada por generaciones. En palabras de Cayo, no es que antes no existiera, sino que hoy vemos lo que antes se ocultaba.
Un informe de la UNESCO de 2024 señala que la violencia escolar es un problema histórico y global, explicando que 1 de cada 3 estudiantes ha sido víctima de bullying u otras formas de agresión. Por un lado, la violencia escolar surge de múltiples factores que interactúan entre sí, como el entorno familiar, las dinámicas sociales y la cultura escolar.
“Muchos estudiantes replican patrones de agresión, intolerancia o discriminación aprendidos en casa, ya sea para relacionarse o defenderse”, explica Cayo. Informes internacionales, como el de Paulo Pinheiro para la ONU, resaltan que situaciones de estrés familiar, pobreza, negligencia o violencia doméstica incrementan la probabilidad de agresiones entre estudiantes.
Todo ello evidencia que la raíz del problema no está solo en la escuela, sino en contextos que la atraviesan constantemente. Por ello, el psicólogo advierte que muchas escuelas no cuentan con los recursos suficientes para ofrecer un acompañamiento emocional temprano.
Esto genera que el colegio se convierta en un espacio donde emergen tensiones acumuladas que, sin una intervención adecuada, pueden transformarse en agresiones físicas, verbales o psicológicas. “La falta de psicólogos, programas preventivos y canales de apoyo dificulta la detección oportuna”, recalca Cayo. Así, la violencia termina siendo la manifestación de un malestar que no encuentra vías saludables para resolverse.
Otro punto clave que Cayo destaca es la dificultad para identificar la violencia psicológica, que es más frecuente que la física, pero mucho menos visible. “Cambios de conducta, aislamiento o miedo suelen confundirse con ‘problemas de la edad’, lo que retrasa las denuncias y deja a muchas víctimas sin apoyo”, define el experto.
Estudios internacionales indican que la agresión más común en el mundo es la psicológica, seguida por la exclusión social, precisamente porque pasa desapercibida. Según Cayo, la violencia que no se reconoce, se termina normalizando y repitiendo.
Preocupación en las aulas
Aunque en la mayoría de colegios existen protocolos, charlas preventivas y reglas de convivencia que sirven para enfrentar la violencia escolar, muchas de estas medidas no logran resultados claros. La brecha entre lo que se plantea en el papel y la realidad de las aulas es amplia.
Factores como la falta de recursos, la capacidad de acción de los docentes o el desinterés en ocasiones de las familias de los afectados dificultan mucho más la problemática. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que genera la persistencia de la violencia escolar suele ser el desconocimiento.
Muchas familias, docentes e incluso estudiantes aún no identifican qué conductas constituyen violencia o las normalizan como parte de la vida escolar diaria. El abogado penal con experiencia en entornos educacionales, Álvaro Neyra, señala que estas situaciones son un recordatorio de que los cambios de época y de paradigmas exigen nuevas formas de reconocer y enfrentar el tema, ya que la época y las formas de violencia han cambiado paralelamente.
A partir de esta falta de información, incluso quienes desean actuar se encuentran con un segundo obstáculo: la burocracia. Neyra comenta que, una vez que una familia identifica que está frente a un caso de violencia, debería poder denunciar sin trabas ni procesos engorrosos. No obstante, en la práctica, acceder a rutas claras y atención oportuna sigue siendo difícil.
“El Estado debe procurar generar políticas estatales que faciliten precisamente que este tipo de casos sean atendidos desde diversos puntos, no solamente desde lo legal. También el aspecto social es importante para que las personas puedan denunciar y tener un acceso eficiente a la justicia”, complementa Neyra.
El uso de líneas de respuesta es una de las apuestas que suele hacer el Estado en este tipo de situaciones, y esta no es la excepción. Desde su creación en 2013, SíSeVe se diseñó como una herramienta del Minedu para permitir que cualquier miembro de la comunidad educativa denuncie de forma confidencial casos de violencia escolar. Su ventaja radica en ofrecer un canal gratuito y oficial para visibilizar hechos que, muchas veces, quedaban tapados, permitiendo un registro y un seguimiento por parte de las autoridades.
Según datos de la misma página, hasta 2022 la plataforma había acumulado cerca de 49,300 reportes concretos. Posteriormente, en el periodo 2023-2024, se reportaron 73,261 casos, aumentando notablemente el conteo. Esto muestra que este medio ha servido para revelar la magnitud real del problema en el país. No obstante, existe una brecha significativa entre lo que “debería ser” y lo que “es en la realidad”.
SíSeVe debería permitir que, tras una denuncia, se active un mecanismo de protección y seguimiento, a fin de atender tanto a la víctima como, cuando sea pertinente, al agresor, favoreciendo procesos de reparación y prevención. Sin embargo, como detalla Neyra, existe una distancia entre el diseño y la práctica.
Esta iniciativa está pensada para reportar e incluso vincular a estudiantes con servicios sociales, pero ese potencial no siempre se concreta en la realidad. La plataforma funciona como un sistema articulado capaz de activar apoyos psicológicos, derivaciones y medidas de protección oportunas. Pero, en la práctica, su funcionamiento depende de factores humanos y administrativos, personal poco capacitado, recursos limitados y procesos que no siempre se ejecutan como fueron diseñados.
“La aplicación de un sistema así va a depender muchas veces del factor humano, temas ya inclusive como corrupción de funcionarios, problemas que vas a encontrar en la aplicación a la realidad del sistema. Y eso también se tiene que manejar a través de otros programas que puedan mejorarla de lo que debería ser”, argumenta el abogado.
Medidas poco eficaces
En los últimos años, el Estado y las escuelas han puesto en marcha diversas medidas para frenar la violencia escolar: talleres de convivencia, capacitaciones para docentes, protocolos de actuación, acompañamiento psicopedagógico, campañas de sensibilización, entre otros. Sin embargo, gran parte de estas propuestas no generan cambios reales porque se aplican de manera superficial o solo para cumplir con exigencias administrativas.
“Aquí en Perú sí se está fomentando bastante el tema de prevención de bullying. Puede ser por temor a las represalias legales hacia el colegio o que al ser actos más visualizados a los profesionales les importe más”, asegura Cayo, cuya afirmación se demuestra en diversas campañas en contra del bullying como “Sácale tarjeta roja a la violencia” o “El bullying no es cosa de niños”.
El psicólogo también define que la ley N° 29719, conocida como la ley antibullying, que determina que haya un psicólogo educativo en cada colegio, tanto particular como nacional, es una medida por parte del Estado que apoya a la situación. No obstante, la norma está lejos de cumplirse en su totalidad. Hasta el 21 de marzo de este año, se registraron 679 psicólogos contratados a nivel nacional para 51 mil escuelas públicas, según información del Minedu.
A esto se suma la ausencia de un enfoque integral, pues la falta de continuidad y los recursos limitados impiden consolidar estrategias duraderas, por lo que muchas acciones solo reaccionan al conflicto. La prevención es necesaria con educación emocional, capacitación docente, trabajo con familias, mediación entre pares y seguimiento a cada caso. Sin estas medidas articuladas, la violencia sigue reproduciéndose pese a los protocolos.
De acuerdo con Neyra, una forma clave de enfrentar la problemática actual es contar con un sistema que realmente permita visibilizar y atender los casos de violencia escolar. “Muchas familias no saben qué hacer ni cómo actuar. No saben si deben comunicarse con la policía, con el Ministerio Público o con la Defensoría del Pueblo. No pueden denunciar porque nadie les explica cómo hacerlo, qué documentos presentar o a quién acudir; y, en algunos casos, ni siquiera tienen los recursos para consultar a un abogado”, señala.
La violencia escolar persiste no necesariamente porque falten normas, sino porque las medidas actuales no logran aplicarse con profundidad. Para enfrentarla, se necesita un enfoque integral, recursos sostenidos y una comunidad educativa comprometida. Solo así, las escuelas podrán convertirse en espacios seguros donde los estudiantes se desarrollen sin miedo.
