El presidente del Consejo de Ministros conversó con Nexos acerca de la coyuntura que atraviesa el país, las políticas que se están implementando y los cuestionamientos alrededor del gobierno.
Por Rafael Ortega y Matias Illescas
El 10 de octubre, José Jerí asumió la presidencia luego de la vacancia express de Dina Boluarte. El 14 del mismo mes, el abogado Ernesto Álvarez Miranda, en medio de las críticas hacia el gobierno y las especulaciones sobre el gabinete ministerial, juramentó al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
A menos de 6 meses de las elecciones, este es el tercer gobierno dentro del periodo 2021 – 2026. Por eso, Nexos conversó con el primer ministro para conocer la perspectiva del gobierno frente a la crisis de inseguridad, las protestas ciudadanas y la difícil situación que atraviesa el país.
¿Cómo evalúa el escenario nacional a poco más de dos semanas del inicio de su gestión?
Crítico. La confrontación que empieza aproximadamente en 2016 no solo ha dejado la destrucción del sistema de partidos, sino que ha erosionado a la política como actividad. Se ha generado una profunda desconfianza de la población a sus representantes. Ahora, el pueblo demanda a los congresistas actuales que se satisfagan, de manera inmediata, brechas sociales que, en realidad, deben ser atendidas por varios gobiernos sucesivos.
¿Y el alza de la criminalidad?
Eso también por décadas se ha ido incubando. Temas como el de las extorsiones a la construcción civil empezaron hace más de 30 años y no se les combatió. Ahora es una moda, no solo de las bandas criminales, sino incluso de delincuentes artesanales. Este es el panorama de urgencias que este gobierno provisional ha encontrado.
Posiblemente, el estado de emergencia sea la política más comentada del actual gobierno. Sin embargo, en los últimos 3 años esta medida ha sido implementada 17 veces, ¿cuál es la diferencia?
Este estado de emergencia no es para maquillar la inacción. Es el instrumento jurídico que permite que la policía ingrese a hostales, discotecas, penales y lugares donde se sabe que hay agentes del delito, sin la necesidad de avisar a un juez que, muchas veces, es una fuente de fuga de información. Además, se pueden emplear grupos de policías que no son necesariamente de la división que debe intervenir. Es como un auto, no sirve si no lo arrancamos y lo utilizamos.
Hay medidas como el control de visitas a los penales o la restricción del acceso a las telecomunicaciones, ¿no podrían haber implementado estas cosas sin la necesidad de un estado de emergencia?
No necesariamente. Componen un todo, donde el efecto deseado es el de generar incomodidad a aquellos líderes de organizaciones criminales que, de alguna manera, tienen muchas ventajas y manejan a las bandas desde los penales. El estado de emergencia nos permite identificarlos e ingresar con personal que no es del INPE. Caso contrario, todo el control tendría que estar a cargo de la misma gente que permite las antenas de wifi, el ingreso de los celulares, licor o toda la gama de drogas.
¿Puede hacer una evaluación de la medida teniendo en cuenta que, desde que se implementó el estado de emergencia, hace una semana, se han registrado 28 homicidios?
Es imposible controlar los homicidios en estas circunstancias. El estado de emergencia es un instrumento jurídico. Quien ha pensado en matar a alguien lo va a hacer, la medida no evita eso. Lo que estamos haciendo es el inicio de un proceso por el cual, por ejemplo, se ha convocado a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas a que colaboren con información sobre extorsión y sicariato con la policía.
Hay quienes consideran que el problema está en la serie de leyes aprobadas por el Congreso que podrían favorecer el crimen organizado…
He tratado de averiguar y no he encontrado ninguna ley que favorezca de alguna manera al delito violento.
Pero, por ejemplo, la ley N.º 32054 indica que los allanamientos se tienen que hacer en presencia del investigado y su abogado. Eso lo aprobó el Congreso. Ahora, el estado de emergencia permite hacer el allanamiento sin necesidad de orden judicial, ¿no hay una contradicción?
Los allanamientos han sido básicamente a la señora expresidenta para romperle la puerta y generar un fenómeno político. En realidad, los policías y fiscales no necesitan ingresar de esa manera, lo que necesitan es la autorización del juez para recabar información. En un mundo civilizado, toda diligencia tiene que ser con el abogado de la otra parte. Lo que se ha hecho en el Perú no sirve para la delincuencia violenta. Entonces no hay una afectación real.
¿Pero en el caso de la criminalidad?
Para las bandas criminales que, por ejemplo, viven en hostales del cono norte, es necesario ingresar de manera súbita, de madrugada, con fuerza policial. Si se le avisa a la policía anticipadamente, o a la fiscal, habría fuga de información.
Las dificultades para combatir la inseguridad han terminado con el hecho de que el próximo 4 de noviembre se haya convocado un nuevo paro. ¿Qué medidas están tomando al respecto?
La medida inmediata del presidente de la República es luchar para ubicar a la mayor cantidad de bandas organizadas. El tema del paro, donde los periodistas dicen “van ocho homicidios”, es que realmente no hay una forma mágica de frenar o de dar, por lo menos, la apariencia de que se ha frenado a las organizaciones criminales. No hay mecanismo. No es un efecto inmediato.
Cuando Juan José Santiváñez era ministro del Interior, dijo que, si no terminaba de combatir la criminalidad, renunciaría. ¿Está en la capacidad de prometer lo mismo?
En lo absoluto. No se puede. Nuestra máxima pretensión es llegar a julio y darle las bases al gobierno que elija el pueblo para que continúen la lucha, que tampoco la va a terminar en el próximo quinquenio. El tema de la extorsión va para mediano plazo. Lo que se quiere es dejar un servicio de inteligencia articulado. Eso ya es bastante y es muy difícil. Al final los vamos a aniquilar, pero eso ni siquiera le corresponde al próximo gobierno. Van a ir mejorando.
A raíz del escenario nacional es que en el último mes hemos tenido protestas que han sido multitudinarias, ¿por qué tuvo que disculparse con la Generación Z?
Por un tweet donde no distinguí positivamente entre la legítima protesta de la gente indignada y que se expresó por la tarde, de aquellos que se presentaron en la noche. Ellos ya no eran los universitarios, ni los transportistas formales e informales. Eran gente armada y vestida específicamente para ejercer la violencia. Yo he pedido disculpas a la participación legítima porque, por la reducción obligada de un tweet, simplemente puse “la marcha”.
Esa noche falleció Mauricio Ruiz y la policía tuvo narrativas diferentes. Primero dijeron que el suboficial Luis Magallanes era el autor del delito y, luego, lo calificaron de “héroe nacional”, ¿qué opinión tiene la PCM al respecto?
Nosotros tenemos una perspectiva acorde a los videos que se han visto, donde el fallecido es una persona que ha actuado con violencia de noche. La orden era muy clara: ningún policía que haya intervenido en el plan estratégico debió haber tenido armas de fuego. Ahí hubo un error. Ahora, ese policía, se ha defendido. Fue agredido. ¿Por qué no disparó al aire? Error. Por algún motivo, disparó desde el abdomen al piso y está probado, es una evidencia, porque está sujeto a disposición judicial, que chocó en el piso y luego se desvió.
¿Luis Magallanes va a volver entonces a la Policía Nacional?
Eso lo dirán las investigaciones. Yo dije que no era un héroe. Es un policía sujeto de investigación que hemos visto que ha sido objeto de golpes. La verdad es que sería muy duro juzgarlo en este momento. Cuando uno es objeto de una golpiza, a cargo de mucha gente violenta, teniendo un arma y sin un buen entrenamiento, podría hacer una locura. Una cosa ilegal.
¿No dudó en aceptar el cargo de ministro tomando en cuenta las críticas alrededor del gobierno y los cuestionamientos sobre el presidente?
No. Yo regresaba de viaje, y no le consulté ni siquiera a mi esposa. Soy completamente consciente de que han invitado mucha más gente, personas de trayectoria, con vinculaciones con organismos como la Sociedad Nacional de Industrias, pero nadie aceptó. Yo, siendo un catedrático y columnista que dice cómo se deben hacer las cosas, creo que era una señal de que tocaba asumir el compromiso.
Respecto a sus columnas, en una de ellas señaló la figura de la vacancia de Dina.
Haberle dado una hora y media o dos al abogado de Dina Boluarte para que lea toda la constitución y plantee un argumento es incorrecto, es violatorio del derecho a la defensa. Mi amigo Aníbal Quiroga dice que simplemente es una sanción política. Si se reúnen los votos, está vacada. Yo siempre he alegado que esto es una ventana para casos extremos, donde la falta moral es evidente y que no hay que probarla, como el caso de Vizcarra.
En el caso de Boluarte no fue el primer intento de vacancia, ¿cuál fue el motivo por el que ahora sí se logró?
Los grupos parlamentarios ya no podían seguir cargando con el peso de Dina antes de empezar la campaña electoral. De ninguna manera podían cargar con ella hasta julio del próximo año. En realidad, no fue incapacidad moral lo de Boluarte, fue incapacidad política absoluta. No supo responder a los requerimientos.
¿No hubiese sido mejor que, luego de la vacancia, se formara una nueva mesa directiva para asumir el gobierno? Al final, José Jerí es un accesitario…
Paniagua era un diputado que no había tenido un peso demasiado significativo, no tenía mayor influencia en el proceso de decisión y no era candidato presidencial. Por eso fue elegido. Jerí, cuando se le quiso censurar, tuvo el respaldo de los congresistas y ellos son los representantes del pueblo.
¿No considera que actualmente el Congreso tiene mucho poder?
El problema es que el Congreso no tiene poder. Están absolutamente deslegitimados y no tienen espacio para hacer grandes reformas.
Pero han cambiado el 50% de la Constitución…
Sí, pero ese es un argumento de algunos que suman la cantidad de artículos. Al pasar a la bicameralidad se cambiaron más de 58 artículos, pero porque tenían la palabra “Congreso” y tuvo que agregarse “Senado”. No es que hayan cambiado la mitad de la constitución. Al contrario, a mi manera de ver, no han hecho los cambios que se necesitan.
