Ríos contaminados, bosques talados y comunidades en riesgo. La minería ilegal deja un impacto ambiental y social profundo que no siempre se ve. Conocer la diferencia entre lo formal y lo informal es clave para construir un sector sostenible y responsable.
Por César García y Michelle Hemmerde
Mientras el Congreso debate la aprobación de la Ley MAPE antes del cierre del año, la minería ilegal continúa expandiéndose en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. El vencimiento del Registro de Información de Minería Informal (REINFO), que busca identificar y formalizar a los mineros informales, genera incertidumbre entre los trabajadores del sector. Detrás de los números, el desafío es doble: frenar el daño ambiental y asegurar condiciones sostenibles para quienes viven de esta actividad.
La discusión sobre la minería en el Perú ha dejado de ser solo económica, pues ahora es también ambiental y social. Mientras las operaciones ilegales siguen contaminando ríos, deforestando selvas y alimentando redes de crimen organizado, las empresas formales intentan demostrar que la actividad minera puede ser compatible con la sostenibilidad. En medio de este panorama, el país enfrenta una pregunta crucial: ¿puede el Perú lograr una minería responsable que impulse el desarrollo sin destruir los ecosistemas que lo sostienen?
El costo de la ilegalidad
La minería ilegal se ha convertido en uno de los problemas ambientales y sociales más graves del país. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, esta actividad continúa avanzando en regiones donde el control estatal es limitado, como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Huánuco y Cusco.
Según un informe del Ministerio del Ambiente y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la minería ilegal ocupa más de 25 millones de hectáreas del territorio nacional, superando ampliamente la superficie de las operaciones legales y causando daños irreversibles a los ecosistemas.
Las causas de su crecimiento son la alta demanda y precio del oro, la falta de empleo formal en las regiones mineras, y la débil capacidad de fiscalización del Estado. En zonas como Madre de Dios, miles de mineros informales operan fuera del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), amparándose en la lentitud del proceso para justificar su permanencia. Este contexto genera un círculo vicioso, ya que la minería ilegal alimenta la economía local, pero al mismo tiempo destruye los recursos que la sustentan.
“El terreno donde se gestiona minería ilegal causa desconfianza a la población, quienes pueden mostrar una actitud reacia frente a empresas formales”, destaca el ingeniero geólogo Carlos Céspedes. Asimismo, añadió que estas prácticas, además de provocar daños en la estabilidad del terreno y filtraciones de aguas ácidas que contaminan fuentes hídricas, deterioran las vías locales y afectan a las comunidades cercanas.
A esto se suma la presencia de mafias y extorsiones hacia pequeños mineros, lo que crea un ambiente hostil que incluso desalienta la inversión extranjera y complica la labor fiscalizadora del Estado. Frente a este panorama, algunas empresas formales buscan demostrar que la minería puede ser compatible con la sostenibilidad.
“En este sentido, veo que cada vez más empresas están rediseñando sus empaques, promoviendo la retornabilidad y el reciclaje, aunque la circularidad plena sigue siendo un desafío. Personalmente, creo que el reto está en cambiar significativamente nuestro sistema de consumo”, explica por su parte Melanie Hammond, especialista en comunicación estratégica para el desarrollo.
Inversión responsable
En contraposición, la minería formal busca diferenciarse a través del cumplimiento de normas ambientales, tributarias y laborales. Las empresas registradas cuentan con estudios de impacto ambiental, supervisión de entidades como OEFA y SENACE, y políticas de responsabilidad social.
Según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor nivel de cumplimiento en estándares de sostenibilidad minera, debido a la vigilancia del Banco Central de Reserva, y el Ministerio de Energía y Minas sobre la estabilidad económica del sector.
La diferencia más visible entre una operación formal e ilegal está en el manejo de residuos, el uso de insumos y la rehabilitación del suelo. Mientras las ilegales abandonan zonas devastadas, empresas como Antamina, Cerro Verde o Volcán implementan planes de cierre de mina y recuperación ambiental. Un reporte de Perú Sostenible destaca que las compañías mineras están incorporando energías renovables, tratamiento de aguas residuales y monitoreo digital de emisiones, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Respecto al nuevo marco de la Ley MAPE, Céspedes menciona que, dentro del sector formal, existe cierto escepticismo porque esta norma se percibe como una extensión de procesos anteriores, como el REINFO, que muchos pequeños mineros no aprovecharon para regularizarse. Aunque reconoce la importancia de mantener un marco riguroso de control, advierte que su cumplimiento dependerá del verdadero compromiso de los actores involucrados.
“Yo creo que se necesitan reglas claras, estabilidad institucional y fiscalización que sea efectiva en la práctica. Los avances en sostenibilidad requieren continuidad en las políticas y un marco legal coherente”, menciona Hammond.
Sin embargo, la comunicadora declara que resulta clave transformar la dinámica de iniciativas individuales empresariales y promover más los compromisos y acuerdos sectoriales. Este enfoque muestra que, además del control formal, la sostenibilidad y la participación organizada de las empresas son clave para lograr una minería responsable e inclusiva.
Transición sostenible
No hace falta ir tan lejos para verlo: la minería ilegal avanza donde el Estado no llega. En los ríos, los bosques y los cerros donde debería haber presencia institucional, lo que predomina es el abandono. Sin control ni fiscalización, la minería informal se expande con rapidez y se vuelve parte de la economía cotidiana. Lo que empieza como una forma de subsistencia termina convirtiéndose en un circuito de ilegalidad difícil de frenar.
La ausencia del Estado no solo permite que crezca la minería ilegal, sino que debilita la confianza. Cuando las comunidades ven que la autoridad aparece solo para sancionar, pero no para ofrecer alternativas, el mensaje es claro: cada quien debe arreglárselas como pueda. En muchos casos, los pequeños mineros trabajan sin apoyo técnico, sin financiamiento y sin acceso a mercados formales. La informalidad, entonces, no es una elección, sino la única salida posible.
En ese contexto, la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) busca marcar una diferencia. No obstante, más allá del papel, se necesita acompañar con incentivos reales: créditos, capacitación y tecnología. Sin esas herramientas, hablar de una “minería sostenible” suena bien, mas no cambia nada. Los mineros que quieren formalizarse necesitan apoyo para hacerlo y si el Estado no facilita el proceso, el camino hacia la sostenibilidad se vuelve inaccesible.
“Se están adoptando energías renovables en diversas escalas, desde pequeñas instalaciones solares o eólicas hasta contratos de compra de energía limpia. También crece el interés por la economía circular, que busca desde el diseño mantener en circulación los materiales en uso el mayor tiempo posible”, indica Hammond. Este enfoque demuestra que avanzar hacia la sostenibilidad requiere innovación, compromiso empresarial y la integración de tecnologías que reduzcan impactos ambientales.
Al final, el problema no es solo económico, sino social. Una transición sostenible necesita participación, diálogo y presencia constante. Los territorios no se transforman desde un escritorio en Lima, sino escuchando a quienes viven y trabajan en ellos. Si el Estado logra pasar del control distante a la colaboración efectiva, la minería podría dejar de ser sinónimo de daño y convertirse en una oportunidad.