Más allá de sus beneficios, el espacio digital se ha convertido en un escenario donde las identidades pueden ser falsas y la vulnerabilidad es real. Unas de las principales víctimas suelen ser niñas y adolescentes, mientras la ley aún no logra definir un marco claro para protegerlas.
Por Rafael Ortega y Daniela Ramos
Tras varias conversaciones en Facebook, la amistad entre Laura y Mario creció lo suficiente como para intercambiar números y empezar a hablar por WhatsApp. Pronto, los mensajes dieron paso al envío de fotografías, lo que comenzó a incomodar a Laura, quien intentó cortar el contacto. Fue entonces cuando el tono de Mario se volvió amenazante. Aquel amigo virtual que había considerado de confianza, ahora la intimidaba con difundir sus fotos íntimas entre sus compañeros de clase.
Durante los siguientes cinco años, las amenazas continuaron, hasta que Laura cumplió dieciséis y decidió finalmente denunciarlo. Cuando las autoridades investigaron el caso, lo que se descubrió fue una historia que, hasta el día de hoy, sigue repitiéndose: Mario utilizaba un perfil falso, y Laura no era su única víctima.
Sin resguardo digital
Historias como la de Laura se replican en diferentes partes del mundo. En el Perú, estos casos se investigan bajo la Ley N°30096, conocida como “Delitos Informáticos”. En Nexos, solicitamos al Ministerio del Interior información sobre denuncias relacionadas con mujeres menores de edad.
De acuerdo con los datos recibidos, entre 2021 y 2025, casi el 50% de los casos correspondieron a “proposiciones a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con fines sexuales por medios tecnológicos agravados”. Para el abogado penalista especializado en ciberdelincuencia, Ricardo Elías Puelles, estos delitos son los que popularmente se conocen como “grooming”.
Las alertas se intensifican al revelarse que cuatro de cada diez NNA admiten compartir información privada en redes sociales, de acuerdo con un informe de Aldeas Infantiles de 2025. Esta misma investigación concluyó que el acceso temprano a plataformas virtuales los vuelve especialmente vulnerables frente a los delitos cibernéticos.
“Hay un problema que no es solo de las redes sociales, sino de todo internet, que es el anonimato”, señaló el especialista en ciberseguridad, Vasco Talavera. Además, indicó que esto, sumado al desconocimiento de los peligros en línea, crea una situación propicia para que perfiles falsos establezcan interacciones peligrosas con las menores.
El crecimiento acelerado de las tecnologías abre la posibilidad de que estos delitos sean cada día más difíciles de combatir. Además del grooming, el fraude informático y la suplantación de identidad como otros de los casos más comunes. El Ministerio de Salud considera adolescente entre los 12 y 17 años de edad, rango que termina siendo el principal afectado con el 82% del total de denuncias.
En un entorno donde, según Kaspersky Latam en 2025, 3 de cada 10 peruanos aún no han hablado con sus hijos sobre las reglas básicas de seguridad en Internet, el desconocimiento se convierte en uno de los principales problemas. “Los padres de la generación de niños actual no han nacido con la tecnología que ellos utilizan, por ende, hay una brecha de conocimiento ahí bastante importante que debería ser trabajo de las empresas poder cubrir”, añadió Talavera.
A pesar de que sí existen algunas herramientas para proteger los datos personales en varias plataformas, estas no parecen haberse esforzado mucho en hacer que sus usuarios las conozcan y aprendan a manejarlas.
La brecha de conocimiento
Para el Poder Judicial, los delitos cibernéticos son “de criminalidad altamente evolucionada” volviendo a cualquier persona vulnerable ante el propio desconocimiento que tiene el sistema de justicia para poder afrontar este problema. Sin embargo, el terreno digital es nuevo no solo para los usuarios, sino también para el mismo sistema judicial.
Según Puelles, casos como el grooming tienen a la “fiscalía de Ciberdelincuencia investigando un delito que es de naturaleza sexual, cosa que le corresponde en realidad a las áreas de Género o Familia. Tenemos un sistema de justicia que investiga delitos que no le corresponden a su especialidad”.
Hoy, este problema puede verse perjudicado aún más con la mejora constante de inteligencias artificiales. Para dar un solo ejemplo, en menos de tres años, ChatGPT alcanzó los 700 millones de usuarios activos semanales, según un informe de OpenAI.
“Las inteligencias artificiales representan un nuevo riesgo de compartirle datos porque, en realidad, no saben hacia dónde van (…) La IA puede reutilizar la información que le das, y me parece que ni las generaciones actuales son conscientes de ello”, indicó Talavera. Según el especialista, este auge podría significar un problema sobre el mal uso de las tecnologías.
“¿Cómo vamos a acreditar el uso de la inteligencia artificial? Desde el punto de vista probatorio, me parece que será prácticamente imposible (…) No hay recursos humanos ni laboratorios”, declaró Puelles. El abogado añadió que, en el país, solo existen tres fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: Lima Centro, Arequipa y Trujillo. A pesar de que la IA ya se encuentra como parte de la Ley de Delitos Informáticos, la falta de capacitación sobre estos nuevos casos acrecientan el problema.
Una lucha desigual
El anonimato que ofrece el ciberespacio ha dado lugar a un incremento de los casos de acoso hacia mujeres de todas las edades. En 2018, el Ministerio de la Mujer reconoció por primera vez al ciberacoso como una forma más de violencia de género. Pero la estigmatización de este tipo de violencia sigue siendo un problema persistente en nuestro país.
La desconfianza en el sistema de justicia peruano y en sus autoridades no solo mina nuestro sentido de seguridad, sino que también desanima a muchas víctimas a denunciar. “La falta de empatía de los fiscales y los policías, esto es, los operadores jurídicos hacia la víctima y la familia de la víctima es palpable, lo que hace que se desincentive a continuar con las investigaciones”, explicó Puelles.
Durante los últimos cinco años, el número total de denuncias se ha mantenido estable; sin embargo, 2024 fue el año con más casos registrados, con el 26% del total. Si bien el Ministerio de la Mujer reportó que solo el 5% de las alertas correspondieron a adolescentes entre 12 y 17 años, la investigación de Aldeas Infantiles reveló que 4 de cada 10 NNA no sabrían qué hacer frente a un riesgo en línea. En otras palabras, es probable que, a pesar de lo que indica el Estado, la cifra real de casos sea mucho mayor de lo que reflejan los registros oficiales.
El abogado penalista plantea que uno de los principales problemas en nuestro sistema legal para tratar estos casos es “el tiempo de respuesta entre la presentación de la denuncia y la disposición de apertura de investigación preliminar”. Según el experto, la investigación de estos delitos requiere medidas especiales, como el acceso a comunicaciones privadas y la colaboración de las empresas operadoras para rastrear las conexiones, lo cual “hace que se pierda mucho tiempo”.
Ante un panorama que retrasa los procesos de investigación y mantiene en vilo a las víctimas, Puelles junto a la Clínica de Derecho y Tecnología, plantearon un proyecto de responsabilidad social enfocado en la elaboración de guías para la denuncia de casos de grooming. “Van a ayudar a los abogados que no tienen mucha expertise en la investigación de la ciberdelincuencia a saber qué diligencias realizar, y a los operadores a entender cómo deben investigar”, señaló el abogado.
Por su parte, el especialista en ciberseguridad resaltó la responsabilidad de las empresas dueñas de estas plataformas y su compromiso con la educación digital de los usuarios. “En los Términos y condiciones podrían incluir explicaciones más claras sobre cómo limitar accesos, o cómo denunciar otras cuentas o alguna interacción riesgosa”, sugirió el experto.
En ese sentido, diversas propuestas buscan mejorar la eficiencia del sistema de justicia y reducir los vacíos que aún persisten. Sin embargo, no se puede olvidar que la primera línea de defensa sigue siendo la formación y la concientización frente a peligros que, aunque intangibles, pueden alterar de forma real y profunda la vida de muchas niñas y adolescentes en el país.
