El especialista reflexiona sobre el impacto de la criminalidad y el debilitamiento de las instituciones en el país.
Por Matias Illescas
La inseguridad en el Perú ha alcanzado una situación crítica debido al incremento del crimen organizado y delitos como la extorsión y el sicariato. De acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en lo que va del año, se han reportado 1,513 asesinatos, 161 más de los registrados en el mismo periodo en 2024.
A raíz de esto, en Nexos conversó con Ricardo Valdés, ex viceministro del interior, acerca de algunas causas del problema, sus posibles soluciones y el impacto que puede tener.
¿Cómo ve la situación de la criminalidad en la actualidad?
Hay una gran crisis de criminalidad organizada en el país. El Incremento de asesinatos por encargo –sicariato– es notorio. Ha aumentado el número de muertos por 100 mil habitantes y la extorsión está siendo incontrolable por el Estado.
Además de las economías ilegales…
El impacto económico de la minería ilegal se ha triplicado y el narcotráfico sigue creciendo. La trata de personas se ha desarrollado no solamente en las zonas rurales, sino también en zonas urbanas. El contrabando también está imparable. La tala ilegal de madera sigue incrementándose, así como el tráfico de terrenos y el de flora y fauna.
¿Cuánto mueven las economías ilegales?
Entre 10 mil millones a 14 mil millones de dólares por año. Al menos una inversión similar se requeriría para poder mitigar el impacto que tienen estas economías en el país y reformular la estrategia de estas instituciones.
¿A qué se debe esto?
En primer lugar, a la crisis institucional. Desde los Cuellos Blancos del Puerto, el Poder Judicial no termina su proceso de reestructuración y reorganización. El Ministerio Público está tremendamente golpeado. Ahora tenemos un fiscal que ha tenido inclusive un proceso abierto, y es el fiscal adjunto que está a cargo de dicha entidad. La Policía Nacional se encuentra en crisis. Tenemos un comandante general que está suspendido por el Poder Judicial y que, sin embargo, continúa en funciones. Hay un desinterés absoluto por respetar a las instituciones.
¿Cómo se sostienen las organizaciones criminales?
Tienen un canal de financiamiento abierto y un flujo de caja a la mano porque la extorsión genera mucho efectivo. La explotación y la trata de personas también. Todo eso agiliza el financiamiento y les permite invertir en otros elementos útiles a los criminales como vehículos o armas. Disponen de plata para hacerlo.
¿Se manejan mejor que la policía?
No tienen que hacer licitaciones públicas. Cuentan con contactos que les proveen armamento, logística de vivienda y vehículos por un pago, todo sobre la base de dinero efectivo que acumularon con un solo secuestro. Es una estructura horizontal; en cambio, la policía es vertical. Para llegar al jefe de una unidad hay varios niveles previos. Por eso es que los delincuentes tienen mayor velocidad por todas las ventajas que les da la informalidad en el país.
¿Han influenciado las decisiones del Congreso?
Han dado normas contrarias a la técnica jurídica para beneficiar a la criminalidad organizada y beneficiarse excluyendo los delitos de corrupción del crimen organizado. Además, el Ejecutivo tiene problemas serios. Tuvimos un ministro de Justicia —que fue antes ministro del Interior— y ahora se encuentra con censuras y carpetas fiscales, ejerció como Ministro de Estado.
¿Qué consecuencias deja esta situación?
Una institucionalidad muy deteriorada, y eso no ayuda a establecer un camino correcto para los deberes y para los derechos de los ciudadanos. Quienes están destinados a cuidarnos de la función pública se encuentran imbuidos en problemas de otro orden, que los distraen del cuidado de la seguridad y de la criminalidad.
¿Influyen también factores externos?
Sí. Por ejemplo, el precio del oro se ha disparado y eso ha impulsado muchísimo la minería legal. Estamos importando criminalidad desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y estamos exportando la nuestra a Paraguay, Argentina, Chile. Toda una transnacionalización. La policía no está preparada para esa dinámica, tiene muy pocos recursos y el Ministerio Público tiene menos recursos aún.
¿Qué medidas cree que se deberían adoptar para poder solucionar o minimizar estos problemas?
A largo plazo, tenemos que empezar un proceso concienzudo, riguroso, financiado, para reestructurar y reorganizar, sobre todo tecnificar el Poder Judicial. Se requiere también reformar el Ministerio Público, del Interior, los penales y la Policía Nacional. Hay que hacer en todos estos campos una inversión muy fuerte en tecnología.
¿Y algo inmediato?
Refinanciar al Ministerio Público que están con 89 millones de déficit y de aquí a fin de año no van a poder operar. Existe necesidad también de una reforma policial del régimen laboral que, de aquí a diciembre, se podría poner en práctica.
Algunos creen que este es un panorama similar al de El Salvador…
Quienes comparan la situación peruana de hoy con El Salvador de hace 10 años no conocieron El Salvador o no conocen el Perú. El Salvador entra en Lima Provincias, todo el país. No tiene la complejidad que tiene el Perú. Nuestro país es inmensamente mayor con 7,500 kilómetros de frontera que proteger, por donde además hay una colaboración intensísima de criminalidades de otros países. No tenemos un problema como el que tenía El Salvador, que eran las maras. Aquí tenemos múltiples problemas como los que he mencionado cuando hablábamos de las economías ilícitas.
Son situaciones diferentes…
No es comparable la realidad de El Salvador, ni por su nivel de criminalidad, tamaño o realidad política. Bukele logró concentrar el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. En la práctica, es un gobernante con el control de todo para poder hacer y deshacer como le conviene. Quienes visitan El Salvador ahora y lo visitaron antes, dicen que ahora es una ciudad absolutamente pacificada y consideran que ese fin justifica los medios.
¿Cree que el fin no justifica los medios?
Creo que, más que los fines, uno debe respetar los principios. Ellos son los que deben primar, porque una buena estructura de principios te va a permitir conseguir fines con una mayor sostenibilidad en el tiempo y un mejor desarrollo. No va a ser coyuntural ni se va a sostener sobre la base de concentración de poder, sino que se va a sostener en sí misma sobre la base de educación y respeto de un ser humano hacia otro.
Es difícil…
Es el camino de la democracia. El de la autocracia es más corto, de resultados seguramente inmediatos y, posiblemente, de gente más perjudicada, pero es una decisión que tiene que tomar la población. Nuestra democracia es totalmente corrupta y funciona sobre la base de intereses propios.
¿Estamos camino a solucionar la situación?
Si seguimos en un sistema así, no vamos a solucionar el problema. Necesitamos una lectura adecuada de la realidad, inversiones y una democracia que respete la distribución de poderes. Tendrá sus inconvenientes y sus problemas sustentados en los principios y el respeto a las instituciones, pero lo que tenemos ahora es una democracia ficticia, fallida.
¿Debería actuar también el sector privado?
Tiene que empezar a comprarse el pleito y no ponerse de costado bajo el expediente de decir “para eso yo pago mis impuestos”, que sea el sector interior el que se encargue del problema. No, a esas alturas del partido lo que hay que hacer es una propuesta de país distinta sobre la base del respeto y los derechos de los ciudadanos. Pero no, El Salvador no es la solución.
¿Cómo va a impactar esta situación en las elecciones?
Me da la sensación de que vamos a tener un presidente con muy poquita legitimidad. Lamentablemente, dentro de la estructura de los candidatos, yo diría que, de los cinco que están manejando las encuestas ahora, tres o cuatro van por la ruta de remedar a Bukele y están muy equivocados porque no puede implementarse una política así. Es una realidad totalmente distinta. Y es querer curar un problema dermatológico con una cirugía al corazón.
