En lo que es el último periodo del gobierno de Dina Boluarte, el expremier reflexionó sobre las posibles consecuencias de la crisis política.
Por Rafael Ortega Alva
El 13 de agosto de 2025 se promulgó la Ley de Amnistía, una de las normas más controversiales de los últimos años. Este acto no ha sido un hecho aislado, sino que aparece en un contexto donde el Ejecutivo ha manifestado su intención de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial se encuentra envuelto en múltiples disputas y el Legislativo sigue realizando reformas constitucionales.
Ante ello, Nexos conversó con el abogado y expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, acerca de las últimas acciones tomadas por la presidencia peruana.
Hay quienes mencionan que la Constitución en el último periodo ha tenido tantos cambios que podríamos estar hablando de una nueva carta magna, ¿está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, la Constitución tiene más del 50% de normas modificadas. De todas formas, muchos de esos cambios son formales como en el caso de la cámara de diputados y senadores. Hay algunos temas que no han funcionado bien, como el de la Junta Nacional de Justicia y, claro, se ven otros puntos que son los que polarizan. Esos son, básicamente, todo lo relacionado con el sistema económico.
¿Estaría la ciudadanía dispuesta a hacer diferentes cambios a su Constitución siempre y cuando no se toque el modelo económico?
Eso es lo que habría que ver. Los sectores que han impulsado en los últimos años una asamblea constituyente cuestionan precisamente el régimen económico. Aun así, hay algunas narrativas que no tienen fundamento. La polarización se da a nivel constitucional por el debate acerca de un Estado intervencionista.
Más allá de lo económico, existen leyes dentro del espectro social que han generado controversia, como la Ley de Amnistía que ha venido a la par de la intención del gobierno de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué hay detrás?
Que el ministro de Justicia le diga a las Naciones Unidas que el Perú está evaluando la renuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es un factor que es absolutamente inédito. Eso no ha ocurrido nunca en el país. Hay muchos temas que se tocan allí: la salud, las poblaciones indígenas, temas ambientales, libertad de expresión, justicia… Ese es el punto importante.
¿La ciudadanía es realmente consciente de lo que implicaría salirnos de la Corte?
Desafortunadamente, los “halcones” de la política, esas personas completamente conversadoras, han logrado que la narrativa contraria gane el terreno de la opinión pública. La gente piensa que la Corte defiende terroristas….
¿Cuál es la realidad?
La Corte Interamericana aproximadamente ha emitido 400 fallos en toda su historia, hace 40 años, un poco más. El Perú tiene aproximadamente 60 a 70 casos. Probablemente, los temas que tengan que ver con el problema del terrorismo, sean unos 15 casos o 20 casos indirectos.
¿De qué son los demás casos?
Son procesos que se han seguido porque la gente en el Perú no ha encontrado justicia. Tiene que ver con temas laborales, pensionarios, violencia familiar… No debemos manchar la historia de la Fuerza Armada ni la policía, pero nosotros no hablamos de eso. Existen personas que cometieron delitos, crímenes contra la población y deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas para que esto no se repita.
Todo parece estar dividido únicamente en blanco o negro…
No sé si la presidenta está analizando adecuadamente cuando sale a defender a la Fuerza Armada y a estos sujetos que han cometido estos delitos. Estamos hablando de tipos que han cometido crímenes, que han violado mujeres. Personas que han denunciado además esto. Son seres humanos, personas como nosotros que han sido víctimas de estas atrocidades. Han sido torturadas.
¿La salida de la Corte no tiene una intención también hacia las protestas del 2022-2023?
Sí, pero lo que pasa es que es inoperativo. Si es que llegamos a salir, todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido antes de los 2000 y hasta un año después de que el Perú se retire, todavía serán de competencia del sistema interamericano, por norma.
En 2023, según The Economist, el Perú era una “democracia híbrida”. De allí a ahora, con los actos de represión, el presunto monitoreo hacia algunos periodistas, las leyes calificadas como “prodelincuencia”, ¿ya vivimos en una dictadura y no lo sabemos?
La democracia no solamente son votos, eso es lo que tienen que aprender nuestros políticos. También son principios, tolerancia, división de poderes, respeto a las autonomías. Creo que en el Perú deberíamos discutir si efectivamente todavía estamos en una democracia formal.
¿Cuál sería la gota que derrame el vaso?
Si las autoridades que nos gobiernan deciden renunciar a la Convención Americana. Esa decisión, que por supuesto será imprudente e ilegal, sería el golpe de Estado más atípico que hemos tenido en la historia. Sería un ataque ya no al poder, sino al conjunto de derechos que tenemos los peruanos.
¿Existe alguna institución que pueda contrarrestar las acciones que está tomando el gobierno? Antes se mencionaba que era el Poder Judicial…
Hay un serio problema institucional en el Perú. El sistema de justicia no parece estar funcionando correctamente. Otro ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, debería ser una entidad que tenga una conducta adecuada como para que el gobierno deje de actuar como lo está haciendo. Pero tenemos un Defensor del Pueblo que sale a apoyar la Ley de Amnistía y luego, contradictoriamente, plantea una demanda alegando que es inconstitucional…
¿Existe alguna forma actualmente de poder encontrar una solución a este escenario o lo que queda es aguantar?
Creo que hay que esperar que este gobierno se vaya. Quiero decir, no otorga ninguna garantía de que haya alguna salida por ahora. Lo más grosero que hemos visto, aparte de muchas cosas, es que se haga una ceremonia en el Palacio de Gobierno para suscribir una ceremonia de firma de la Ley de Amnistía. Que salgan firmando y alegres me ha dado mucha lástima.
¿Le recuerda a algún otro momento?
Estamos en una coyuntura muy penosa como las que recurrentemente el Perú siempre ha tenido. Así fue en los años 90: vaciamiento de instituciones, colonización política de entidades de control, manejo financiero de instituciones…
¿Tiene esperanza en que las siguientes elecciones permitan un cambio importante? La última encuesta de Datum indica que más del 60% de la población votaría con escepticismo y rechazo aquí a las elecciones del 2026…
No tengo buenas noticias en este punto. El fraccionamiento va a ser alto. Es casi seguro que no va a haber mayoría parlamentaria. No veo ningún candidato que tenga un gran arrastre a nivel presidencial. De tal manera que estos diez años, que han sido muy inestables con seis presidentes, los políticos en el Congreso han aprendido que pueden controlar al poder ejecutivo.
¿Qué ha pasado con los partidos?
Se han convertido en organizaciones de empleo. Entidades económicas que lo que buscan es lograr intereses particulares, sea para puestos públicos o para obras determinadas en sus jurisdicciones, probablemente también desarrollarlas con corrupción.
¿Cuánto más va a soportar la ciudadanía?
Nos hemos apagado un poco. Uno de los factores es el miedo, ocasionado por el gobierno al inicio de su gestión. No sabemos cuál va a ser el detonante que puede hacer que la población peruana estalle de indignación frente a las autoridades, pero creo que estamos cerca a ese momento.
¿Vivimos con lo que queda?
Los peruanos somos muy resilientes. Aguantamos todo. No hay más que ver las colas en los paraderos en el metro, en el sistema integrado de transporte, el metropolitano. Es impresionante. La gente estoicamente se hace su cola, está ahí esperando el bus o el tren. Pero no sé hasta dónde van a aguantar…