El debate en torno a la reforma del sistema previsional expone giros políticos, consecuencias económicas y movilización ciudadana. ¿Las medidas resolvieron los problemas del sistema o solo generó más preocupaciones?
Por Igor García y Daniela Ramos
La vida laboral suele ser un ciclo rutinario: entrar, cumplir, salir y volver a empezar. Durante décadas, el peruano trabaja para asegurar un futuro mejor para sí mismo o para sus hijos. En ese camino, la jubilación, un derecho inherente del trabajador, surge como una promesa de respiro, marcando el cierre de la etapa laboral activa. Sin embargo, aunque existen normativas y beneficios que buscan garantizar el bienestar de los jubilados, siempre han existido dudas a nivel económico.
El país cuenta con un esquema previsional y, en septiembre del 2025, este sistema ha sufrido cambios significativos. El Gobierno oficializó una reforma del sistema de pensiones que trajo consigo muchas medidas altamente criticadas por la ciudadanía. El posible impacto económico en todos los peruanos, no solo en los afiliados, causó preocupación y motivó protestas en Lima.
A esto se sumó el discurso ambiguo de los partidos políticos que, desde un inicio, apoyaron la reforma y, ya reglamentada, terminaron retractándose. ¿Realmente garantiza un futuro más justo para los peruanos o profundiza las dudas sobre el sistema de pensiones?
Una reforma impopular
En el Perú, crisis política va, crisis política viene, pero una que ha hecho más eco en la ciudadanía últimamente fue la famosa Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Nos remontamos al 25 de septiembre del 2024 cuando se promulgó en el Peruano la Ley N° 32123, la cual no despertó las alarmas del pueblo hasta la publicación de su reglamentación el pasado 5 de septiembre del presente año.
Ante ello, una serie de reacciones no solo de parte del ciudadano peruano, sino también de partidos políticos, movió el piso de quienes toman las decisiones en este país. Las autoridades que impulsaron la reforma del sistema de pensiones resaltaron su necesidad para garantizar una pensión mínima digna para más peruanos, asegurar su sostenibilidad a futuro, fomentar la competencia entre las administradoras y eliminar prácticas que generaban ganancias excesivas sin beneficios reales para los afiliados.
Sin embargo, diversos especialistas advirtieron que estas medidas, además de restringir la libertad de los ciudadanos para disponer de sus fondos, implican riesgos económicos y no cumplen con varios de los objetivos iniciales.
Según el economista Daniel Barco, el costo del sistema, su limitada rentabilidad y las bajas pensiones son quejas que tienen los afiliados. “Dado factores como el tamaño del mercado, la complejidad de la actividad y la seguridad que debe implicar manejar recursos del público, pienso que los requisitos serán difíciles de cumplir y que el efecto sobre la competencia será entre bajo y nulo”, comentó.
Cuando el gobierno presentó oficialmente la reforma, uno de los cambios que más generó controversia fue la pensión mínima de 600 soles, establecida tanto para afiliados a la ONP como a la AFP, siempre que acumulen al menos 240 aportes (20 años laborales). Si no se llegaba a esa meta, el Estado cubría la diferencia.
Además, desde junio de 2027, los jóvenes al cumplir 18 años tendrían que elegir obligatoriamente entre aportar al sistema público o a uno privado, cuando antes la afiliación era opcional y muchos decidían postergar su ingreso al sistema.
También se eliminaba la posibilidad de retirar el 95.5% del fondo antes de los 40 años y un nuevo actor entraba en el ecosistema: el trabajador independiente. Aquellos que emiten recibos por honorarios se incorporarían al sistema de pensiones sin excepciones, empezando con un aporte del 2% en 2028, que aumentaría de manera progresiva. En un giro de los hechos, estas dos últimas disposiciones fueron eliminadas.
Tanto los medios tradicionales como streamers y figuras informativas independientes difundieron, mediante contenidos explicativos, las posibles consecuencias de los cambios en el sistema de pensiones. Tras varias marchas y nuevas convocatorias, el sábado 20 de septiembre se promulgó no solo el octavo retiro de las AFP —una de las principales demandas en las protestas—, sino también la modificación que dejó sin efecto dos de los aspectos más controvertidos de la reforma. ¿Estos ajustes son suficientes para que la reforma funcione?
Un camino poco viable
En un país con altos niveles de informalidad laboral y salarios bajos, la mayoría de trabajadores puede que no logren acumular los aportes necesarios para acceder a una jubilación digna.
“El problema principal es que esta ley no soluciona ni ayuda a solucionar el problema más álgido del mercado laboral, que es la prevalencia de empleos precarios de baja productividad. En este contexto, son muy pocos trabajadores los que acceden al sistema de pensiones y serán muy pocos los que accedan a una pensión bajo el sistema”, sostuvo Barco.
El ámbito fiscal también entra dentro de la ecuación. De acuerdo al economista, otro efecto negativo es que los costos fiscales tendrán que ser pagados a través de impuestos o dejar de usar dichos recursos para otros fines. Es decir, el gasto adicional que genera la reforma no aparece de manera automática, sino que debe ser financiado con el presupuesto público.
Esto implica que el Estado tendrá que optar entre aumentar la carga tributaria a los ciudadanos o recortar fondos que podrían destinarse a sectores clave como educación, salud o infraestructura, trasladando así el peso de la reforma a toda la sociedad.
“Respecto a mejorar el nivel de las pensiones, se ha introducido la pensión mínima, lo que solucionaría el problema para un grupo de afiliados en el sistema, pero lo hace a un costo fiscal potencialmente alto. Un costo fiscal adicional que se genera por la pensión por consumo”, añadió Barco al advertir que esta medida, aunque representa un alivio inmediato para ciertos trabajadores, no ataca la raíz del problema.
También, la reforma de pensiones debía significar un paso firme hacia un sistema más justo, donde los verdaderos beneficiados fueran los ciudadanos y no las empresas administradoras. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. Pese a las críticas y a las promesas de la reforma, la estructura del sistema se mantiene intacta. En 2024, las AFPs ganaron más de S/. 491 millones. Estas aún mantienen un modelo en el que aseguran sus ganancias y el riesgo cae completamente sobre el trabajador, quien además no es recompensado acorde al esfuerzo de tantos años.
“Las AFPs no son un sistema prácticamente pensionario. Son el mejor sistema de capitalización, es el mejor sistema para hacerte ganar, más que con una cuenta de ahorros o una cuenta plazo fijo. (…) Pero cuando llega la etapa de la pensión, a tu edad de jubilación, como pensión es algo incoherente”, recalcó Fernando Zambrano, analista político.
Al final, el ciudadano trabaja y aporta durante décadas esperando un retiro digno, pero termina recibiendo una pensión mensual de S/. 600, monto insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Más aún si se considera que, según un reporte de Pulso Ciudadano, los adultos mayores son los más caros, al necesitar S/. 3,676 para vivir cómodos durante su vejez.
¿A favor o en contra?
Los partidos políticos podrían estar deshilando lo que hace un año tejieron. En 2024, la reforma previsional fue aprobada con 56 votos en la primera votación y 38 en la segunda. Entre las bancadas que respaldaron la norma estuvieron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú. Las mismas que, tras la promulgación de su reglamento, optaron por desmarcarse con comunicados oficiales que cuestionaban lo que en su momento apoyaron.
Para Zambrano, este hecho responde a las dinámicas poco claras del Congreso, pues en esta especie de debate que existe en el Parlamento, uno tendría que ceder para ganar posiciones. “No hay nadie que tenga el poder absoluto de decir ‘esto sale como yo quiero’. Y en ese ceder, lamentablemente el Congreso cedió posiciones respecto a estas dos propuestas, a mi modo de entender, equivocadas”, agregó.
No obstante, cabe preguntarse: ¿ceder posiciones justifica contradecir el propio voto? La presidenta Dina Boluarte, quien en un primer momento promulgó la ley, terminó aprobando el octavo retiro de fondos. Mientras que otras figuras como el actual alcalde de Lima y candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, calificaron la norma de “abusiva”, pese a que su bancada inicialmente la apoyó. ¿Estamos hablando de un conflicto interno o estrategia electoral?
En un contexto internacional donde en países como Nepal las protestas de la llamada Generación Z han influido en decisiones políticas, los jóvenes peruanos también decidieron movilizarse. El último fin de semana, miles se reunieron en la Plaza San Martín con el objetivo de expresar su rechazo a la reforma del sistema de pensiones y al rumbo político que el país ha tomado en los últimos años.
La presión de la ciudadanía ocurre en un momento en que los partidos buscan consolidar su apoyo de cara a las Elecciones 2026. “Cuando comienzan a terminar los periodos gubernamentales y del Congreso, y ya se convocan elecciones, el Parlamento se vuelve muy populista y se vuelve muy permeable a la presión popular porque está jugando sus votos en la elección que viene”, resaltó Zambrano.
Es así que, en tiempos de elecciones, el respaldo de la ciudadanía se convierte en un premio dorado que, una vez terminada la contienda, suele olvidarse por otros cinco años.
Pese a los cambios introducidos, las dudas persisten en un país donde casi el 70% de la Población Económicamente Activa es informal, según lo estiman cifras del Instituto Peruano de Economía. La reforma no solo concierne a quienes están cerca de jubilarse, sino que interpela a toda la ciudadanía.