Desconfianza, frustración y promesas incumplidas. Detrás de la política y la corrupción, los ciudadanos esperan justicia, seguridad y oportunidades reales, en medio de un sistema que parece haber perdido su rumbo.
Por Rafael Ortega, Michelle Hemmerde y César García
Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia. Esta fecha recuerda el compromiso, respeto, entendimiento y respeto entre los ciudadanos para la construcción de una sociedad más libre y justa. Sin embargo, en el Perú, según una de las más recientes encuestas del IEP, casi el 90% de la población se siente muy insatisfecha con este sistema gubernamental.
A menos de un año de las elecciones 2026, el escenario político se encuentra, una vez más, crudamente fragmentado. La atomización de los partidos, las luchas dentro del Poder Judicial, las cuestionadas leyes a favor de las organizaciones criminales y las acusaciones hacia el Ejecutivo, que van desde el abuso de autoridad hasta la muerte de civiles en protestas, han sido el caldo de cultivo para que el rechazo se incremente en este sistema. Después de más de 20 años desde el regreso de la democracia, ¿qué es lo que ha pasado?
El debilitamiento de la democracia en el Perú
El retroceso democrático no se vive solo en el Perú; se trata de un fenómeno global que ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. Según un informe de Democracy Index 2024, más de un tercio de la población mundial vive actualmente bajo un régimen autoritario, y la confianza en la democracia se encuentra en su nivel más bajo en veinte años.
En el caso del Perú, desde el inicio del mandato de Dina Boluarte, el Congreso de la República ha implementado una serie de reformas cuestionables. Una de las más polémicas es el retorno a la bicameralidad, que busca restablecer el Senado y la Cámara de Diputados. Dicha medida fue rechazada por la población en un referéndum años atrás.
Al mismo tiempo, la aprobación de la Ley que modifica la tipificación de organización criminal y excluye más de 50 delitos generó fuertes críticas, ocasionando que diversos gremios de transporte acaten un paro.
«Hay un desapego y frustración de los mejores talentos que no les interesa la política, y sectores con menos capacidades acceden a los cargos decisivos, debilitando la democracia», mencionó Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo. Esta situación se refleja en las recientes decisiones del Parlamento, donde la tensión entre los poderes del Estado provoca que la opinión de la ciudadanía pierda importancia y genera dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control democrático.
Movilizaciones, protestas y paros demuestran que la sociedad peruana exige un cambio y que su confianza en el sistema se ha debilitado. La desconfianza en las instituciones se encuentra en crisis. Según la última encuesta del IEP de mayo de este año, solo el 8% de los ciudadanos confía en las elecciones generales de 2026, mientras que el 37% manifiesta una desconfianza total. Además, el 75% de los peruanos mencionó tener «poco o nada» de confianza en el Poder Judicial.
Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, consideró que la sociedad enfrenta «un sistema democrático altamente debilitado, donde el Congreso de la República toma decisiones, sanciona instituciones y aprueba normas sin rigurosidad técnica ni respaldo constitucional».
Los casos de corrupción entre los niveles más altos del poder, como el de Alejandro Toledo, acusado por lavado de activos, y los de Ollanta Humala y Martín Vizcarra por actos de corrupción durante sus períodos, reflejan la calidad de los gobernantes y el desgobierno al que nos enfrentamos actualmente. Esto no solo afecta la gestión pública, sino que también genera dudas sobre la eficacia del sistema de gobierno.
La mano dura
Con el paso del tiempo y las crisis, un porcentaje de la población considera viable la aplicación de medidas radicales que solucionen sus problemas. En julio, como indicó una encuesta de Ipsos, la intención de voto por un líder que aplique la famosa “mano dura” estuvo en 43%, diez puntos porcentuales más que el año pasado. Este apoyo aparece en un contexto donde más del 50% de los peruanos considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema que atraviesan.
“Las medidas duras no han funcionado en ninguna parte del mundo. Hay una mirada absolutamente equivocada”, indicó Gutiérrez. En sus palabras, los delincuentes no leen códigos penales y mucho menos se notifican si es que decreta el incremento de alguna condena. Para el exdefensor del Pueblo,, estas acciones no asustan al infractor, pues lo último que piensa es que lo van a condenar. “Estas son medidas reactivas que no responden a un plan de combate. La criminalidad avanza porque precisamente no hay un plan”, añadió.
En el escenario de las elecciones 2026, el nombre de Nayib Bukele es recurrente por la búsqueda de un equivalente suyo que solucione la criminalidad. Las estrategias en el país para combatir la delincuencia han ido desde estados de emergencia, hasta las propuestas de pena capital sugeridas por la presidenta.
“La criminalidad disminuye cuando se ve efectividad en la persecución del delito y se aplica correctamente una sanción”, declaró Andía. El exviceministro mencionó que la radicalización de la pena está demostrada a nivel nacional e internacional que no logra ningún cambio.
Para él, la solución se encuentra en la planificación con inteligencia, la ejecución de planes operativos concretos y en la participación conjunta de la policía nacional y el Ministerio Público. “Los delincuentes dejarán de actuar como lo llevan haciendo en la medida que les sea más difícil delinquir”, complementó.
El regreso de la democracia
“Existe una predisposición a interponer sus intereses personales y de sus aliados ante los intereses de la sociedad. Esto lleva a que existan muchas alianzas y acuerdos bajo la mesa”, señaló Gilmar Andía, abogado y exviceministro de Justicia. Cuando la indignación frente a la corrupción y la falta de acción por parte del Estado no se traduce en medidas efectivas, los problemas se agravan. Proyectos de ley aprobados sin consenso y decisiones tomadas sin transparencia consolidan la sensación de que el sistema es lejano y poco efectivo. Esto deja a la ciudadanía cada vez más alejada de la política.
“No necesariamente en la política, pero sí en el día a día. Participar en los temas, en el debate público permite dar señales a los gobernantes que están siendo vigilados y controlados», mencionó Gutiérrez. Estar involucrados ayuda a que la sociedad peruana se comprometa más con su país. En consecuencia, contribuye a que la democracia funcione de manera más activa y representativa.
La falta de conexión entre la política y las necesidades de la población se refleja en distintos aspectos de la vida cotidiana. Algunos incluyen los servicios públicos que no funcionan correctamente, limitaciones en educación y empleo, o dificultades en el acceso a salud y seguridad. En este contexto, la participación ciudadana se convierte en una herramienta para exigir mejoras que desarrollen la calidad de vida de todos los peruanos, al permitir que la sociedad plantee demandas claras y supervise el cumplimiento y aprobación de diversas normas y leyes.
Las elecciones de abril del próximo año son una oportunidad para cambiar el panorama actual. Ir a votar no es solo un deber, sino también una responsabilidad que puede marcar el rumbo del Perú. Cada elección cuenta para fortalecer la transparencia, elegir autoridades competentes y comprometidas, y asegurar que las decisiones políticas respondan a los intereses de la ciudadanía.
