Detrás de cada despliegue militar o medida diplomática, hay decisiones que afectan la soberanía, la política y la vida de millones de personas, y un territorio que no solo se mide en mapas, sino en poder e influencia.
Por Michelle Hemmerde, Ednilson Cabrera y Paula Núñez
La relación entre Estados Unidos y América Latina ha estado marcada por alianzas estratégicas y tensiones. Hoy, en medio de un escenario de desafíos energéticos, migratorios y geopolíticos, surge la pregunta: ¿es realmente una búsqueda de seguridad o un intento por reafirmar su influencia?
A lo largo de los últimos años, Venezuela ha cobrado importancia en la agenda estadounidense. La crisis política y humanitaria del país generó no solo sanciones, sino también medidas diplomáticas. Asimismo, se ha convertido en un punto clave debido al interés creciente de actores como China y Rusia en la región latinoamericana. En este contexto, queda la duda sobre hasta qué punto estas acciones responden a necesidades reales o buscan consolidar el poder.
¿Seguridad o control?
Tras el discurso de cooperación y defensa regional, se esconden intereses que apuntan más al dominio estratégico que a la estabilidad colectiva. Estados Unidos se presenta como una potencia hegemónica e imperialista que, bajo una lógica de dominación estructural, articula intereses políticos, económicos, militares e ideológicos para mantener su influencia histórica en la región.
Francisco Belaunde Matossian, docente y analista internacional, sin usar el término “imperialismo”, coincidió al decir que EE.UU. interviene “para proteger sus propios intereses”, especialmente en Venezuela, donde el objetivo apunta más hacia el ámbito político y no a la lucha contra el narcotráfico. Esta subordinación está vinculada a factores económicos e ideológicos como la deuda y el FMI. Belaunde señaló que la intervención podría legitimarse si la solicita un líder opositor, evidenciando la limitada autonomía regional.
Desde la posición del internacionalista Fabián Vallas, la verdadera intención del gigante norteamericano se encuentra en su poder determinante ante el resto de naciones. “El discurso antidrogas ha sido una excusa para ampliar la influencia estadounidense”, afirmó.
Anteriormente, EE.UU. ha liderado diversas intervenciones con el fin de modificar regímenes a los que calificaba de dictatoriales o contrarios a su política exterior. En 1989, lideró la invasión a Panamá, llamada “Operación Causa Justa”. El propósito principal era capturar a Noriega, debido a sus condenas por narcotráfico.
Esto generó opiniones divididas. Por un lado lo veían como una luz de esperanza para terminar con la dictadura panameña; sin embargo, otro grupo consideraba que se trató de una agresión a la soberanía de su país. Por ello, la presencia de EE.UU. en Venezuela podría representar la reafirmación de su poder regional y el control de espacios estratégicos, impulsando cambios políticos favorables a sus intereses.
Estabilidad bajo presión
A fines de julio, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Se trata de un grupo criminal venezonalo que, según Estados Unidos, habría corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales de dicho país desde el año 1990, con el objetivo de enviar drogas.
Poco tiempo después, el gobierno de Trump duplicó la recompensa de US 15 millones a 50 millones de dólares, a cambio de información que ayude a capturar al mandatario venezolano.
En la misma linea, el día miércoles 27 de agosto el Congreso peruano presentó una moción para que también se declare al Cártel de Soles como una “organización terrorista y amenaza externa”, afirmando que su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región.
En medio del conflicto, la potencia norteamericana ordenó un despliegue militar en las costas de Venezuela y el Caribe, como una medida intensiva para combatir a los cárteles. La movilización incluye 4,000 militares, un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones P8, destructores y un crucero lanzamisiles guiados.
Frente a esto, el presidente Nicolás Maduro anunció un plan masivo de movilización. Según sus declaraciones en una conferencia de prensa, más de 4.5 millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional fueron convocados con el objetivo de proteger la integridad del país. No obstante, no dio a conocer las cifras de los primeros días de la convocatoria. La oposición, por su lado, aseguró que la operación había sido un fracaso.
Por otro lado, prohibió el uso, compra y venta de drones en todo el país, inicialmente por un periodo de 30 días prorrogables. Asimismo, el gobierno estableció medidas legales severas contra la entrada ilegal de extranjeros. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que “todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria” y será sometido a procesos penales.
La intención de movilizar milicianos y las restricciones impuestas por parte de Venezuela forman parte de una respuesta orientada a preservar la soberanía y la seguridad nacional, en un contexto de presión externa.
Aliados estratégicos
“Cualquier operación militar debe manejarse con cuidado; un movimiento en falso podría generar más inestabilidad que soluciones reales”, mencionó Belaunde. Las intervenciones estadounidenses en América Latina han estado presentes durante décadas, desde donaciones hasta asistencia en diversos ámbitos.
Para algunos gobiernos, la presencia de EE.UU. representa un apoyo frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico o el crimen organizado. Las operaciones conjuntas y la asistencia militar fortalecen las capacidades locales con recursos y entrenamiento, aunque también pueden generar dependencia política y económica, condicionando decisiones y complicando la línea entre cooperación y subordinación.
“América Latina es considerada un área de influencia, y ninguna potencia debería intervenir sin considerar sus efectos sobre la región”, señaló Vallas, y recalcó que cada movimiento debe evaluarse con calma, sin poner en riesgo la estabilidad ni generar tensiones innecesarias.
Recientemente, el gobierno norteamericano expresó su preocupación por el acercamiento de Perú a China, advirtiendo que esta relación podría favorecer la influencia de Pekín en proyectos estratégicos, infraestructura y comercio. En consecuencia, pondría en riesgo, según su punto de vista, el equilibrio de poder en Latinoamérica.
El límite entre cooperación y dominio aún es confuso. Cada acción militar, diplomática o económica podría cambiar el equilibrio de poderes en América Latina. La presencia de actores externos puede representar apoyo estratégico y seguridad, pero también generar tensiones y cuestionamientos sobre la autonomía de los países. El desafío está en que los gobiernos diseñen ideas claras y coordinadas que prioricen la estabilidad y el desarrollo económico y social.
![[Ilustración: Kiara Lopez]](https://nexos.ulima.edu.pe/wp-content/uploads/2024/11/85135-480x384.jpg)
