A pesar de discursos grandilocuentes y prometedores, las acciones del gobierno continúan sin cerrar las brechas en salud, educación y seguridad.
Por Marjorie Chauca
“Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad? El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder…. camino a convertirnos en un país fallido…”.
Ya se ha cumplido un mes desde que Dina Boluarte pronunció su más reciente mensaje a la Nación el pasado 28 de julio. En esa ocasión, la presidenta intentó justificar su permanencia en el poder. En medio de aplausos calculados, abucheos esporádicos y un congreso visiblemente dividido, Boluarte ofreció un discurso que se extendió por más de cuatro horas donde volvió a trazar los mismos objetivos de hace un año: más hospitales, más policías, más inversión y más conectividad.
No obstante, muchas de esas promesas ya se habían anunciado el año anterior, y pocas son las que han logrado salir del papel. Ante este panorama, surgen preguntas inevitables: ¿Qué se ha cumplido realmente? ¿Qué tan factible es que se concreten ahora, con un gobierno cuestionado y un país golpeado por la desconfianza, la inseguridad y la precariedad?
Sin tratamiento
La construcción de hospitales, la lucha contra la anemia infantil y el fortalecimiento de la salud mental son algunos de los compromisos que la presidenta Dina Boluarte asumió en su discurso del año pasado. Pero, más allá de las palabras, la ejecución concreta de estas promesas avanza con lentitud y se mantiene en un terreno de cifras poco claras.
En su mensaje a la Nación de 2024, la mandataria anunció la construcción de cinco hospitales de alta complejidad en Piura, Trujillo, Puno, Apurímac y Arequipa. Pese a ello, un año después, los proyectos siguen “en marcha”, sin evidencias de obras visibles. “Este anuncio es un ‘copia y pega’ de su discurso de 2024 y poco o nada se ha avanzado en su ejecución”, advierte el exministro de Salud, Víctor Zamora. Además, señala que dichos hospitales “no existen presupuestariamente”, lo cual pone en entredicho su viabilidad.
Uno de los temas más urgentes del sistema sanitario es la anemia infantil. Durante su último discurso, la presidenta sostuvo que se ha duplicado la recuperación de menores con esta afección en los últimos dos años y prometió mantener ese “logro”. Lo cierto es que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES 2024) revela una realidad distinta: el 43.7% de niños menores de tres años padece de anemia, la cifra más alta registrada en los últimos años.
“Antes que progreso, lo que las cifras muestran es un empeoramiento de la situación”, subraya Zamora, quien además recuerda que los avances logrados desde 2018 comenzaron a retroceder durante el gobierno de Castillo —cuando Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social—, lo que, en su opinión, evidencia una “descapitalización intelectual y de gestión” del aparato estatal.
A esto se suma el debilitamiento de programas claves como Qali Warma, cuya reforma —según el gobierno— busca modernizar la estrategia de alimentación escolar. No obstante, Zamora sostiene que el programa ha sido “destruido por la incapacidad y la corrupción”, y su rediseño responde más a una medida improvisada que a una solución estructural.
El exministro también cuestiona la falta de liderazgo en temas como la salud mental. Aunque el Ejecutivo anunció un incremento de Centros de Salud Mental Comunitaria, los datos oficiales contradicen esta propuesta: actualmente solo existen 291, pese a un anuncio previo de 307. “Antes que haberle dedicado recursos para fortalecerla, la estrategia fue puesta en segundo plano”, afirma Zamora.
Promesas de fuerzas, cifras en caída
Si en salud las cifras contradicen el optimismo del Ejecutivo, en seguridad la misma escena se repite. El año pasado, la presidenta anunció la ejecución de más de 100 megaoperativos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) antes de diciembre, como parte de su estrategia para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, doce meses después, los resultados han sido limitados y contradictorios.
Según el boletín estadístico de la PNP, entre enero y junio de 2025 se realizaron solo 33 megaoperativos, 42 menos que en el mismo periodo de 2024. A pesar de su promesa inicial, el mensaje presidencial de este año no volvió a mencionar estos operativos ni rindió cuentas sobre su implementación, aunque sí reiteró una “lucha decidida contra el crimen organizado y el crimen transnacional”, acompañada de un discurso enfocado en la realización de múltiples “operativos”.
No obstante, el aumento del sicariato, la extorsión y los asesinatos múltiples sugiere que el número de intervenciones no necesariamente se traduce en eficacia. Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, la estrategia del gobierno se ha centrado más en el discurso político que en acciones sostenidas y eficaces.
“La estrategia se ha consolidado en línea de hacer discursos, de declarar en estado de emergencia a Lima o algunas provincias o distritos del país, sin que se haya traducido en operativos concretos con inteligencia previa que de manera real pueda combatir a la delincuencia”, sostiene Pedraza.
La falta de un sistema de inteligencia criminal eficiente y de estrategias preventivas es una de las principales debilidades del enfoque actual. En este marco, uno de los principales anuncios fue el lanzamiento del “Plan Perú Seguro”, centrado en cuatro ejes: prevención, control territorial, lucha contra el crimen organizado y modernización policial. Sin embargo, este plan ya existía desde 2023, y el gobierno no presentó evidencia de avances medibles ni resultados tangibles.
A juicio del exministro, la inteligencia policial es “una herramienta absolutamente fundamental”, pero también una de las más relegadas. “Usualmente al político no le interesa potenciar la inteligencia porque los resultados no son inmediatos. El político busca una respuesta inmediata para la foto. Cuando se administra un país, la responsabilidad obliga a trabajar sin plazo”.
Pedraza añade que el fenómeno que hoy preocupa más a la ciudadanía está vinculado con la extorsión, el sicariato, la trata de personas y la minería ilegal, que es donde menos se puede ver acción gubernamental. “Nunca antes en la historia de nuestro país se había asesinado a más de treinta y cinco personas vinculadas al transporte público por negarse a pagar extorsiones”, resalta.
En efecto, el gobierno de Boluarte acumula hasta la fecha 5,075 homicidios confirmados, de los cuales los registrados este año representan un incremento de 15.3% respecto al anterior. La percepción ciudadana refleja esta desconexión: más del 70% de los peruanos desconfía de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial; y el 63% considera que la situación de seguridad ha empeorado en el último año, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Escuelas sin campana
Y mientras la criminalidad avanza, en educación las brechas persisten. El gobierno prometió en 2024 la entrega de 75 Escuelas Bicentenario como parte del primer proyecto especial de inversión pública en educación. En su mensaje de 2025, la presidenta afirmó lo siguiente. “Hemos construido 41 Escuelas Bicentenario como parte del primer proyecto especial de inversión pública” y anunció que el resto sería entregado a fin de año.
Aunque se informa un avance, el compromiso asumido en 2024 de mejorar y dar mantenimiento a locales educativos en todo el país no se ha traducido plenamente en la realidad. Un informe publicado en agosto del año pasado por la Contraloría ya advertía deficiencias en diversas infraestructuras escolares. La vulnerabilidad de uno de los colegios quedó en evidencia en junio de este año cuando a raíz de un sismo que sacudió Lima y Callao.
Una de las Escuela Bicentenario, Simón Bolívar, fue registrada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) como una de las instituciones con daños estructurales graves, ello a pesar de haber sido promovida como una obra antisísmica y moderna.
Para el exministro de Educación Ricardo Cuenca, las Escuelas Bicentenario si bien representan un aporte, no son la solución al problema de fondo: la brecha en infraestructura educativa. “Aunque será una ayuda, es muy pequeña dada la enorme brecha en infraestructura educativa, no solo crece año a año, sino que la velocidad con la que se puede atender es muy lenta por los procedimientos de gestión y el volumen de inversión que se requiere”, resalta Cuenca.
Es decir, se trata de un problema que se arrastra desde los años noventa y que no se resolverá con 75 colegios, por más que se concluyan. También, se prometió universalizar el acceso a internet para estudiantes de todos los niveles, con énfasis en las zonas rurales. Se anunció que 1,328 escuelas públicas rurales contarían con fibra óptica en el primer semestre de 2025. En el Mensaje a la Nación, el Ejecutivo actualizó la meta: destinar más de 160 millones de soles para llevar internet de calidad a 5,221 locales educativos.
Sin embargo, Cuenca advierte que la conectividad requiere una estrategia integral. “Necesitamos un plan mejor diseñado que la fallida red dorsal y buscar alternativas como asociaciones público-privadas para instalar antenas que permitan conectividad móvil. Mientras no se amplíe la cobertura por fibra óptica o vía satelital, hay que encontrar opciones para que docentes y estudiantes no se queden sin acceso a internet, que es el objetivo final”, finaliza.
Las promesas del mensaje presidencial trazan un país que avanza, pero las voces consultadas revelan otra realidad: una gestión más reactiva que planificadora. Así, la imagen que emerge no es la de un Estado que gobierna con visión a futuro, sino el de uno que, en los hechos, se comporta ambición de convertirse en un país “fallido”.
