Martín Vizcarra ha sido condenado a cinco meses de prisión preventiva debido a sus casos de corrupción, demostrando la alarmante presencia de la misma en nuestra política.
Por Matias Illescas y Rafael Ortega
Con la sentencia de cinco meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial contra el expresidente Martín Vizcarra, ya son cinco los exmandatarios peruanos que han pasado por el Penal de Barbadillo. Desde Alberto Fujimori, este centro de reclusión —antes casi desconocido— se ha convertido en una segunda casa de quienes ocuparon el puesto más importante del país.
Después de su extradición desde Chile, Fujimori fue llevado al penal de los presidentes. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la justicia peruana, que vio tras las rejas a uno de sus gobernadores por primera vez en este siglo. Sin embargo, lejos de haberse convertido en un ejemplo de las consecuencias de la corrupción, forjó un precedente para lo que vino después: Alejandro Toledo, 20 años y 6 meses de prisión efectiva; Ollanta Humala, 15 años; Pedro Pablo Kuczynski, 36 meses de arresto domiciliario; Pedro Castillo, 18 meses de prisión preventiva, y ahora Martín Vizcarra, quien entra provisoriamente a Barbadillo por los siguientes cinco meses.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Vizcarra se encuentra inmerso en una serie de investigaciones por los casos “Lomas de Ilo” y el “Hospital Regional de Moquegua”. Según investigación del Ministerio Público, el expresidente habría recibido una cifra superior a los 2.3 millones de soles, producto de sobornos durante su gestión como Gobernador Regional de la región sureña. En la primera sesión del juicio oral, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó que el exmandatario sea condenado a 15 años de prisión y que se le inhabilite por 6 años para ejercer cargos públicos. En ese sentido, se ha solicitado el pago de la reparación civil de más de 4.5 millones de soles para el Estado peruano.
Cabe resaltar que, a pesar de contar con tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos impuestas por el Congreso —dos de 10 años y una de 5—, Vizcarra se mantuvo activamente como si fuese parte de la contienda electoral, de la mano con su partido Perú Primero. Dicha campaña ha tenido sus resultados, como lo muestra la encuesta de CPI de mayo del presente año, donde lideraba la intención de voto con un 15.1%, cinco puntos de ventaja respecto al segundo. Estas cifras no son de extrañar si se recuerda que fue vacado en 2020 con más del 70% de aprobación y en 2021 entró fugazmente al Congreso como el representante más votado.
“Privarlo de su libertad significa que ya no va a poder seguir haciendo campaña como hace actualmente en favor del partido político al que pertenece”, dijo el exprocurador anticorrupción, José Ugaz, acerca de las implicancias. Además de estar cuestionado por la falsificación de firmas, Perú Primero se queda sin su máximo representante y tendrá que buscar entre sus filas al reemplazo que logre retener la confianza del electorado.
El rol del sistema de justicia
“La corrupción ha penetrado en lo más profundo de la clase política en Perú”, comenta Ugaz. Y es que, a excepción de Valentín Paniagua y Francisco Sagasti — presidentes de transición—, todos los mandatarios de este siglo se han visto envueltos en investigaciones, contando a Dina Boluarte. El tema parece ser intrínseco a nuestra realidad nacional y alcanza el punto de corroer a todas las instituciones del Estado.
Si bien el Poder Ejecutivo y Legislativo se ven envueltos en una serie de cuestionamientos por el uso excesivo de su poder para beneficio propio, el Poder Judicial es avalado por muchos como el espacio que sí llega a cumplir correctamente sus funciones. “A pesar de todos los problemas que tiene, ha estado a la altura de las circunstancias. Somos el único país en el mundo, y por supuesto en América Latina, en el que hemos sentado en el banquillo de los acusados a seis presidentes. Ya se han condenado a tres y hay otros tres que están por sufrir una condena pronto”, comenta el exprocurador.
La sentencia de prisión preventiva a Martín Vizcarra demuestra una vez más la preocupante crisis de corrupción que afronta nuestro país. Las cosas no parecen estar cerca de mejorar a la brevedad, y la proliferación de partidos políticos tampoco da indicios de que algo positivo ocurra. Sin embargo, la justicia demuestra nuevamente, y así como lo hizo en 2007, que nadie, sin importar su cargo, está libre de ella.