El exministro del Interior y autor del reciente libro “El tren de Aragua” reflexiona sobre la realidad de la inseguridad que viene atravesando el país.
Por Rafael Ortega Alva
La delincuencia es el principal problema en el que piensan los peruanos actualmente. Así lo mostró la última encuesta realizada por IPSOS el pasado mes de julio, con un 56%. El crimen, las extorsiones y los sicariatos han aumentado exponencialmente en los últimos años.
Además, el país se encuentra en uno de los escenarios de mayor inestabilidad política. A esta problemática se han sumado las organizaciones extranjeras —sobre todo de origen venezolano—, lo cual ha terminado por acrecentar la inseguridad de los ciudadanos.
¿Cuándo estalla el problema del crimen organizado venezolano en Perú?
Aproximadamente, cuando comienza la tercera ola migratoria entre 2017 y 2018. No quiero generalizar a los 8 millones de venezolanos que salieron de su país. Sin embargo, junto a esa población que busca sobrevivir a la dictadura chavista, también hay un grupo que delinque. Son gente que ya sabe cómo es la rutina, los códigos, las jerarquías y la distribución. Cuando salen a otro país, es muy fácil unirse a cualquiera de estas organizaciones criminales, porque entienden cómo funciona.
¿Operan de manera aislada o se han juntado con la criminalidad que ya existía en Perú?
Creo que se dan tres fenómenos. El primero es la mimetización. Es decir, las bandas peruanas ven una nueva cultura delictiva: más sanguinaria, con armas de fuego, siempre en grupo. El segundo es que hay tanta mano de obra delictiva en la calle, que se han abaratado los precios. Entonces, los peruanos subcontratan a los venezolanos. Hay una tercerización. Y en tercer lugar, hay “bandas binacionales” o alianzas entre ambos países, pero solamente para determinado trabajo. No son estables porque hay mucha desconfianza.
¿A qué se dedican principalmente estas bandas?
Son básicamente organizaciones criminales predatorias. No se dedican al narcotráfico, ni a la minería ilegal. Son muy jóvenes, no pasan de treinta años. No tienen capacidad financiera, logística ni racionalidad empresarial de ese tipo. Lo suyo es la extorsión, robo, trata de personas, secuestro o sicariato. Son bien básicas, pero sanguinarias, organizadas y jerárquicas. Gracias a Maduro y Chávez, tenemos milicias venezolanas para exportar.
En otras ocasiones, ha mencionado que en Perú estas bandas no han tomado las cárceles. ¿Por qué motivo?
Hace aproximadamente trece años que no hay motines en los penales peruanos. No hay balaceras ni toma de rehenes. Los penales se pacificaron. A diferencia del autogobierno carcelario, que es lo que reina en Venezuela, en Perú hay autoorganización. Si aprovechas bien, resulta efectivo porque la capacidad que tiene el INPE es mínima.
Los internos buscan estar tranquilos, no hacer líos y obtener así algún beneficio. Esa cultura organizacional ha logrado contrarrestar la oleada venezolana que venía con la lógica de tomar el penal. Tal cual como lo hacen en la calle, que eso sí no hemos podido controlar.
¿Es posible que en algún momento puedan tomar los penales?
En el gobierno de Castillo y Boluarte todo puede suceder. Mira nomás a este presidente del Congreso, que lo único que tiene para mostrar e ilustrar es su acusación por corrupción y violación sexual. Cualquier cosa puede pasar con este Ejecutivo y el Legislativo que tenemos. Ahora no puedo decir “no, esto no va a suceder”. Pero, por el momento, se está logrando pacificar las cárceles.
¿Cuál es el principal problema que nos ha llevado a no controlar las cárceles?
Lo comparo con el Coronavirus. Era exactamente igual en todos los países, pero la mayoría no tuvo los estragos que vivió Perú. En el caso de las organizaciones criminales, ¿qué capacidad tenemos como Estado de contrarrestar eso? La presidenta es un error estadístico gobernando y el Congreso legisla para otras bandas delictivas. Te compraste todos los boletos de la rifa.
¿Hemos visto algo parecido como para estar preparados para organizaciones de tal nivel?
En 40 años investigando estos temas criminológicos, nunca se dio algo así. La delincuencia extranjera, como la colombiana o mexicana, viene al Perú, opera —sobre todo en narcotráfico—, hace sus transacciones y se regresa. No piensa quedarse. Pero las organizaciones venezolanas son migrantes. Vienen con todo: familia, conocidos, redes grandes…
¿No es esa imagen también un espacio para que se introduzcan mensajes xenófobos, haciendo la problemática más grande de lo que es?
Lo que pasa es que sí ha habido cuantitativa y cualitativamente un agravamiento de la delincuencia en el Perú por el ingreso de estas bandas. Eso es un hecho. En 2017 había 50 presos venezolanos. Ahora hay más de 4000. ¿La criminalidad comienza con ellos? No. ¿La agrava? Claro que sí. Hay que diferenciar igual de aquellos migrantes que sí vienen a trabajar. Pero, imaginemos, si mañana se muere Maduro: la extorsión, el raqueteo, ni el sicariato se van a acabar.
¿A qué se debe?
Lo que pasa es que ya existe una gran cantidad de peruanos que vieron que el modelito funciona. Es inevitable que te contagies de los modos de actuación que son más efectivos. Ojo, más sanguinarios, letales, violentos, pero funcionan. Y en un país donde hay impunidad, no hay nada que los incentive más que eso. Entonces lo copias. No te va a pasar nada. Si hasta el Congreso te apoya.
Estas organizaciones parecen haber encontrado en Perú tal vez el mejor lugar para poder instaurarse dentro de América Latina…
En Colombia, Brasil, y México hay otras grandes bandas que ya copan el espectro delictivo. Cuando quieren entrar los venezolanos, es más difícil porque hay competencia. En cambio, en Perú y Chile no existen grandes organizaciones criminales. Eso es para ellos una gran ventaja. Este gobierno no es capaz de protegernos, por eso entraron como Pedro por su casa.
¿Chile es diferente?
Hay una ventaja comparativa porque allá tienen un Estado que funciona. Hay más instituciones sólidas y cuentan con una Policía de Investigaciones, que es una de las cosas que no tenemos nosotros. Chile y Perú se parecen mucho, pero, a la larga, ellos tienen mejores resultados que los que tenemos actualmente. En la Fiscalía se están peleando entre ellos. En el Ejecutivo, Dina contrata ministros para que hagan de futuros abogados. En el Legislativo piensan en su próxima elección. Tenemos todos los tickets para fracasar y lo estamos haciendo.
Ahora que queda poco menos de un año de gobierno, ¿hay intención de querer encontrar alguna solución?
No les interesa el país. Solo para mencionar a los últimos presidentes del Congreso. Alejandro Soto se preocupó por hacer una ley para él. Eduardo Salhuana es un abogado de la minería ilegal. Ahora, José Jerí, quién sabe, buscará indultar a todos los acusados por violación sexual para salvarse. No le pidamos peras al olmo. No han demostrado en cuatro años más que su gran incapacidad de gestionar, más que para organizarse criminalmente. Creo que este año va a ser peor.
¿Son una solución aquellas propuestas radicales de las penas, el plan Bukele, la pena de muerte o sacar a los militares?
Para nada. Existe un derecho a la libertad de expresión, pero si están hablando con nuestra plata, por lo menos que se preparen. No tiene ningún sentido.
Entonces, ¿cuál es una solución que sea rápida e inteligente?
Es que es como si estuviésemos cayendo en un décimo piso y en el quinto me preguntaras qué se puede hacer. Nada, aguantar la caída nomás. Estamos en plena pandemia sin camas UCI, sin oxígeno y sin vacunas. Esa es la situación en la que estamos. Nada nos ampara. La única esperanza son las elecciones del próximo año. Y eso, a ver qué es lo que sale. Si no es así, a seguir protegiéndonos.
¿No es una mirada un poco pesimista?
Es realista. Un gobierno es un equipo que tiene 19 ministros y cada uno tiene tremendos equipos. Entonces, para hacerlo funcionar es bien difícil porque necesitas cuadros, por lo menos 500 en todos los ministerios. Es como una maquinaria. Si no hay eso, no se puede comenzar nada porque todo lo demás se va a atracar.
¿Cuál es ese punto de inflexión que lo hizo mirar las cosas de esa forma?
Después de los gobiernos de Toledo, García y Ollanta, la cosa se fue en picada. La gran responsable de todo esto es quien no permitió que Kuczynski termine su mandato: Keiko Fujimori. Más puede su egoísmo que el Perú. Le importó a ella su resentimiento, cólera, frustración y se dedicó a tirarse abajo un gobierno. Y lo logró.
Ya es crónico…
Mira, tienes un carro viejo, que no lo prendes hace diez años, y tú crees que por cambiarle una llanta te va a funcionar. Puedes comenzar, sí, pero a la segunda cuadra se te va a reventar. Y más allá del kilómetro, el radiador. Luego, va a comenzar a salir el aceite. Es así, desde el 2016, casi 10 años de una progresiva desinstitucionalización del Estado.
