Mientras la justicia avanza con pasos lentos, hay quienes ya cruzaron la frontera. No se trata de culpables o inocentes, sino de decisiones institucionales que, por acción u omisión, marcan el rumbo de los casos más delicados.
Por Michelle Hemmerde y Rafael Ortega
La medida de impedimento de salida del país, que busca asegurar la presencia de los investigados durante el proceso, enfrenta hoy diversos cuestionamientos por los vacíos legales que ha dejado una reciente reforma.
Desde octubre de 2024, una modificación al Código Procesal Penal ha limitado severamente el uso de esta herramienta. Lo que en el papel parece una corrección técnica, en la práctica ha dejado abierta la puerta a la impunidad. ¿Qué efectos tiene esta norma en la forma en la que se hace justicia?
Un dictamen con fecha de escape
Con la Ley Nº 32130, aprobada por el Congreso de la República en octubre de 2024, se modificó el Código Procesal Penal para que esta medida no pueda extenderse ni dictarse nuevamente una vez vencido el plazo inicial. Es decir, aunque el juicio no haya concluido, si la restricción ha expirado, el acusado puede salir del país sin ningún problema.
Esto ha generado preocupación entre jueces y fiscales, quienes advierten que se ha recortado una herramienta clave para la justicia. “En un país donde las investigaciones pueden tomar años, y muchos acusados aprovechan cualquier recurso para alargar el proceso, esto es perfecto para quienes buscan escapar”, señaló José Ugaz, jurista y exprocurador.
En los últimos meses, su impacto ya es visible. Según el Ministerio Público, al menos 14 casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado se han visto afectados por la imposibilidad de renovar esta medida. En la gran mayoría, los acusados lograron salir del país. El juicio aún no empieza y, cuando finalmente se dicta la pena, ya no hay a quién detener.
Pese a las advertencias del Poder Judicial y el Ministerio Público, el Congreso no ha derogado la ley. Se han presentado diversos proyectos para permitir prórrogas, pero no avanzan. Mientras tanto, el sistema pierde capacidad de respuesta frente a los investigados. “Si realmente se quisiera corregir, bastaría con una modificación técnica que devuelva al juez la facultad de renovar medidas, si hay razones objetivas. Pero no se hace. Y eso, al final, termina facilitando la impunidad”, mencionó José Carlos Requena, analista político.
El resultado es un sistema debilitado que corre detrás de quienes logra acusar. Mientras los proyectos de reforma duermen en el Congreso, los plazos vencen y los investigados cruzan fronteras sin mayores obstáculos. La ley, lejos de fortalecer la justicia, deja un vacío en los momentos clave del proceso. Y aunque sus efectos ya son visibles, corregirla parece no ser una prioridad.
Puesta en marcha
Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones en el gobierno de Alan García, tenía una cita con la justicia el pasado 24 de julio. Se le había declarado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos por el caso Metro de Lima en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Sin embargo, el día de la lectura, el exfuncionario ya no se encontraba en Perú. Según la fiscalía, el 20 de julio habría cruzado la frontera con Ecuador.
“Lamentablemente, ha fugado gracias a una ley del Congreso actual”, declaró a la prensa José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción e integrante del equipo especial Lava Jato. Desde el año pasado, la Fiscalía estuvo solicitando la ampliación del impedimento de salida del entonces investigado; sin embargo, las trabas en el camino fueron varias. Al final, luego de la disconformidad del Ministerio Público, la Sala de Apelaciones rechazó el recurso y anuló el impedimento dictado en primera instancia porque podría generar “incertidumbre jurídica”.
“Es probable que quienes impulsaron esta norma supieran exactamente a quiénes estaban ayudando. Al final, lo que queda claro es que el que más se beneficia es el que no quiere enfrentar la justicia”, declaró Ugaz. El exprocurador también mencionó que esta ley ha permitido que las salidas del país ni siquiera se den en casos extremos o violentos. Muy al contrario, son casos donde se escoge un vuelo comercial, se toma una mochila y pasaporte, y se van en total tranquilidad.
Así como Cuba, el impedimento de salida de otros importantes investigados ha sido anulado. César Villanueva, ex primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra y acusado por la licitación irregular de la Carretera “San José de Sisa” a la empresa Odebrecht, también estaría buscando beneficiarse de esta medida. Así lo ha dado a entender su abogado, Luis Naldo, quien mencionó para El Comercio que ya se hizo la solicitud formal.
¿Sistema débil o cómplice?
Pese a las críticas que ha generado esta norma, en el Congreso no se ha visto un debate serio sobre el tema, y desde el Ejecutivo tampoco hay una postura firme. La falta de acción demuestra que, quizás, no hay mucho interés en corregirla. En un contexto de investigaciones sensibles y procesos en curso, es inevitable que surjan dudas sobre posibles intereses detrás de esta inacción. No se trata necesariamente de una intención directa de favorecer a alguien, pero sí de una resistencia a hacer cambios que podrían incomodar.
Para la ciudadanía, normas como esta solo aumentan la desconfianza. La sensación de que algunos siempre logran evadir las consecuencias, mientras otros enfrentan todo el peso de la ley, debilita aún más la credibilidad en la justicia. “Ya de por sí la gente no confía en el sistema judicial, porque lo siente lejano, lento y muchas veces arreglado. Y cuando pasa algo como esto, donde ves que un investigado se va del país justo cuando ya no le pueden renovar la medida, es como confirmar todo lo que la gente ya piensa”, mencionó Ugaz.
Los meses van pasando, y muchos de estos casos pierden fuerza mediática y política. El investigado, una vez fuera del país, queda como prófugo sin que se activen los mecanismos para su captura o extradición. Poco a poco, la atención se desvía, el expediente se enfría y la presión institucional disminuye. Así, lo que comenzó como un caso grave puede terminar archivado, como ha ocurrido con otros procesos de alto perfil en los últimos años.
Modificar este tipo de normas requiere no solo voluntad política, sino también una reforma del sistema de justicia. Sin una revisión minuciosa, es probable que estos vacíos sigan siendo aprovechados, y que la percepción de impunidad continúe creciendo. “Es como dejar la puerta abierta sabiendo que alguien va a salir corriendo”, concluyó Ugaz.