La polémica norma reabre las tensiones no resueltas entre la memoria de las víctimas, las demandas de impunidad y los intereses políticos que buscan amparo detrás del discurso patriótico.
Por Daniela Ramos y Rafael Ortega
El Congreso de la República ha reabierto uno de los capítulos más sensibles de la historia del Perú: la etapa terrorista que marcó al país entre los años 1980 y 2000. Con la reciente aprobación de una nueva ley de amnistía, se busca exonerar de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que participaron en la lucha contra grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. Se trata de agentes del Estado que, hasta la fecha, enfrentan investigaciones, juicios e incluso condenas por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la norma —creada por el exalmirante y vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, y aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente— beneficiaría a más de mil personas, incluyendo al menos 156 con sentencia firme. Aunque sus promotores la presentan como un gesto de “repación moral” hacia quienes combatieron el terrorismo, organismos como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) han advertido que la ley podría vulnerar compromisos internacionales y dejar impunes atentados significativos.
En un país con más de 600 procesos aún en curso por crímenes del conflicto armado, la medida pone en cuestión el compromiso del Estado con la verdad y la memoria de las víctimas.
¿Fin del proceso o fin de la justicia?
A más de tres décadas, el debate vuelve a la mesa: ¿cómo juzgar a quienes combatieron el terrorismo, pero también perpetuaron abusos contra su propio pueblo? Para los impulsores de la reciente ley de amnistía, la respuesta es clara.
“El proyecto servirá para hacer justicia con quienes derrotaron al terrorismo, permitiéndoles salir de la incertidumbre judicial en la que se encuentran”, señala el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, en una sesión de la Comisión Permanente. Para él, la amnistía no trata de impunidad, sino de corregir la “violación al plazo razonable” en los procesos penales que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes se han mantenido en juicio por un periodo prolongado.
El congresista Jorge Montoya refuerza esta idea y denuncia que muchos de los casos judiciales abiertos contra efectivos del orden “carecen de pruebas”. Aunque se cometieron “excesos”, Montoya asegura que los responsables ya fueron sancionados. Tanto él como Rospigliosi apelan a la narrativa de una deuda pendiente con los “héroes” que enfrentaron el terrorismo y justifican la aplicación de una amnistía. Sin embargo, este enfoque encuentra matices incluso entre quienes comparten la preocupación por el arrastre judicial que enfrentan las fuerzas del orden.
Lucas Ghersi, abogado constitucionalista, considera que la situación que atraviesan estos agentes no es otra cosa que una persecución judicial; incluso así, la amnistía no es el camino más viable en el contexto peruano. “En el Perú no existen las condiciones para que se dé una amnistía porque nosotros no tuvimos una guerra empatada, tuvimos terrorismo”, sostiene.
Asimismo, advierte que la ley podría generar desigualdad de criterios entre juzgados, al quedar su implementación sujeta a la interpretación de cada juez. “De repente liberan a uno pero no a otro porque el juez A tiene una posición y el juez B otra posición”, añade. Esta posibilidad abriría la puerta a una inseguridad jurídica que podría agravar el problema en vez de solucionarlo.
Desde otra mirada crítica, el abogado y docente de la Universidad de Lima, Erick Urbina, coincide en que una ley como esta no resuelve el problema de fondo. “Yo creo que más bien va a terminar perjudicando a los que se les quiere beneficiar. Aquellas familias, familiares y ONGs que están en contra acudirán al Tribunal Constitucional o a la propia Corte Interamericana y tendrán que ser devueltos nuevamente a la cárcel”, advierte.
Mientras algunos defienden la amnistía como un acto de justicia frente a décadas de procesos sin fin, otros la ven como una medida frágil y riesgosa que podría abrir la puerta a la impunidad. Pero el debate no gira en torno únicamente a las leyes, sino también a la memoria, el dolor y la justicia para las víctimas. En ese terreno, los plazos vencidos conviven con heridas latentes.
¿Dónde queda la historia?
El periodo terrorista trajo consigo más de 69,000 fallecidos. Si bien los números pueden tener ciertas variaciones, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que, de esta cifra, “el 46% de las víctimas fueron provocadas por el PCP-Sendero Luminoso. 30% por Agentes del Estado y 24% por otras circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado)”.
Tal vez lo único cierto de este periodo es que la historia siempre cuenta con matices, avances y retrocesos. El 24 de noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado. Tuvo que pasar más de 30 años para que, en 2023, Daniel Urresti, político y exmilitar peruano, fuese sentenciado al ser considerado coautor del delito.
“El Estado y el pueblo peruano tiene una deuda con aquellos militares y policías que lucharon contra el terrorismo y que lograron acabar con él, eso es innegable. Pero aquellos que no ejercieron bien su labor y que cometieron delito deben de pagar por ello”, indica Urbina.
Si bien considera que la prolongación de los procesos judiciales no pueden ser tan exagerados, el experto explica que una ley como la de la amnistía solo haría que no se conozca la verdad. “No solo perjudica a los deudos, sino a toda la sociedad, que tienen derecho a saber cuál es la verdad”, añade.
Los crímenes de lesa humanidad son un tema complicado de abordar. Para Ghersi, no se cumple en el caso peruano porque, para que existan delitos de este tipo, el acto debe ser sistemático. Si bien considera que esta forma de mirar el conflicto armado interno puede ser controversial, lo único cierto es que miles de familias de víctimas siguen buscando justicia.
Según la Amnistía Internacional, los delitos de lesa humanidad “son cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra. Incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación”.
Otros caminos
Las motivaciones detrás de la ley pueden ser varias. Desde de la mencionada “deuda moral” hasta unas posibles intenciones de hacer algo más que una amnistía solamente para el periodo 1980-2000. “Ni siquiera la discutió el pleno del Congreso, sino que lo hizo la Comisión Permanente, que es un grupo muy pequeñito de congresistas. Ahí también hay un defecto de forma en la aprobación de la ley”, menciona Ghersi.
“Una persona, así sea Abimael Guzmán, no puede estar procesada 20 años”, declara la congresista fujimorista Martha Moyano, en defensa de la cuestionada normativa. La hermana de María Elena Moyano, que fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso, menciona que esta ley era un tema de justicia.
A pesar de que está enmarcada para un periodo de tiempo específico, existe una duda: si esta puede ser aplicada para otros momentos más recientes. El caso más cercano se encuentra en las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte, en el que hubo más de 40 víctimas.
Para Urbina, no se puede negar la posibilidad de que esta norma pueda ser ampliada y utilizada para otros casos. Sin embargo, Ghersi, por su parte, considera que se trata de un caso bien definido. Su aplicación sería solamente para el periodo determinado del terrorismo.
Existen algunos casos que siguen siendo motivo de debate, como los de Vladimiro Montesinos, Martín Rivas o Daniel Urresti. Si bien todos se encuentran procesados, hay quienes mencionan que estos podrían verse beneficiados por la norma y acogerse para salir antes de la cárcel.
Lo cierto es que, como detallan algunos juristas, para estos casos lo que corresponde es un indulto y no una amnistía. Pero las lecturas siguen siendo variadas y, con ello, la incertidumbre es cada vez más alta.
Ante uno de los gobiernos con mayor nivel de rechazo, la Ley de amnistía parece ser una raya más al tigre. Cuestionada por múltiples sectores —nacionales e internacionales—, nada indica que el Congreso quiera dar marcha atrás con la pronta aplicación de esta norma.
Alrededor del mundo, esta noticia ha puesto una vez más al Perú en los ojos de todos. Las siguientes acciones posiblemente serán interpeladas por organismos como Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el momento, todavía hay lágrimas que se derraman esperando que un día, sin importar los años que se requiera, encuentren justicia.