Entre la desconfianza ciudadana, la desaprobación del parlamento y la fragilidad institucional, surge la propuesta de elecciones cada dos años y medio. ¿Es esta la clave para mejorar la representación o un riesgo para la gobernabilidad?
Por Matias Illescas y Cynthia Carmen
A meses de las elecciones de 2026, y con la decepcionante situación política actual, pensar en soluciones para evitar caer en los mismos errores empieza a ser un ejercicio recurrente. Con problemas en el Ejecutivo por diversas investigaciones a la presidenta y sus ministros, incertidumbre en el Poder Judicial por la situación de la Fiscal de la nación y un sinfín de cuestionamientos al Congreso, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se ha visto particularmente mermada.
Si bien da la impresión de que la más afectada es la presidenta, el Congreso no deja de ser una fuente constante de preocupación de cara a las elecciones del próximo año. Con una desaprobación del 88%, según la encuesta de Datum Internacional de junio de 2025, el Parlamento aparece como uno de los principales focos del hartazgo popular.
Para prevenir que este escenario se repita –en un ciclo donde cada congreso es percibido peor que el anterior–, diversos especialistas plantean algunas alternativas. Una de las propuestas es la posibilidad de implementar una renovación parlamentaria —total, parcial o por tercios— a mitad del mandato presidencial y algunos congresistas, como Adriana Tudela (Avanza País), Héctor Acuña (Honor y Democracia) o Betssy Chávez (Perú Libre), han presentado proyectos de ley para concretar esta propuesta. Pero, ¿qué tan viable resulta esta reforma en el contexto político del Perú?
Democracia representativa
De acuerdo con las encuestas de los primeros seis meses del año, la desaprobación del Parlamento ha oscilado entre el 78% y el 95%. Estas cifras reflejan el descontento por una serie de decisiones polémicas adoptadas por los congresistas. Asimismo, por la creciente percepción de que esta institución no ofrece soluciones reales a los problemas del país. En esa línea, un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, en marzo de 2025, el 92% de los encuestados manifestó no confiar en el Congreso de la República.
La renovación de esta institución a mitad de mandato, por lo tanto, podría funcionar como un mecanismo para ratificar o sancionar el desempeño de los parlamentarios. De esta manera, se refuerza el carácter representativo del proceso electoral. Además, permitiría mejorar el equilibrio de poderes y ofrecer una vía institucional para resolver situaciones de conflicto político como la que atraviesa actualmente el país.
Fernando Tuesta, politólogo especializado en temas electorales, afirma que, “con un presidente que tiene mayoría, pero no está actuando bien, una renovación a mitad de mandato podría llevarlo a perderla y, por lo tanto, ser más controlado. También podría ocurrir lo contrario: un Congreso muy opositor que no deja gobernar podría ser reemplazado si la gente apoya al presidente”. De este modo, la ciudadanía tendría una herramienta para reajustar el equilibrio de poderes a través del voto.
Sin embargo, esta propuesta también presenta posibles desventajas. Renovar el Parlamento cada dos años y medio implicaría convocar elecciones con mayor frecuencia y acortar los periodos legislativos. En un contexto donde los partidos políticos son débiles y, según especialistas, funcionan más como vehículos electorales que como espacios de representación ciudadana, reducir la duración del mandato podría agravar esta precariedad institucional.
Un sistema más inestable
Un escenario en el que el país afronta elecciones cada dos años podría propiciar las condiciones para el clientelismo político y el populismo. Además, ya existe un indicio de cómo esto podría manifestarse. A inicios de junio de 2025, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que permitiría a los congresistas hacer campaña durante su semana de representación. Esto gracias al uso de recursos públicos y sin necesidad de licencia.
Con estos antecedentes, el politólogo Mauricio Zavaleta considera que la renovación del Parlamento podría generar mayores dudas. “Inyectas incertidumbre y restas incentivos para carreras largas, donde la forma más rápida y efectiva de ganar la reelección más bien sería a través de atender clientelas”, sostiene. Para él, el tema va más allá de los nombres que están en el hemiciclo, pues considera que el problema es más sistémico.
“No es que nosotros tengamos congresistas que están atornillados hace treinta años y que no responden a la ciudadanía”, explica. Es decir, el problema es más serio porque los congresistas del 2020 son “completamente diferentes”; sin embargo, “se comportan igual, aunque no son las mismas personas”, por lo que la crisis persiste independientemente de quién ocupe el cargo.
Otro factor influyente es la escasa cultura electoral en el Perú. Esto implica que un mayor número de elecciones no garantiza una mejora en la calidad de los parlamentarios. Muchos ciudadanos deciden su voto en la cola, sin haberse informado previamente, o se mantienen indecisos. Así lo evidencia la encuesta presidencial de Ipsos de abril de 2025, la cual indica que el 34% votaría en blanco o viciado.
Además, según datos de la ONPE, el ausentismo en las elecciones congresales de 2020 fue cerca del 25%, una cifra similar a la registrada en las elecciones generales de 2021 y en la segunda vuelta del mismo año. Esto podría reflejar un bajo interés de la población por participar en los procesos electorales, por lo que aumentar su frecuencia podría no ser una medida favorable.
El voto como herramienta de cambio
Frente a una ciudadanía desencantada y una institucionalidad frágil, podría parecer que el voto es apenas un trámite. Sin embargo, en un sistema democrático, es una de las pocas herramientas efectivas que mantienen viva la representación y la rendición de cuentas. Votar, incluso cuando los candidatos no son de nuestro agrado, sigue siendo una forma de ejercer presión. Al mismo tiempo, de abrir oportunidades para nuevos liderazgos y enviar mensajes claros sobre el rumbo en el que se dirige nuestra sociedad.
En tiempos donde no hay procesos electorales inmediatos, el impulso ciudadano tiende a debilitarse y, con él, también la vigilancia política. Alrededor de esto, Tuesta indica un aspecto positivo de tener estas elecciones de manera más continua. “Las regulaciones y normas de esta naturaleza exigen tiempo para ser entendidas y asumidas por la ciudadanía. Por ello, la decisión del ciudadano cobra relevancia”, indica. Es decir, tal cual describe el experto, si se tuvieran elecciones cada dos años y medio, sería un proceso más ordenado.
Otro aspecto a tener en cuenta son los “vacíos electorales”, que, si bien no implican necesariamente una interrupción democrática, sí representan duraciones prolongadas en los que no hay manifestación de la voluntad popular a través del voto. “Ahora se juntan todas las elecciones en 2026, y luego tendremos un periodo largo sin procesos electorales. Una cierta regularidad o frecuencia a la hora de votar ayuda a tomar mejores decisiones”, declara Tuesta.
No obstante, Mauricio Zavaleta considera que no necesariamente la solución es disminuir el mandato, sino el tamaño de las circunscripciones al lado de la cantidad poblacional. “Una opción sería mantener las circunscripciones proporcionales, pero haciendo que sean más pequeñas. Por ejemplo, podrían agrupar un conjunto de provincias, entre otras posibles fórmulas para reducir su magnitud. Yo iría por ese camino, buscando generar una relación más cercana entre electores y sus representantes, ya sean políticos o congresistas”, menciona el politólogo.
Esta perspectiva prioriza el fortalecimiento de la representatividad. A través de la rendición de cuentas en un sistema en el que a los electores les resulta difícil identificar con claridad a sus representantes. Al disminuir la magnitud de las circunscripciones, sería más sencillo establecer una relación directa entre votantes y parlamentarios. Además, esta medida podría contribuir a reducir la constante desconexión con el Congreso, uno de los problemas estructurales de la democracia peruana contemporánea.
En un contexto de desconfianza generalizada, lo fundamental no es únicamente cambiar los rostros de quienes ocupan los escaños. Mejorar las reglas del juego es fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer un control más efectivo y constante sobre sus representantes. Fortalecer la conexión entre electores y congresistas, reducir los vacíos electorales y fomentar un voto más consciente son los primeros peldaños hacia la cima de una democracia sólida y participativa.
