Un reciente reportaje del programa Panorama tiene en suspenso a los afectados del desastre ecológico ocurrido en enero del 2022. Las víctimas continúan exigiendo los pagos respectivos a la petrolera, mientras que la misma afirma que las zonas afectadas ya no cuentan con residuos de hidrocarburos.
Por Gabriela Coloma
La tensión entre la empresa Repsol y las víctimas del derrame de crudo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero de 2022 continúan. En un reciente comunicado de prensa emitido por la petrolera, esta afirmaba que las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, estarían listas para la pesca, el comercio y diversas actividades recreativas, ya que dichas zonas cumplieron con estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales.
Sin embargo, los pescadores y comerciantes de estas playas sostienen lo contrario. “A ver que Repsol venga y me diga si todo está limpio. ¿Por qué ellos no comen los peces de acá si es que ya no hay peligro?”, cuestionó para Nexos Elizar Medina, Vicepresidente de la Federación de la Junta Colegiada Frente de Pescadores Artesanales Pachacutec y Ventanilla, quien se dedicaba a la pesca artesanal hace más de tres décadas.
A la par, en el mismo comunicado, la petrolera reconoce haber pagado el 98% de las compensaciones a los afectados (aproximadamente 10 mil personas), gracias a el Padrón Único de Afectados (PUA) elaborado por el Gobierno de Pedro Castillo, en donde se incluyeron pescadores, restauranteros, vendedores al paso, tatuadores, sombrilleros, entre otros. Aunque estos grupos afirman que se habrían excluido hasta a 20 mil personas, quienes, hasta el momento, no reciben ninguna compensación.
Sumado a ello, un reciente reportaje publicado por el programa Panorama afirma que dentro de ese mismo padrón se incluyeron traficantes de armas, sicarios y reclusos, quienes figuran como afectados por lo ocurrido hace dos años en las playas costeras. En Nexos, visitamos la playa Costa Azul, donde conversamos con diversos comerciantes y pescadores de la zona, quienes reclaman que el gobierno peruano, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), es el principal responsable. Otros increparon a la petrolera de ejecutar esto como “una maniobra” para no pagarle a los verdaderos afectados. Mientras tanto, Repsol no brinda descargo alguno.
No apta para el consumo
“Ya no puedo alimentar a mis hijos como antes”, sostiene Jose Martin Muñoz, representante de los pescadores del muelle Victor Raul Haya de la Torre (Callao), quien se dedica a la pesca hace más de tres décadas y afirma que las consecuencias del derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022 hasta ahora no son subsanadas.
Han pasado dos años desde que ocurrió el derrame de 11.900 barriles de petróleo crudo de la Refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol, sobre el mar de Ventanilla. Asimismo, 48 playas del litoral costero peruano fueron afectadas y más de un millar de especies murieron a causa de su exposición al crudo.
A la par, fueron más de 34,000 mil los afectados por este desastre ecológico, desde pescadores artesanales hasta comerciantes, quienes hasta la fecha reclaman el cobro de las indemnizaciones, la limpieza de las playas y la esperanza de que en algún momento todo volverá a ser como antes.
“Yo era pescador de la zona hace dos años, pero ahora no hay nada, no se puede pescar nada acá. Mi señora está enferma y necesitamos la plata para los gastos. Ya no tenemos nada que vender ni que comer aquí. Todo está contaminado. Ahora mismo trabajo en los interiores pesqueros, pero igual no se saca casi nada de allí”, sustenta Julian Aranguri, un pescador de la zona de la playa Costa Azul.
En su último reporte técnico, publicado en junio del año pasado, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) afirmó que en las zonas de Ventanilla, Ancón y Chancay todavía persistía la presencia de hidrocarburos. La autoridad también aclaró que es necesario “restringir actividades de extracción relacionado con la pesca artesanal”.
Ante ello, se recomendó al Ministerio de Producción (Produce) que “disponga las medidas restrictivas necesarias, hasta la obtención de resultados favorables en los monitoreos”. Según el Decreto Legislativo Nº 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado), tendría que ser la empresa privada quien asuma los compromisos de remediación ambiental para garantizar el pleno desarrollo de las comunidades que son afectadas por actividades extractivas.
Aún así, un reciente reportaje publicado por el medio Ojo Público confirma que la Refinería La Pampilla S.A.A., a pesar de tener la orden de la OEFA de elaborar planes de remediación ambiental, a la fecha ninguno ha sido ejecutado por la petrolera, incluso la misma compañía ha establecido que la limpieza, remediación y monitoreo que ha realizado “ya garantizan condiciones adecuadas en las playas y el mar, dado que su estado no representa riesgo para la salud”.
“Definitivamente estamos muy preocupados buscando alternativas de solución; sin embargo, sabemos que seguiremos siendo afectados por mucho más tiempo. Lo que pedimos es que las autoridades den alternativas para que los compañeros salgan de este problema ecológico y social” , reclama José Llacuachaqui Cangalaya, Presidente de Aserepal.
La indemnización a los afectados
Con el fin de resarcir el daño causado, la transnacional, en un acuerdo con el estado peruano, estableció el pago de una serie de indemnizaciones económicas a las personas afectadas por el derrame de petróleo, pues su principal recurso de subsistencia había sido contaminado por la presencia de hidrocarburos en el mar.
Por su parte, en un publirreportaje divulgado por La República, Repsol confirma que entre enero y fines de marzo del 2022, como primera respuesta, Repsol entregó más de 10 mil vales de consumo de 500 soles a más de 4.700 personas, sobre todo a pescadores artesanales y comerciantes”.
Sin embargo, las víctimas del desastre afirman que lo otorgado por la empresa no se compara con las ganancias diarias que estas personas tenían del derrame de petróleo. “Yo vendía en las zonas de Costa Azul, en Bahía Blanca y en Santa Rosa…pero ahora todo el comercio ha bajado .Antes se podían llevar a cabo conciertos donde podíamos sacar hasta 3000 soles, ahora con la justa 800 soles nada más”, comenta Salome Jara Sanchez, Presidenta de la Asociación Civil en defensa de la vida y el medio ambiente, quien cuenta con un negocio familiar de venta de helados, bebidas y alimentos.
“[La contaminación del mar] no solo afectó al sector pesquero, sino también al de comercio y transporte. Los vendedores ya no ingresan y se ven afectados porque ya no hay ingreso a las playas para hacer un libre comercio. El efecto ha sido enorme y debemos llamar la atención de las autoridades de turno para que creen proyectos alternativos para que se haga una reactivación económica”, advierte el Presidente de Aserepal.
Recientemente, en enero de este año, el mismo día que Repsol afirmó haber pagado la indemnización, casi en su totalidad, de los afectados por el derrame, pescadores, comerciantes y vecinos del distrito de Ventanilla se convocaron a las afueras de la refinería “La Pampilla” para exigirle a la compañía cumplir con el pago real. “Nosotros exigimos que la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) haga el empadronamiento de aquellos que no fueron incluidos en el patrón único”, recalca Llacuachaqui Cangalaya.
A estos reclamos, se le suma un nuevo problema. Hace algunas semanas, el programa Panorama anunció que en la lista de empadronados se encontraban sicarios, traficantes de armas y reclusos. Información que le llegó por sorpresa a los pescadores y comerciantes de Ventanilla. Según el medio de comunicación, serían entre 60,000 hasta 90,000 soles las reparaciones ya cobradas por dichos delincuentes. Mientras que, a la fecha, 20,000 damnificados buscan ser incluidos en la siguiente lista.
“Cuando una persona delinque, el sector formal no te da empleo. Por eso, muchos se refugian en lo informal o en la pesca, donde acceder al trabajo es más fácil. Claro que puede haber personas con antecedentes, pero lo que Repsol dice es que son los dirigentes los que hemos dado esos nombres, pero no es así. Para cobrar el dinero de la indemnización debes poner tu firma y tu huella dactilar, ¿me van a decir que se han ido al penal a darle dinero a estas personas? . Detrás de esto hay una empresa que quiere hacer un negocio de este desastre, cuestiona Elizar Medina, quien afirma, hasta la fecha, la transnacional no se ha comunicado con ellos para brindar detalles del caso. En ese sentido, Nexos le consultó a Repsol su opinión sobre el tema, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
A la fecha, son 10.500 los afectados que han podido ser incluidos en el padrón. Sin embargo, tal como declaró Alejandro Chirinos Peña, coordinador del programa de gobernanza marino-costera de la ONG CooperAcción, para Ojo Público, dicho número de beneficiarios podría no ser suficiente, ya que en el sector de pesca artesanal existe un alto porcentaje de informalidad, pues así han venido laborando por muchos años.
El 10 de enero de este año, la firma internacional de abogados Pogust Goodhead interpuso una demanda contra Repsol ante la corte distrital de La Haya, dicha documento reúne las firmas de 34,000 mil afectados; además de reclamar la indemnización por 1 millones 200 mil dólares para las víctimas del desastre ecológico.
“Repsol dice preocuparse por el ambiente, pero cuando se requiere que la empresa realice acciones para evitar un daño medioambiental inmenso o para remediarlo, no toma las medidas adecuadas para prevenir o contener ese daño. Repsol dice haber entrado en varias negociaciones y acuerdos con algunas de las víctimas, pero la realidad es que esos acuerdos han sido ejecutados bajo condiciones injustas para las víctimas”, declaró Tom Goohead, director del estudio con sede en Reino Unido para el diario El País.
Han pasado dos años desde que los que viven del mar se levantaron con la triste noticia de que su hogar ya no podría ser habitado ni utilizado. Hasta el momento, aún esperan que todo vuelva a ser cómo antes. “No tenemos intereses políticos. Queremos que el estado asuma la responsabilidad y que Repsol apoye a todos los damnificados”, recalca Llacuachaqui Cangalaya.