El término no es nuevo para la sociedad peruana. Sin embargo, las cifras no muestran resultados positivos luego de situaciones similares. ¿Esta medida realmente funciona?
Por Nicole Vilca
El escenario político actual está marcado por la creciente preocupación de la ciudadanía respecto a la seguridad. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 33,6% de la población de Lima Metropolitana fue víctima de algún hecho delictivo durante el lapso de enero a junio del presente año. Esto incita, tanto a las autoridades como a los ciudadanos, a la búsqueda de soluciones rápidas para poder combatir la inseguridad.
Entre algunas medidas se encuentra la declaración de Estado de Emergencia del pasado 19 de septiembre, originada por la explosión de una granada en la discoteca Xander’s ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Hecho que resultó con 15 personas heridas. Esta disposición se aplicó a nueve distritos del país: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y a otros siete de la provincia de Sullana en Piura (Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) mediante el decreto supremo N° 105-2023-PCM.
“Hemos decidido esta mañana declarar en estado de emergencia, en esa lucha contra la criminalidad, a tres distritos, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, para que podamos, de manera decidida y más cercana a la población, que esté la Policía, pero también va a entrar el Ejército como apoyo a la Policía dentro del marco legal que ambas instituciones tienen”, declaró la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para TV Perú.
Además, la Presidenta de la República extendió el estado de emergencia hasta Cercado de Lima durante la clausura de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Trujillo (La Libertad) hace 3 días, con la finalidad de reducir los porcentajes de delincuencia. En resumen, en tres distritos de Lima Metropolitana ya se está aplicando esta medida. No obstante, el término “estado de emergencia” ya no es ajeno a la sociedad peruana, debido a que se ha vuelto una constante respuesta de las autoridades ante el problema de la inseguridad ciudadana, pero ¿qué tan eficiente es esta medida para combatir la delincuencia de nuestro país?
Libertades restringidas
De acuerdo con el artículo 137 de nuestra Constitución, el Presidente de la República, junto con el Consejo de Ministros, puede decretar estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno. Esto implica la suspensión de algunos derechos constitucionales establecidos en los incisos 9, 11, 12, y 24 (apartado f) del artículo 2 de la Carta Magna. Esto quiere decir que las libertades constitucionales como la inviolabilidad del domicilio; a elegir su lugar de residencia; a transitar por el territorio nacional, a salir de él y entrar en él; las reuniones privadas o en espacios públicos, y la detención por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales quedan restringidas.
La medida anunciada por la actual Jefa de Estado, Dina Boluarte, en la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas rige por un periodo de 60 días calendario desde el pasado 20 de septiembre. Esto dicta que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo”. Además, se encuentran prohibidas las reuniones privadas o públicas desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas y, también, la policía y/o militares pueden ingresar a los domicilios sin necesidad de una orden judicial alegando una sospecha.
Historial de fracasos
Sin embargo, esta no es la primera vez que se aplica esta medida en nuestro país para contrarrestar la inseguridad ciudadana. El 2 de febrero del año pasado, el antecesor del actual gobierno, Pedro Castillo, declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y a la Provincia Constitucional del Callao por 45 días calendario a raíz de un informe policial que exigía acciones más exigentes para reducir el incremento de la delincuencia. Esto se aplicó a través del Decreto Supremo N° 012-2022-PCM que tenía como objeto “ejecutar acciones que permitan garantizar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población”.
Esta disposición fue extendida hasta en seis ocasiones (Decreto Supremo Nº 012-2022-PCM, N° 025-2022-PCM, N° 045-2022- PCM, N° 070-2022-PCM, N° 094-2022-PCM y N° 116- 2022-PCM), siendo la última prórroga la declarada por el Decreto Supremo N° 131-2022-PCM), llegando a acumular un total de 315 días (desde febrero hasta diciembre del año pasado). Con respecto a esto, la anterior Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, declaró que “pensar en una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, sin tener indicadores claros sobre su eficacia en estos 315 días de vigencia, desnaturaliza la finalidad misma de un estado de excepción. Frente a ello se hace indispensable evaluar la pertinencia de mantener esta medida en estas y otras zonas del país, ya que, de acuerdo a las cifras detalladas, no se vendrían obteniendo los resultados esperados por la población”.
En definitiva, los resultados obtenidos no fueron los esperados, ya que según el INEI, los datos sobre inseguridad ciudadana no mejoraron.
De acuerdo con el boletín estadístico del INEI, 33,6% de las personas mayores de 15 años de Lima Metropolitana ha sido víctima de algún hecho delictivo durante enero y junio del 2023, esto significa un aumento de 6,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. De la misma manera, en la Provincia Constitucional del Callao se registró un aumento de 8,6% en comparación con el 2022. Estas cifras demuestran que durante el estado de emergencia del año pasado no hubo mejoras en la seguridad ciudadana. Además, según las estadísticas de seguridad nacional del INEI, “en [el] año 2022, la Policía Nacional del Perú reportó 165 mil 818 denuncias por comisión de delitos registrados en Lima Metropolitana, respecto del año 2021 (130 mil 160)”. Es decir, las denuncias a la PNP se incrementaron en un 27,4% durante el año pasado pese a que nos encontrábamos en estado de emergencia.
Según César Bazán Seminario, exjefe del área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, estos datos demuestran que “[el estado de emergencia] es una solución que ya se ha intentado previamente, pero no ha funcionado. Además, esta no es una medida que sirva para el mediano, ni largo plazo, sino que es una respuesta inmediatista que da inicialmente una sensación de seguridad, pero no resuelve el problema de fondo”.
Solo para calmar a la tribuna
La medida actual se restringe, solamente, a algunos distritos y no a toda una provincia. Como mencionó Lucia Nuñovero, profesora de Política Criminal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “cualquier medida contra la criminalidad mientras más focalizada está mejores resultados tiene, esto debido a que el delito no es algo uniforme”. Además, recalcó que el actual estado de emergencia debe ser visto desde una perspectiva integral, es decir, que no se debe ver como una medida aislada, sino que existen otras respuestas por parte de los demás ministerios que trabajan a la par para que sí haya mejores resultados.
Como por ejemplo, la anunciada el lunes 02 de octubre por el ministro Alberto Otárola en una conferencia de prensa donde declaró que el actual gobierno aprobó una serie de decretos que modifican el código penal para que se permita la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan homicidio, violación sexual, sicariato o secuestro. “Nos referimos a este pequeño grupo de extranjeros que vienen causando tanto daño a la sociedad peruana y que a través de estos decretos van a merecer una acción inmediata de nuestras autoridades”, manifestó el Primer Ministro a los periodistas.
No obstante, muchos consideran que esta medida es simplemente para calmar a quienes están reclamando a sus autoridades mejores esfuerzos para reducir la criminalidad. Como afirma César Bazán, “el [Poder] Ejecutivo no tiene un plan para enfrentar la seguridad, lo que está haciendo con este estado de emergencia es una medida para la tribuna, para decir que se tiene un plan”. Esto se ve reflejado en el discurso por Fiestas Patrias de la actual mandataria, Dina Boluarte. “Para afrontar el grave desafío de la delincuencia presento ante usted señor Presidente [del Congreso de la República] un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor destreza y eficiencia a la delincuencia y a la criminalidad”.
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución el 15 de septiembre otorgando así las facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un lapso de 90 días. De acuerdo con el dictamen aprobado, en materia de Seguridad Ciudadana se faculta al Ejecutivo a actualizar la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Decreto Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, normativa y medidas en materia de seguridad ciudadana. Pero, de acuerdo con Bazán, las múltiples propuestas por parte del Ejecutivo solo demuestran que no hay un plan integral, sino que solo existen políticas aisladas que responden a un requerimiento de la población sin una inteligencia de por medio para responder al problema creciente de la inseguridad ciudadana. Concluyendo así que “el problema [de la criminalidad] nos desborda y el Estado no tiene un plan para enfrentarlo”.
Violencia que incrementa
Mientras tanto, el primero de octubre la alcaldesa del distrito de Lince, Malca Schnaiderman, solicitó que se declarara en estado de emergencia también a su jurisdicción. Esto a raíz del último atentado sucedido el 30 de septiembre cuando delincuentes a bordo de un mototaxi lanzaron una granada a la fachada de un hotel dejando a tres personas heridas y a los múltiples asesinatos a trabajadoras sexuales por presuntos “ajustes de cuentas”. De la misma manera, el pasado 26 de septiembre los vecinos de Pachacamác realizaron una marcha hasta el Congreso de la República solicitando que esta medida se aplique de igual manera en su distrito, debido a que los casos de extorsión se han incrementado.
Estos son solo dos casos que ejemplifican que la inseguridad ciudadana incrementa diariamente y no solo en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, sino en todas partes del país, por lo que muchas autoridades y la misma población solicitan que se declare en emergencia a sus zonas; sin embargo, esto sería lo mismo que se realizó el año pasado. Por lo cual, la población se debe empezar a cuestionar si en realidad quiere una sensación de seguridad momentánea o realmente necesita resolver el problema de fondo de la delincuencia. Para así poder reclamar a sus autoridades medidas que se agrupen en planes efectivos para lograr disminuir la criminalidad a largo plazo y así garantizar el bienestar de los ciudadanos.
