Luego de conocerse el caso de ‘Mila’, el debate sobre la interrupción de un embarazo ha vuelto a poner en evidencia las grandes deficiencias que tenemos como sociedad al momento de cuidar a las niñas y niños del país. La precaria situación radica en el incumplimiento de las leyes y la presencia de estereotipos que terminan desprotegiendo a los menores de edad.
Como cada tercer domingo de agosto, hace unos días se celebró el Día de Niño, efeméride que tiene como objetivo promover el respeto a los derechos de los pequeños para así asegurar su participación en la construcción de un mejor futuro. Pero en el Perú la celebración y protección de la niñez desaparece cuando las autoridades estatales se encuentran frente a situaciones que los enfrentan a sus propios dilemas.
Desde hace unas semanas, el tema del aborto ha vuelto a estar en debate. Esto a raíz del caso ‘Mila’, seudónimo usado para proteger la identidad de una niña de 11 años que fue sexualmente abusada por su padrastro, Lucas Pezo Amaringo (43 años), quien la ultrajó sistemáticamente desde que ella empezó la primaria. Este mes, su caso se hizo conocido cuando la junta de médicos del Hospital Regional de Loreto le negara el acceso al aborto terapéutico, el cual es legal en el país desde 1924. Es decir, el próximo año se cumpliría el centenario de su aprobación. No obstante, debido a la presión de distintas organizaciones y medios de comunicación, la decisión fue revertida.
Sin embargo, más que celebrar la rectificación de la junta médica, diversos congresistas expresaron su desacuerdo. Entre ellos, la actual presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Milagros Jaúregui. “Lo que le ha pasado a ‘Mila’ es un caso terrible, pero desafortunadamente pasa muchas veces en el Perú. Acá [en el Perú] hay casas de albergues para niñas y adolescentes embarazadas. Ustedes se van a quedar asombradas cómo niñas de 11 años han tenido a la bebé y pueden tener una vida muy sana. (…) En todos los casos, el aborto es un asesinato”, declaró la parlamentaria fuera de las instalaciones del Congreso de la República.
En un país en el que las agresiones sexuales escalan año tras año, en el que la violencia de género cobra la vida de miles de mujeres y en donde, según información del Ministerio de Salud, un total de 637 niñas y adolescentes menores de 14 años han dado a luz en 2023, el acceso a procedimientos médicos establecidos por la ley debería ser el estándar. Lo cierto es que aún seguimos condenando a las niñas a llevar embarazos forzados, que atentan contra su salud, tanto física como mental.
La ley fantasma
Legal desde hace 99 años, pero protocolizado hace nueve, al aborto terapéutico es un procedimiento no punible. Según el Código Penal, este debe ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Esta segunda acotación, para la periodista y abogada Josefina Miró Quesada, autora del libro “Ser mujer en el Perú”, debería ser suficiente para que los médicos activen los protocolos correspondientes en caso que una niña haya quedado embarazada producto de una violación. Sin embargo, las cifras nos dan una respuesta diferente: al año en el Perú, mil niñas menores de 15 años fueron forzadas a ser madres, según cifras del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo.
Si el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas argumenta que forzar a una menor a continuar con un embarazo es equivalente a un acto de tortura o crueldad, ¿por qué en el Perú se sigue aceptando el embarazo infantil?
Para Miró Quesada, el conflicto inicia entre el debate de cuidar la vida de una persona o la de un no concebido, esto por encima del derecho de una niña a seguir siéndolo. “Eres una persona desde que naces, eso está respaldado por las normas jurídicas. Por lo que el concebido se torna persona cuando nace. Por eso, el aborto terapéutico propone una salida a un conflicto aparente. Lamentablemente, el derecho no es suficiente. Hay factores que intervienen en los marcos jurídicos; estos son las ideas de sectores conservadores que postulan que el concebido es una persona e incluso plantean que el aborto es un asesinato”, sostiene.
En este sentido, no sorprende que sectores religiosos, como la Conferencia Episcopal Peruana, defiendan los embarazos en caso de violación al rechazar el aborto terapéutico practicado a ‘Mila’. “Frente a este acto de vulneración del derecho a la vida del ‘nasciturus’ (el que nacerá), levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente. La vida es sagrada”, comentó la institución sacra en un comunicado.
Entre el 2020 e inicios del 2023, solo en el Hospital de Camaná (Arequipa) se atendieron 16 embarazos de menores de 15 años. Diez de ellos fueron producto de una violación sexual. Hasta el 2021, según cifras de UNPA, cada día ocurren 4 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Todos los casos fueron producto de violaciones.
“La cultura de la violación hace que en el Perú estás agresiones sexuales sean tomadas a la ligera. Se vuelven hechos comunes y cotidianos. Hasta se ha caricaturizado con la figura del sujeto que te encuentra en un callejón sola y te agrede sexualmente, pero en la mayoría de casos las violaciones se dan en el entorno familiar. Es el papá, el padrastro, el tío o el hermano quien agrede sexualmente a una niña”, acota Lucía Alvites, socióloga y magíster en estudios de género y cultura.
Por su parte, Josefina Miró Quesada advierte que la figura del aborto terapéutico no solo debería ser aplicaba cuando la vida biológica corre peligro, puesto que la misma norma señala que el riesgo no está solo asociado a una muerte inminente, sino a un mal que puede generar problemas tanto físicos como mentales. “Obligar a una gestante a llevar un embarazo producto de una violación ya es un mal grave que va a generar problemas de salud mental como depresión, ansiedad u otro tipo de afectación”, acota.
En el 2007, ‘L.C.’, seudónimo utilizado para proteger su identidad, tenía 13 años cuando quedó embarazada producto de violaciones sexuales sistemáticas que sufría por parte de su vecino. Harta del abuso, la niña se lanzó del techo de su casa, motivo por el que fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión. Tras horas de espera, la menor fue diagnosticada con traumatismo vertebro medular cervical y luxación vertical en las vértebras, además de síndrome ansioso depresivo. Debía ser operada de emergencia, pero los médicos detectaron el embarazo, por lo que el procedimiento quedó anulado. Cuando la madre de la menor solicitó el aborto terapéutico, los médicos se lo negaron en dos instancias. Días después, la víctima tuvo un aborto espontáneo y el personal de salud pudo operarla, pero las secuelas de la larga espera hicieron que la pequeña quede cuadripléjica y no vuelva a caminar.
“El problema no es solo de la ley, sino también de los profesionales de la salud que tienen una visión muy restrictiva sobre cuándo se debe optar por el aborto terapéutico, porque no quieren ni aplicarlo cuando hay una afectación grave a la salud de las mujeres”, advierte Miró Quesada.
La maternidad como obligación biológica
Los problemas sobre el acceso al aborto terapéutico no terminan con la aplicación del mismo en los diferentes casos que lo requiera. Existen otros factores culturales que impiden que, en el Perú, incluso contando con una herramienta respaldada por el Código Penal, aún se crea que las mujeres tienen el fin biológico de ser madres. Esto explica, en parte, por qué las niñas aún son condenadas a continuar embarazados producto de una violación.
Para la socióloga Lucía Alvites, en nuestro país existe una instrumentalización de la maternidad. No solo por la presencia de grupos conservadores que abrazan la idea del no concebido como un sujeto de derecho, sino porque persiste la visión de colocar a las mujeres en una situación de madres, antes que ser personas racionales con la capacidad de decidir por ellas mismas. “Desde que nacemos se nos asignan roles. A las niñas se les regala muñecos de bebés cuando ni siquiera aprenden a caminar. Se instala una suerte de idea maternalista que se vuelve un mandato. Mientras que a los niños se les priva de ello porque existe la idea de que esas cosas son solo para “mujeres””, comenta.
Es así como la idea del ‘gen materno’ empieza con el pensamiento de que toda mujer está dispuesta, o debería estarlo, a asumir su rol de madre. Cualquiera sea el caso. Por lo que vivimos inmersos en una cultura que expresa esas actitudes o comportamientos en leyes que los avalan. “Hay un discurso ultraconservador que priva de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres porque se piensa que hay que obedecer un mandato biológico. Pero lo cierto es que es aprendido. Es algo cultural que no se va solucionar en unas semanas o meses”, sentencia Alvites.
A ello se suman los discursos de autoridades que muestran su total rechazo a la decisión de abortar en casos como el de “Mila”. “El médico o enfermera tiene que aplicar procedimientos como el aborto terapéutico, pero escuchando a las autoridades declarar algo totalmente distinto, ¿cómo van a confiar en que lo que están haciendo es lo correcto?”, acota la socióloga.
En el Perú, cualquier aborto, que no sea el terapéutico, es penado por ley. Las sentencias varían entre tres a cinco años con pena privativa de la libertad. “El Código Penal establece un tipo penal atenuado en los supuestos de violación, ya que, si un médico lo aplicara, la misma ley hace que a los profesiones de la salud se les habrá una investigación. Por eso ni siquiera consideran utilizar el aborto terapéutico en los supuestos casos de violación”, aclara Josefina Miró Quesada.
El control de la sexualidad de la mujer es un problema que se refleja en la continua revictimización de las niñas que han sido violadas, obligándolas a ser madres. En un país donde las políticas actuales no son suficientes como para prevenir situaciones tan críticas como el embarazo infantil, es difícil pensar que en algún momento hablaremos sobre despenalización del aborto; sin embargo, lo racional es exigirle a las autoridades hacer cumplir la ley. Mientras tanto, el debate sigue centrándose en obligar a las niñas a perder su infancia, esto mientras el agresor de ‘Mila’ sigue libre.