Con la creación del nuevo Comando Unificado como apuesta del gobierno por luchar contra la inseguridad, ¿qué se puede esperar para que este movimiento sea efectivo?
Por Mauricio Mendoza
El pasado 7 de octubre la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un Comando Unificado que tendría como objetivo combatir la inseguridad. Este conjunto de fuerzas está conformado por 500 miembros del Ejército, 320 policías, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra y 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas.
El anuncio llega en un contexto de violencia sostenida. De acuerdo con las cifras presentadas en enero por el Ejecutivo y el INEI, la tasa de homicidios subió a 10,7 en 2025, y las denuncias por extorsión pasaron de 22 mil en 2024 a 26 mil al año siguiente. En ese sentido, ¿qué se puede esperar del nuevo Comando Unificado?
Una medida reciclada
Los comandos unificados como medida de seguridad no son una implementación novedosa. A lo largo del país, hay comandos según la geografía y la ocupación de cada uno; por ejemplo, el Comando Operacional del Norte (CON), quienes custodian y realizan operaciones en la frontera y regiones norteñas, o el Comando Especial VRAEM (CEVRAEM), que realizan operaciones contraterroristas y de apoyo policial contra el narcotráfico en los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Estos comandos dependen del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), creado en 1957, que tiene subordinados a los comandos operacionales y especiales. La fórmula también se ha usado en seguridad interna. Desde mayo de 2025, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) reúne a Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía en esa provincia de La Libertad y, según el Ministerio de Defensa, ejecutó 67 acciones militares y más de 2 500 patrullajes integrados en su primer año.
Leonardo Caparrós, exjefe del INPE y exviceministro del Interior, comentó en entrevista para Nexos que “operativamente lo que te permite esta medida es centralizar decisiones y logística”. Además, resaltó que “es un esfuerzo de organización y coordinación, pero hubiera sido preferible acotar a cada zona con su propio perfil logístico”.
Desde el 28 de agosto, Lima y Callao tienen un Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la PNP. El nuevo comando se distingue por su alcance nacional, por estar dirigido por el Ministerio del Interior y por tener su centro de control en el Cuartel General del Ejército, según el ministro de Defensa.
Por otro lado, Oscar Serván, exgeneral de la PNP, sostuvo que el crimen organizado fue uno de los principales temas en las elecciones y que en los últimos tiempos se ha criticado mucho a las autoridades de que no se han tomado acciones. “En este caso si se ve un poco la señal en la presentación aquí. Es una prioridad del gobierno y del Presidente, quien además preside el Consejo de Seguridad Nacional.”
En América Latina, la participación militar en seguridad pública tiene décadas de historia. De acuerdo con una investigación de la Fundación Carolina, advierte que la militarización del orden público se ha prolongado por tres décadas en la región y la asocia con resultados ineficaces y acusaciones graves de violaciones de derechos humanos.
El caso más reciente es Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa en 2024 reconoció un “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas operar contra bandas que calificó de terroristas. No es un comando unificado con ese nombre, pero, según la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea ecuatoriana, permitió el trabajo coordinado entre militares y policías.
“El modelo de la Fuerza Armada —que no es nuevo— funciona en otros países, por ejemplo en México o Colombia, donde la policía pertenece a la misión de la defensa. Entonces, esta integración lo que busca es potenciar y poner las capacidades que tiene la Fuerza Armada bajo el apoyo de la policía”, argumentó Serván.
Tendencia regional
Para anticipar resultados conviene mirar las medidas previas. El registro del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) de este año indica que, durante los cuatro meses del estado de emergencia con apoyo militar en Lima y Callao, hubo 284 homicidios, frente a 302 en los cuatro meses anteriores sin emergencia. Más de la mitad ocurrió en Lima Norte (82) y Lima Este (70), y en esos dos sectores hubo más homicidios que antes de la medida.
A ello se suman 59 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas” en el Sinadef, que podrían elevar el total. El efecto de la presencia militar, por tanto, no fue eficiente. “Mi preocupación con un comando unificado nacional es que sigamos enfrentando problemáticas diversas en un espacio donde se tienen que ver demasiadas cosas a la vez y terminan siendo deficientes, al menos para algunos temas”, resaltó Caparrós.
A nivel regional, los datos arrojan resultados mixtos. En Ecuador, los homicidios intencionales bajaron de 8 mil en 2023 a 7 mil en 2024, pero en 2025 subió a los 9 mil. Sin embargo este año la tendencia se revirtió, ya que se reportaron 676 homicidios en mayo, 27,7 % menos que en el mismo mes de 2025.
A partir de esto, un informe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) indicó que las estrategias militarizadas no habían contenido el aumento de la violencia en el mundo, sino que solía generar, a largo plazo, tendencias de abusos de poder y deslegitimación de las autoridades encargadas de la seguridad.
Un ejemplo es Pataz, que pese a tener 33 operaciones con S/245 millones en pérdidas para la minería ilegal hasta febrero, las 61 detenciones fueron en su mayoría de nivel operativo. Asimismo, según el portal Rumbo Minero, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales contabilizó 49 muertes vinculadas a esa actividad solo en 2025. Lo que demuestran estas cifras es una falta de efectividad o viabilidad que tiene la norma implementada, donde en ocasiones no termina de garantizar la seguridad esperada.
“El Consejo de Ministros es un espacio de coordinación intersectorial, pero claro, ellos tienen un montón de cosas que ver, no solamente la seguridad. El Comando Unificado aterriza un poco más en esa temática, pero tiene el problema que es territorialmente grande y complejo”, comentó el exjefe del INPE.
Saber acompañarla
Por sí sola, la medida podría quedarse corta. Cifras de la PNP revelan que, entre enero de 2024 y abril de 2026, hubo cerca de 54 mil denuncias por extorsión y alrededor de 700 condenas, aproximadamente una por cada 76 denuncias. En Lima, la Policía registró 12 701 denuncias en 2025, pero la Fiscalía presentó solo 108 acusaciones y el Poder Judicial emitió 115 sentencias.
El segundo mecanismo es atacar las finanzas. En su mayoría, los extorsionadores suelen exigir el pago por billeteras digitales o cuentas bancarias, y que si la cuenta es identificable puede suspenderse con rapidez, algo que no es facultad de la Policía. Por eso, dentro del anuncio, incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, Osiptel y las operadoras telefónicas es un movimiento de coordinación acertado, pero que debe tener continuidad.
Sobre esto, Serván expresó que “la estrategia lo que busca es también golpear y seguir el dinero, justamente en la parte financiera para asfixiar y disuadir a quienes realizan esta acción —extorsionar—, de que la respuesta debe ser rápida, eso no se ha venido haciendo y es un tema que podría dar muy buenos resultados”.
Un tercer frente es la inteligencia y la investigación criminal dentro de la propia PNP. Caparrós concluyó que “siempre que las decisiones se tomen de manera más coordinada, el impacto debería mejorar, pero no porque haya un Comando Unificado vamos a recibir la información o las medidas más rápidas”.
“Eso va a depender finalmente de la gestión que haga cada sector de lo que tiene que hacer, ¿puede ayudar el comando unificado? Sí, puede volverse más organizado, mejor coordinado a lo que el Estado haga, pero no es que sea la solución”, agregó el exviceministro.
El Comando Unificado es la más reciente medida para combatir la inseguridad y una apuesta del gobierno por la coordinación de las entidades involucradas en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, esperar que una sola norma pueda resolver una problemática tan grande como esta es muy poco realista, pero su efectividad se podría amplificar dependiendo de cómo la acompañen.
