La deteriorada infraestructura que los colegios llevan arrastrando por décadas son producto del poco presupuesto que se le asigna, de su incompleta ejecución y de la falta de mantenimiento correctivo.
Por Alexandra Jave
A tres días del inicio del año escolar en las instituciones educativas estatales, la problemática de la infraestructura deficiente que presentan los centros se trae a colación una vez más.
En nuestro país, de acuerdo con información del Censo Educativo del Ministerio de Educación (Minedu), al 2023 se registraron 55,293 colegios públicos. Sin embargo, también se observa que algunos distritos tienen menor densidad de instituciones educativas, es decir, menos colegios por estudiantes que otros. Las zonas con mayor número de estudiantes por cada colegio son: Barranco (439), Villa el Salvador (336), San Juan de Miraflores (335), Lima (322) y Mi Perú (320). No obstante, la mitad de los locales educativos públicos requieren ser demolidos en su totalidad por representar un grave riesgo de colapso.
Presupuesto insuficiente
Según la Constitución, el sector educativo debe recibir como mínimo el 6% del PBI. El ministerio de Economía y Finanzas señaló que el presupuesto destinado hasta mitad de año de 2024 sumó S/ 11,255 millones. Un 49% del total se asignó al Gobierno nacional, es decir, S/ 5,454 millones. Cabe resaltar que este monto y todos los demás se designan para el sector educativo como tal, por lo que, para la infraestructura, el importe es mucho menor específicamente.
En ese sentido, el exministro de Educación, Idel Vexler, advirtió para Nexos que la cantidad de dinero que se da no supera los 400 millones de soles. “Si se divide entre 54 mil locales escolares, porque no es lo mismo local que instituciones educativas que son más de 106 mil, ocurre que le tocaría a cada colegio un promedio de unos 5 mil soles. Pero ¿qué van a hacer con 5 mil soles?”, añadió.
Sin embargo, la problemática no solo radica en el poco presupuesto que se le asigna a la infraestructura, sino que también no significa, necesariamente, que sea ejecutado. Como se señaló líneas arriba, al gobierno se le asignó alrededor de cinco millones y medio de soles para el sector, de los cuales solo se ejecutó un 29%. Por lo tanto, si el monto no es aplicado en su totalidad para la educación, el ámbito del cimiento queda mucho más relegado.
A ello se suma la falta de mantenimiento correctivo. “Esto refiere a la reconstrucción de aulas que no están en buen estado, techos que tampoco lo están, patios que no se pueden utilizar, baños deteriorados, muros, etcétera”, señaló el exministro.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 48% de los locales educativos públicos requiere ser demolido en su totalidad por representar un grave riesgo de colapso. A partir de datos del Minedu, se estima que cerrar la brecha de infraestructura total demandaría cerca de S/ 27 mil por alumno.
No obstante, el costo es mayor en las regiones más pobres, como Cajamarca (S/ 43 mil) y Puno (S/ 44 mil), donde la mayoría de las edificaciones que requieren sustitución se ubican en el ámbito rural y atienden a una menor cantidad de alumnos.
Los estudiantes, los más afectados
El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), aprobado en 2017, tuvo como objetivo primordial reducir en cerca de 60% la brecha de infraestructura educativa al 2025. Sin embargo, lejos de cumplir ese objetivo, la brecha se amplió. Al cierre del año pasado, esta ascendió a S/ 172 mil millones, es decir, 25% más que el estimado inicial.
Sumado a ello, aún persisten grandes rezagos con relación al acceso a servicios básicos, especialmente al interior del país. En 2025, solo el 22% de instituciones estatales rurales contó con acceso a tres servicios básicos (agua, luz y desagüe) por debajo de su nivel en 2015 (26%). Además, en las que se encuentran en el área urbana, el acceso se elevó de 76% a 81% en los últimos diez años.
Este cúmulo de factores, finalmente, termina perjudicando a los estudiantes en diferentes instancias. Así lo destacó el doctor en Educación, César León, quien resaltó las graves consecuencias que el alumnado continúa arrastrando.
“Surgen consecuencias fisiológicas, lo cual se traduce en la inadecuada posición del estudiante al momento de estudiar, también la capacidad de atención que pueda tener. No es igual estar sentado en una banca de madera que en una silla ergonómica. Definitivamente, el aprendizaje se ve afectado, incluso, el aspecto psicológico y en el aprendizaje académico”, mencionó León.
Cuando las escuelas públicas se tornan inhabitables, los módulos prefabricados son utilizados temporalmente. En Lima, una de cada cinco edificaciones educativas presenta esas características, cuatro veces más que el resto del país. No obstante, en varias oportunidades se vuelven permanentes y, de acuerdo con el IPE, solo el 15% se reporta en buen estado.
El uso de estos módulos predomina en los distritos de la periferia y de menores ingresos, como Pachacamac con 46% y Carabayllo con 32%, donde también es mayor el porcentaje de locales con grave riesgo de colapso. Recientemente, el Minedu aprobó la ampliación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) hasta 2028. Sin embargo, no se asegurarán avances si no se ejecuta una estrategia de inversión y mantenimiento con prioridades territoriales, cronogramas y metas verificables.
Durante los últimos años, la alta rotación de ministros al frente de la cartera de educación ha hecho que políticas públicas no hayan podido mantenerse para lograr una mejora en la infraestructura de los locales escolares. De cara a las elecciones, poner atención a quienes propongan las medidas necesarias para atender a este problema resultará imperativo para la estabilidad de la próxima fuerza laboral.
