Proyecciones del IPE indican que la producción de oro ilegal este año superaría a la formal, ¿qué es lo que ha pasado?
Por Rafael Ortega y Marcelo Borja
En la última semana, datos proporcionados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) señalaron que las exportaciones de oro de origen ilegal superarían a la legal para este año. De cumplirse dicha proyección, se trataría de la primera vez en nuestra historia que ocurra. Y no se trata de una cifra menor, sino de un monto que deja en descubierto las faltas en el sector minero, en el área administrativa y, sobre todo, en la capacidad de control del Estado.
En todo caso, no debería sorprender demasiado la información dada con IPE. Ya en 2025 se anticipaba un resultado como este, cuando el valor exportado alcanzó un empate virtual. De acuerdo con las proyecciones de la organización, este año la cotización alcanzaría los US$16 mil millones. Si a este rubro se le considera por separado, sería el segundo de mayor producción, solo por debajo del cobre, que recoge US$30 mil millones; y no solamente ello, sino que también superaría la suma de todas las agroexportaciones, con US$15 mil millones.
El fenómeno que crece
Una investigación de El Comercio señala que, si bien los principales centros de extracción se encuentran en La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, el nuevo lugar que se empieza a convertir en el primordial proveedor de oro ilegal se encuentra en la Amazonía y, en particular, en la región de Loreto. Conservación Amazónica estima que 350 dragas (máquinas de excavación que se instalan por debajo) operarían en los cauces de 13 ríos de la zona.
Esta aparición se traduce en números. Según el informe de IPE, la producción ilegal creció 19,4% entre enero y junio, mientras que la formal cayó 5,9%. Para los especialistas, el factor determinante se encuentra en la cotización internacional del oro. Entre 2020 y 2023, el precio de este mineral rompió nueve veces sus récords históricos. Sin embargo, desde 2024, dicha cifra lo ha hecho 102 veces.
“Se trata de un cambio estructural. Si bien el alza del precio ha permitido e incentivado que se expanda el dinero ilegal, esto ya viene de hace varios años, incluso antes de la pandemia”, indicó Martín Valencia, economista y gerente de Estudios Económicos del IPE. A pesar del aumento de los últimos dos años, el especialista añadió que no se trata de un tema coyuntural, sino de un problema que se viene arrastrando con el Reinfo y la falta de respuesta de las autoridades.
Actualmente, la minería ilegal es la actividad económica criminal que más dinero mueve en el Perú. A mediados de este año, una investigación de Ojo Público basada en datos de las 14 fiscalías especializadas en lavado de activos del Ministerio Público, identificó al menos 60 empresas que estaban siendo investigadas por blanquear el oro ilegal. Solo hasta abril de 2026 eran 91 los expedientes activos vinculados a este tema.
Pero, ¿cómo se ha calculado el dinero ilegal?
“Lo que se hace es una diferencia entre las cifras de exportaciones con las de producción reportada. Todas las empresas mineras formales declaran al Ministerio de Energía y Minas. Además, la SUNAT tiene sus cifras de cuánto oro sale exportado para aduanas”, indicó Valencia. El economista añadió que el análisis de su institución determinó que las cifras exportadas son mucho más que lo que se obtiene de manera formal.
¿El Reinfo influyó?
En 2016 se creó el mecanismo para la formalización de los pequeños mineros y las actividades artesanales; sin embargo, hasta la fecha únicamente el 2% de sus inscritos han culminado el proceso legal. En estos diez años, el registro fue ampliado 5 veces y su mantenimiento está previsto hasta diciembre de 2026, aunque varios sectores indican que no se descarta una nueva extensión, como se ha estado haciendo. De hecho, para cumplir con todos los requisitos, se deben financiar permisos, seguridad laboral, pagar impuestos y contar con medidas de protección ambiental. Mientras tanto, la extracción ilegal puede prescindir de estos.
Formalizarse en el sector minero no es algo tan fácil como puede aparentar, no consiste únicamente en una inscripción en una ventanilla. Un operador formal debe acreditar el derecho al uso de terreno superficial y un contrato de explotación o concesión vigente, además de aprobar un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), licencias de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), autorizaciones de polvorines y manipulación de explosivos fiscalizadas por Sucamec, y protocolos de seguridad y salud en el trabajo. A todo esto se suma la carga tributaria ordinaria y los compromisos de remediación y cierre de mina.
Esta valla reguladora choca de frente con la estructura de la minería de pequeña escala y con el colapso institucional. Luis Mendieta, docente en la facultad de Ingeniería de Minas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advierte que el embudo del sistema se debe a dos factores: la desconexión del estándar nacional y la debilidad en la supervisión territorial.
«En el caso de la pequeña minería y minería artesanal, la fiscalización la asumen las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), que no tienen los recursos necesarios ni el equipo técnico para ir a fiscalizar los puntos de extracción. Tienen una capacidad muy limitada», explica Mendieta. Añadió también que el problema central vive en la desproporción económica, debido a que formalizarse aumenta los costos de operación mientras que la ilegalidad absorbe cero costos de contingencia.
«El incentivo del margen que se genera actualmente con estos precios récord tiene mayor rentabilidad versus el riesgo de ser descubiertos. No incluyen dentro de su estructura costos laborales, ambientales, de seguridad ni sociales. Pueden trabajar bajo este paraguas llamado Reinfo sin necesidad de formalizarse y con una estructura de costos baja o nula», remarcó el catedrático.
Para Luis Mendieta, el costo de esa omisión no desaparece, sino que se descarga contra el propio país, recalcó: “Estos costos son externalizados hacia el propio Estado. La actividad ilegal contamina suelos y fuentes hídricas, y nosotros somos los que terminamos pagando los pasivos que dejan”.
Esta brecha entre los volúmenes extraídos y los despachos al extranjero refleja el verdadero alcance del problema. De una nómina que superó los 80 mil inscritos entre 2014 y 2025, escasos 2.295 consiguieron la formalización plena. Pese al retiro de casi 50 mil registros inactivos a finales del año anterior, el padrón mantiene 31.610 inscripciones —de las cuales cerca de 27 mil siguen activas—, en un escenario donde el desfase operativo continúa expandiéndose.
La disparidad entre los registros formales y el total exportado pasó de 36 toneladas al año hace una década a superar las 100 toneladas en el presente. Durante la primera mitad de 2026, la extracción de origen ilícito representó el 54% de los envíos al exterior, mostrando un avance de 19,4% frente al repliegue de 5,9% en el sector formal. Las proyecciones para este año prevén que la salida ilegal alcance entre 110 y 125 toneladas métricas de oro fino —una cifra de entre US $16 mil millones y US $18 mil millones—, aventajando por primera vez las declaraciones oficiales ante el Minem.
Esta reconfiguración productiva responde a un dinamismo técnico impulsado por la cotización internacional, que superó la barrera de los US $4.000 por onza. Según explica Mendieta, este valor máximo altera los parámetros del sector al modificar la ley de corte, es decir, el nivel mínimo de concentración que otorga rentabilidad a la mina. «Al registrarse un alza en el valor del commodity ocurre un fenómeno particular: zonas que antes carecían de atractivo resultan viables pues la ley de corte disminuye. Ello genera un estímulo muy elevado para las operaciones ilegales», precisa el especialista de la PUCP.
De igual manera, el catedrático advierte que la escasa coordinación entre la Sunat, Osinergmin y Sucamec permite encubrir el insumo irregular dentro de la cadena formal. «El procesamiento de mineral demanda insumos específicos como explosivos y combustibles mediante el seguimiento de balances de masa e insumos es posible detectar irregularidades: un consumo de 1.000 kilos de explosivos para un volumen que requería solo 100 delata inmediatamente desviaciones», señala. No obstante, al carecer de una supervisión integrada en los centros de procesamiento y corredores de acopio, el Reinfo opera en la práctica como un respaldo administrativo ante eventuales intervenciones policiales.
Más allá del oro
La expansión de la extracción ilícita de mineral sobrepasa el mero incumplimiento normativo para erigirse como una estructura delictiva articulada mediante el blanqueo corporativo y la vulneración del circuito formal. Para alcanzar refinerías en el exterior, el recurso requiere introducirse en el flujo comercial legítimo mediante firmas y plantas de fachada. Sobre este aspecto, la Fiscalía especializada investiga a decenas de sociedades ligadas al lavado de este material en decenas de expedientes abiertos.
Dichas empresas acopian volúmenes provenientes de labores no autorizadas o maquinaria fluvial amparándose en registros inactivos, cedidos o adquiridos del Reinfo, adulterando guías de remisión para superar la fiscalización tributaria antes de despachar el cargamento.
Esta inyección de capitales irregulares menoscaba la gestión pública y afecta directamente el desarrollo de proyectos formales. Respecto a ello, analistas del sector señalan que el principal perjuicio para el país estriba en cómo la ilicitud desplaza las inversiones formales: altera las condiciones locales elevando el costo de vida y modificando los incentivos salariales, además de incursionar en concesiones estratégicas.
Proyectos mineros de gran envergadura o yacimientos en detención registran actualmente la incursión de actores no autorizados, donde estructuras ilegales desplazan la actividad formal y restan gobernabilidad a las zonas de influencia.
En el ámbito social y ambiental, el impacto resulta sumamente grave, registrándose una pérdida masiva de cobertura boscosa en la selva y el uso desmedido de maquinaria en diversos cauces fluviales. El daño a los ríos y la emanación de insumos químicos alteran los ecosistemas e impactan en la cadena alimenticia de las poblaciones asentadas en las cuencas. Evaluaciones médicas advierten que especies de consumo básico en comunidades originarias presentan altas concentraciones de contaminantes, generando riesgos en la salud pública y dinamizando otros problemas de seguridad en el entorno.
Frente a proyecciones que prevén montos millonarios al cierre del ejercicio —representando más de la mitad del volumen aurífero exportado—, la pérdida económica para la gestión del país es considerable. Las evaluaciones económicas advierten que estos fondos eluden las aportaciones por canon e impuestos directos, superando con creces los montos asignados a otras actividades ilícitas y sin generar retornos en infraestructura o servicios para las áreas de extracción. La continuidad de un padrón utilizado como mecanismo de protección frente a acciones legales, sumada a la falta de fiscalización en los centros de procesamiento, evidencia que prolongar la reforma del sistema termina por consolidar la informalidad frente a la gestión del territorio.