Hace menos de un mes se nombraba a un nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), entrando a otra gerencia con poco tiempo de cara a Lima 2027.
Por Mauricio Mendoza
A menos de un año de los Juegos Panamericanos 2027, el Instituto Peruano de Deporte (IPD) tuvo un reciente cambio de presidente. Óscar Fernández, quién ya había presidido a la institución de 2016 a 2018, reemplazó a Sergio Ludeña, siendo el octavo presidente desde 2022. Según una investigación realizada por El Comercio, un jefe del IPD dura en promedio ocho meses desde el año antes mencionado.
En esa línea, la inestabilidad de la institución lleva a una tendencia que podría condicionar diversos sectores del deporte y la organización de este en el país, ¿cuál es la situación del IPD y cómo afecta a los atletas nacionales?
Sin un rumbo claro
Esta ineficiencia institucional no es nueva, ya que solo en 2022 hubo cinco presidentes del IPD. El arrastre a lo largo del tiempo tiene como consecuencia directa mala organización y comunicación interna. Las ideas o propuestas que tengan las diversas personas que pasaron por el cargo más alto de la institución terminan sin hacerse, porque como en la política, los cambios constantes de presidentes dan como resultado falta de toma de decisiones.
A pesar de ello, para Daniel McBride, director de estudios de la facultad de gestión de la PUCP y gestor estratégico para el Sistema Nacional del Deporte, uno de los factores cruciales en la inestabilidad es la crisis política que sufre el país desde hace años.
“Cualquier gestión que quiera hacer cosas no las puede hacer en tan corto tiempo. Y el cambio de una gestión a otra, el aprendizaje que uno debe tener en un cargo es, entre comillas, menor”, expresó en entrevista para Nexos.
Por otro lado, las renuncias constantes vienen acompañadas de otros cambios. Lo que trae cada nueva gestión son gerentes que, junto a los ocho presidentes que ha tenido la institución, suman un total de 17, haciendo difícil poder construir una institucionalidad.
Yoannie Solís, gestora pública enfocada en el desarrollo del deporte, comentó que “el verdadero problema no son estos ocho nombres en la lista, sino cuántas veces esta institución ha tenido que reconstruir su equipo desde cero”. Además, las curvas de aprendizajes son importantes para poder crecer y organizar de manera óptima un organismo de este peso a nivel nacional.
“Una política deportiva, que es por lo que yo peleo como gestor, necesita años para producir algún tipo de resultado. Pero estamos intentando conducir nuestra política deportiva con autoridades que duran meses y eso no tiene sentido”, comentó Solís.
Un golpe al alto rendimiento
Según el mismo IPD, la institución tiene como funciones principales formular, planificar y evaluar las normas para el deporte nacional, tener un registro del deporte en el país, apoyar a los atletas de alto rendimiento y dirigir la seguridad en estadios para prevenir la violencia. Aunque todas estas responsabilidades se cumplen, el factor que da origen a la inestabilidad es la visión de cara al futuro.
Para McBride, el gran problema con el cortoplacismo es la falta de compromiso en los equipos de trabajo que entran en el organismo. De acuerdo al gestor, “cualquier cosa que se haga donde no se tenga una línea establecida, es un problema”.
La falta de horizonte se traduce en algo muy concreto para los deportistas, que es la continuidad de las subvenciones. Cada cambio implica, en la práctica, revisar expedientes, cronogramas de viaje y compromisos asumidos por la administración anterior con cada federación y cada deportista de alto rendimiento. Según cifras del IPD, se cumplió al 100% con el otorgamiento de fondos económicos asignados en el presupuesto del año fiscal 2025.
Para 2026 se habilitó a 49 federaciones deportivas nacionales y a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU) para la firma del Convenio de Asignación por Desempeño, con un presupuesto estimado superior a los 69 millones de soles. El riesgo que describen quienes gestionan el deporte de alto rendimiento no es la ausencia de presupuesto, sino la discontinuidad en su gestión cada vez que cambia la cabeza de la institución.
A eso se suma una tensión estructural en el propio modelo de asignación, donde las federaciones reciben más presupuesto en función de las medallas que consiguen sus deportistas, lo que las empuja a priorizar la participación en competencias internacionales de alto nivel —que son más costosas y más difíciles de ganar—. Ese círculo, que ya de por sí exige planificación de mediano plazo, es precisamente el tipo de decisión que una gestión de ocho meses no alcanza a sostener ni a corregir.
“Aunque nuestros deportistas representan al Perú, el alto rendimiento depende de la gestión transparente y adecuada de organizaciones privadas. El IPD no le puede decir a una federación qué hacer, pero sí le puede poner condiciones para darle la subvención”, opinó Solís.
De cara a los Panamericanos 2027
La inestabilidad del IPD también amenaza la ejecución y realización de los Juegos Panamericanos 2027. En julio de este año, el Gobierno transfirió S/72,6 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para financiar seis intervenciones en escenarios deportivos, entre ellos el Estadio Nacional, la Villa Panamericana, el coliseo Eduardo Dibós, la Base Aérea Las Palmas, la Villa Deportiva Regional del Callao y la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina.
Según el mismo reporte del ANIN, esos recursos forman parte de los S/435 millones que el Poder Ejecutivo asignó en febrero de este año para la preparación del evento, y la mayor asignación corresponde a la Villa Panamericana en Villa El Salvador, que recibirá S/40,2 millones para una instalación de escalada, un centro tenístico y un estadio de cricket.
El esquema de ejecución es relevante sobre continuidad institucional, ya que la ANIN ejecutará las obras, mientras que el IPD se encarga del monitoreo y del cumplimiento de metas. Si el IPD cambia de cabeza cada ocho meses en promedio, ese rol de supervisión queda expuesto al mismo problema.
Desde que se extinguió Legado, las sedes deportivas a su cargo pasaron al IPD, que aún debe garantizar su operatividad y mantenimiento. El antecedente más claro de lo que puede pasar cuando las obras no se cumplen a tiempo son los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde varias competencias tuvieron que trasladarse a Lima porque las obras en la sede designada, Ayacucho, no se concluyeron a tiempo.
“Para los anteriores Panamericanos había una organización aparte. Estaba el IPD, pero había un comité organizacional específico que no era el presidente del IPD. Ahora es mucho más complejo hacerlo desde la presidencia, y ya eso es un problema de meta organizacional”, explicó McBride.
En el plano institucional, el Comité Organizador sí reporta avances. En mayo de 2026, ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports reunido en Aruba, la delegación peruana detalló progresos en sedes e infraestructura deportiva. Lima fue confirmada como sede en marzo de 2024, tras superar a Asunción, después de que Barranquilla perdiera los derechos de organización; gran parte de la infraestructura heredada de 2019 fue el argumento central para asegurar la sede en un plazo corto.
Solís al respecto mencionó que “organizar los juegos pone a prueba al estado y al ente rector del deporte, pero nos estamos olvidando de cuál es el verdadero legado”. Por ello “no hay que medir únicamente los resultados de los juegos por el número de medallas o por el evento de inauguración o clausura, porque nuestro sistema deportivo no se resuelve con el apagado de la antorcha panamericana”.
Esa complejidad organizacional es, en el fondo, el mismo problema que atraviesa todo el sistema deportivo peruano. La falta de una institución capaz de sostener una misma hoja de ruta el tiempo suficiente para ejecutarla nos perjudica, a menos de un año de Lima 2027.
