Debido a la alerta sobre el exceso en el déficit fiscal, las políticas en favor del país y la deuda pública se ven comprometidas en las próximas administraciones.
Por Alexandra Jave, Igor García y Mauricio Mendoza
En 2025, el Perú logró reducir el déficit fiscal a 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), luego de dos años consecutivos en los que este indicador superó los límites establecidos. Sin embargo, pese a llegar a la meta, a fines de enero, el Consejo Fiscal advirtió que se incumplieron dos tipos de reglas macrofiscales vinculadas al gasto público durante ese mismo año.
La vulneración de la regla del gasto no financiero total y la regla del gasto corriente, excluyendo el mantenimiento, indicó que los gastos estatales aumentaron por encima de los topes permitidos. Contando este año, el incumplimiento conjunto de las normas fiscales se registró por tres años seguidos. ¿Cómo se llegó a esta situación y de qué manera afecta al futuro del país?
Más gasto del permitido
El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos del Estado. En la mayoría de casos, este balance es negativo, es decir, el gobierno termina gastando más dinero del que recauda. De acuerdo con el economista Eduardo Recoba, “lo saludable para una economía es gastar más de lo que se ingresa por un principio de bienestar económico, de justicia fiscal y de servicios hacia la población”.
En ese sentido, este indicador permite evaluar la situación de las finanzas públicas y se expresa como un porcentaje del PBI. El número refleja el tamaño del exceso de gasto respecto a los ingresos nacionales. Al cierre del 2025, el Perú logró cumplir la regla fiscal que fijaba un máximo de 2.2% del PBI, establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Marco Macroeconómico Multianual, documento que se actualiza periódicamente cada año.
Con este resultado, el país volvió a ubicarse dentro de los límites permitidos tras dos años consecutivos de infracción y registró una reducción significativa respecto al 2024, cuando la medición alcanzó el 3.4%, superando la meta del 2.8% prevista para ese año.
Además, según información del Banco Central de Reserva Nacional (BCRP), la economía peruana se habría ubicado entre las de menor déficit fiscal en la región en 2025, por debajo de Colombia (7.1%), México (4.3%), Chile (3.6%) y del promedio de América Latina (5%).
Sin embargo, si bien “este hito logrado es muy importante para el país y refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas”, como señaló la actual Ministra de Economía en la web del Gobierno, Denisse Miralles, detrás del resultado favorable persisten problemas estructurales que el Consejo Fiscal decidió advertir y visibilizar mediante un comunicado publicado a finales de enero del presente año.
Las normas macrofiscales vinculadas al control del gasto público han sido incumplidas durante tres años consecutivos y, por segunda vez, se vulneraron simultáneamente dos reglas: la del gasto no financiero total y la del gasto corriente, excluyendo el mantenimiento.
Ambas establecen límites al crecimiento del gasto del Gobierno General, aunque evalúan componentes distintos. La primera norma regula principalmente el gasto asociado a inversión pública, programas sociales y pensiones, mientras que la segunda controla el gasto necesario para el funcionamiento cotidiano del Estado, como remuneraciones del sector público y la adquisición de bienes y servicios.
De acuerdo con información preliminar del BCRP, en 2025 el gasto no financiero habría ascendido a S/ 241.6 mil millones, superando el tope permitido por la regla fiscal en aproximadamente S/ 6.6 mil millones, lo que representó un crecimiento real de 3.5%, por encima del 0.7% establecido como límite. En paralelo, el gasto corriente sin mantenimiento registró un crecimiento real de 4.8%, más del doble del máximo permitido (2.1%), generando un desvío cercano a S/ 4.1 mil millones.
Causas detrás del desborde
Si bien es cierto que una primera explicación a este desborde podría ser el crecimiento por gasto corriente, el Consejo Fiscal señaló que el aumento de planillas entre 2023 a 2025 casi duplicó el promedio de la década anterior. Los incrementos salariales de policías, militares, docentes y personal de estos rubros han generado inflexibilidad permanente en el gasto público.
Para Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía, el problema debe analizarse desde ambos lados de la ecuación fiscal. El experto comenta que, por un lado, tienes categorías de gasto incrementadas en todo el 2025, mientras que adicional a esto, la capacidad de recaudación económica se recupera lentamente. Ambas partes dan como resultado una brecha entre los ingresos y los gastos en la economía peruana actual.
Esto en la práctica implica que el problema no es solo coyuntural, sino estructural. El Estado ha asumido gastos permanentes que crecen más rápido que sus ingresos, lo que reduce el margen de ajuste del presupuesto. Así, aunque la economía se recupere, la brecha entre lo que se recauda y lo que se gasta tiende a mantenerse, presionando el déficit en el mediano plazo.
A ello se suma el impacto de las leyes aprobadas en la gestión de José Jerí con efecto fiscal permanente. En menos de cuatro meses, el Poder Ejecutivo dio luz verde a estas iniciativas, de las cuales al menos diez de las 26 leyes promulgadas tendrían un costo superior a S/ 1,350 millones anuales, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Entre las normas con mayor impacto se encuentran aquellas que autorizan incrementos remunerativos y beneficios adicionales para policías y militares, disposiciones que amplían derechos laborales de trabajadores bajo distintos regímenes del sector público, así como leyes que establecen nuevas obligaciones presupuestarias para gobiernos subnacionales sin una fuente de financiamiento permanente.
También figuran iniciativas vinculadas a pensiones y compensaciones económicas que generan compromisos de gasto anual recurrente y constante. En conjunto, estas medidas no solo representan un desembolso extraordinario de un solo año, sino obligaciones permanentes que, según el Consejo Fiscal, no tienen un financiamiento estructural claro.
“Tenemos un círculo donde el gasto es mal gestionado, donde el gasto no alcanza lo que tiene que alcanzar y los ingresos se comparan con años muy malos en términos de entrada”, comentó Recoba.
Adicional a esto, el Consejo Fiscal fue directo al advertir que estas reglas seguirán presionando las cuentas fiscales y, en el mediano y corto plazo, complicaría la trayectoria fiscal sostenible. En otras palabras, no se trata solo de cuánto se gasta hoy, sino de compromisos permanentes que condicionan los presupuestos futuros.
Si esto se mantiene, el margen fiscal podría reducirse progresivamente en los próximos años. Un Estado con menor espacio presupuestal enfrenta mayores dificultades para responder ante desaceleraciones económicas, emergencias o nuevas demandas sociales, trasladando la presión hacia más endeudamiento o eventuales ajustes fiscales.
Políticas públicas en juego
Las consecuencias del exceso del Gasto No Financiero —que alcanzó los S/ 241.6 mil millones y superó el tope permitido de S/ 6,600 mil millones— no solo recaen en un mayor endeudamiento público, sino que proyectan riesgos estructurales para la economía y las políticas públicas del país.
Aunque el ratio de deuda pública aún se mantiene en un nivel moderado a comparación del resto de la región, la acumulación sostenida de déficits fiscales reduce el espacio disponible para la inversión.
Cada mínimo adicional de deuda compromete a los próximos presupuestos y condiciona las decisiones de las próximas administraciones, tal como señala el Consejo Fiscal en su comunicado: “Desde la introducción del esquema de reglas fiscales a inicios de la década del 2000, no se habían registrado tres años consecutivos de incumplimiento conjunto de las reglas fiscales (2023, 2024 y 2025)”.
“En la medida en que año a año se vaya acumulando montos significativos de deuda, esta se puede hacer insostenible en algún momento del tiempo. Esta deuda que se va amontonando es deuda que van a heredar posteriores gestiones del MEF”, advirtió Alzamora.
Si bien en los últimos meses de 2025 se adoptaron medidas extraordinarias para contener el gasto público —como en consultorías, publicidad, eventos y nuevas contrataciones CAS, la limitación de las transferencias financieras, la continuación de solo obras ya comprometidas y la facultación al MEF a reasignar recursos— a la luz de los resultados obtenidos, dichas órdenes resultaron insuficientes para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales.
El Consejo Fiscal consideró que incumplir sistemáticamente las reglas fiscales, suspenderlas o modificarlas a último momento, como se ha observado en el pasado reciente, afecta la credibilidad de la política fiscal y debilita la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“El daño (de registrar un déficit fiscal recurrente) es perpetuo. La economía no es una fotografía que tomas y la dejas ahí, es una película que continúa en 10, 15 o 30 años. El riesgo es que ese déficit termine impidiendo políticas fiscales eficientes y eficaces, bloqueando la gestión pública y la adecuada administración del presupuesto basada en evidencia”, resaltó Recoba.
El exceso en el crecimiento del gasto público deja en evidencia las fricciones en la política fiscal. Como lo ha reiterado el Consejo Fiscal, se debe garantizar que las cuentas públicas mantengan una trayectoria sostenible en el tiempo.
De lo contrario, los efectos no necesariamente serán inmediatos, pero sí acumulativos con incidencia en la deuda, menor margen para enfrentar crisis futuras y restricciones crecientes para financiar políticas públicas que impacten en el desarrollo del país.
